Desapariciones masivas, secuestro, asesinato: el horror no para en Guanajuato y la autoridad siempre llega tarde

En 10 días de marzo, la entidad vive una ola de atrocidades de Desapariciones masivas: seis mujeres desaparecidas de Celaya son encontradas muertas en una fosa; fiscalía llega tarde a cateo y asesinan a empresario secuestrado; buscadoras rebasan a ministeriales que abandonan excavación a media tarea

Un texto de Vernónica Espinosa, con información de Edith Domínguez y Carmen Pizano

La crisis por violencia y desaparición ahoga a Guanajuato, donde puede ocurrir que seis mujeres puedan desaparecer juntas en Celaya; que un joven empresario sea secuestrado a plena luz del día en Irapuato; que fosas clandestinas masivas cavadas por manos criminales surjan de las entrañas de la tierra en Juventino Rosas y también en Irapuato, y que frente a todas esas víctimas, la Fiscalía estatal y las corporaciones de los 3 niveles que operan una estrategia conjunta en el estado reaccionen cuando es demasiado tarde.

No es solo que esto pueda suceder. Todo pasó en un lapso de nueve días, entre el 7 y el 16 de marzo. Un periodo en el que parecería que no hubo instancia, corporación, autoridad o estrategia suficiente o capaz de frenar hechos delictivos que se suelen atribuir sin pudor alguno a las pugnas que desde hace años mantienen a sus anchas en el estado los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación.

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Un lapso de silencio en el que destacó la comparecencia del fiscal Carlos Zamarripa ante el Congreso y una bancada panista que lo elogió y felicitó por su trabajo, incluso por “sus investigaciones con perspectiva de género”, como dijo la diputada Cristina Márquez.

Así, con muy escasas explicaciones de las autoridades, particularmente de la Fiscalía estatal como responsable de las investigaciones, transcurrió del 7 de marzo (en la víspera del día internacional de las mujeres, antes de que miles de ellas marcharan en ciudades del estado) cuando fueron víctimas de desaparición en Celaya seis mujeres que se encontraban juntas, hasta el jueves 16, cuando una entrevista “banquetera” al fiscal Carlos Zamarripa revelaría un golpe brutal para las familias que las buscaban y que habían denunciado las desapariciones: los restos de cinco de ellas se encontraron en fosas localizadas en la comunidad de Rincón de Centeno, en Juventino Rosas.

Varias de las familias se enteraron no directamente por alguien de la Fiscalía, sino hasta que medios y redes sociales divulgaron las declaraciones del titular.

Inicialmente, los hallazgos de restos humanos en estas fosas fueron reportados por la Fiscalía el 10 de marzo y en un segundo parte informativo el martes 14.

Entre ese lapso, pero en Irapuato, al mediodía del domingo 12 el joven empresario Jair Martínez era obligado a salir de su auto y privado de su libertad por un grupo armado con trajes tácticos y armas largas, cuando se encontraba por la “zona de hospitales” entre las calles Reforma y Paseo Irapuato.

Ocho horas después, sus familiares reportaron a las autoridades la geolocalización del celular, pero pasaron 30 horas para que los agentes de la Fiscalía General ingresaran para catear la casa con el número 1001 en la calle Cascada de la colonia Las Reynas, lugar que se encuentra a menos de 3 minutos en vehículo del lugar del secuestro.

Jair ya había sido asesinado. La Fiscalía anunció la detención de seis personas.

El día en que se encontró el cadáver de Jair, se conocía también que en otro punto de Irapuato, la colonia Las Américas, se localizó un sitio de hallazgos, una fosa masiva.

Al sitio llegaron las integrantes del colectivo Hasta encontrarte, quienes se toparon con obstáculos por parte del personal de la FGE que pretendió negarles el acceso. Pero ellas no se detuvieron, levantaron la tira amarilla y corrieron hacia el predio en cuestión, un baldío ubicado en medio de decenas de viviendas habitadas.

Fueron ellas quienes continuaron durante esa noche con las tareas de exhumación, porque el personal de la Fiscalía que trabajaba en el lugar decidió simplemente retirarse y anunció que valvería al día siguiente, cuando se continuó con la recuperación de bolsas con restos y ropa.

Ante esta situación el sector empresarial manifestó su preocupación ante el recrudecimiento de la violencia en la ciudad.

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Fue la Coparmex y la asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Irapuato, quienes alzaron la voz y señalaron la ineficiente estrategia de seguridad del gobierno municipal, así como su silencio ante tantos hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

Un Guanajuato donde cualquiera puede desaparecer

A nueve días de que se reportó la desaparición de seis mujeres en el camino a San José de Guanajuato, Zamarripa Aguirre comentó que durante 36 horas un equipo de la Fiscalía General del Estado realizó operativos y encontraron “indicios de que fueron privadas de la vida algunas de ellas”.

Zamarripa Aguirre fue cuestionado por medios que lo abordaron fuera de su oficina, y que le preguntaron si la FGE ha considerado que la desaparición tiene alguna relación con el delito de trata de personas, pero sólo dijo que no se ha descartado ninguna línea de investigación.

“Nosotros tenemos muy claro que la circunstancia por la cual fueron, estimamos, privadas de la libertad, inicialmente, y después algunas de ellas privadas de la vida, es un hecho muy grave que tendremos que llegar a las últimas consecuencias”, agregó el fiscal en entrevista ante medios de comunicación en Silao.

De acuerdo con lo que se conoce por las familias Sandra Daniela Paredes, Paulina Berenice Reséndiz, Yoselin Daniela Zamorano, Mariana Gutiérrez, Rosa María Ramírez y Gabriela Barbosa estaban juntas la noche del 7 de marzo para trabajar en un evento; fueron vistas por última vez en las inmediaciones del club Álamo Country, en el camino a San José de Guanajuato que conecta a Celaya con la comunidad Santa Rosa de Lima en Villagrán.

En la entrevista, el fiscal habló de operativos en Irapuato y la región Laja-Bajío de los que resultaron 12 personas detenidas, presuntamente de dos grupos criminales que habrían sido responsables, uno, de la desaparición y homicidio de las mujeres de Celaya, y otros del secuestro de Jair Martínez y de asesinar e inhumar a otras personas en Irapuato.

“Hemos tenido un número importante de detenidos que estarían involucrados en estos hechos”, afirmó el fiscal. En un comunicado de la Fiscalía después de las declaraciones de Zamarripa, se confirmaron las detenciones de “más de una docena de criminales”, y también se informó que se logró la desarticulación de células criminales integradas por personas provenientes de otro estado, quienes presuntamente operaban diversas actividades delictivas en la zona Laja Bajío”.

En la última semana se había reportado la desaparición de otras dos mujeres en Celaya, además de las seis que estaban juntas. ocho mujeres en Celaya. El 9 de marzo, la familia de Juana Cecilia Paredes dio a conocer que no podían localizarla y la última vez que habían tenido comunicación con ella les informó que estaba saliendo de las instalaciones del Ministerio Público en Celaya, a donde había ido para declarar por la desaparición de su hermana Sandra Daniela Paredes, una de las seis mujeres privadas de la libertad el 7 de marzo.

Sobre el caso de Juana Cecilia, Carlos Zamarripa aseguró que la mamá de la joven había dicho a la Fiscalía General del Estado que ya había localizado a su hija.

“Es una situación diferente, lo que nos dijo su mamá es que está localizada”, comentó al ser cuestionado sobre el caso de Juana Cecilia que busca a su hermana Sandra Daniela.

El día 10 de marzo se reportó la desaparición de Sandra Martínez de 31 años de edad, también en Celaya. De ella se dio a conocer el lunes 13 de marzo por la noche que se había localizado, sin que se dieran más detalles sobre el caso.

Sin embargo, el conocimiento de estos hallazgos no llegó a varias de las familias de las mujeres directamente por personal de la fiscalía, sino cuando medios informativos y redes difundieron estas declaraciones del fiscal. A la sede de la FGE en Celaya llegaron por la tarde del jueves varios familiares, molestos y desesperados, algunos de los cuales fueron, ya hasta esas horas, informados sobre la corroboración de las identidades en los hallazgos.

POPLab pudo conocer que los restos de cinco de las mujeres habían sido localizados en dos fosas que la FGE reportó haber localizado entre el 10 y el 14 de marzo en Rincón de Centeno, Juventino Rosas.

Aunque en el reporte se refiere que las víctimas inhumadas en el sitio de manera clandestina fueron asesinadas con armas de fuego y machetes, se conoció que algunos de los cuerpos mostraron rastros de desintegración con alguna sustancia.

Unas horas antes de la confirmación de las identidades de las mujeres celayenses, en Irapuato la cotidianidad (y el silencio) de la calle Bolivia en la colonia Las Américas se rompía con picos, palas y la tenacidad de un grupo de buscadoras.

Entre decenas de casas de esa calle se ubica un terreno baldío de 20 metros de frente por unos 30 de largo, donde fueron ubicados al menos diez puntos de hallazgo con restos humanos emplayados y ropa en bolsas.

El personal de la Fiscalía estatal inicialmente encontró entre bolsas de basura dos envoltorios de plástico y luego otros más, inicialmente sin permitir el acceso de integrantes de la brigada de búsqueda independiente del colectivo Hasta encontrarte, que en minutos rompieron el cerco e ingresaron exigiendo el respeto a su derecho de buscar.

Pero por la noche, los agentes detuvieron la recuperación forense que ya llegaba a ocho puntos distintos.

Fue la brigada de buscadoras la que continuó con las excavaciones que la autoridad abandonó, para dar con otra fosa de donde se exhumaron 4 bolsas con restos humanos y 1 de ropa.

Estas fosas se ubican a menos de 5 minutos en auto a la colonia Santa Fe, donde hace 4 meses fueron exhumados restos de 23 personas, una de las fosas clandestinas más grandes localizada en Irapuato, también rodeada de viviendas, conectadas por la barda perimetral de las vías del tren.

El predio de la calle Bolivia, una calle de tierra y piedras, está rodeado de casas de las que, desde temprano, las madres salen con sus hijos a llevarlos a las escuelas, durante la tarde hombres y mujeres jóvenes y adultos salen a la tienda más cercana a dos calles o a las fruterías, tortillerías, carnicerías o pollerías que se ubican en la zona para hacer sus compras. Es muy difícil imaginar que nadie vió vehículos sospechosos, numerosos cuerpos transportados al baldío. Tras el descubrimiento del sitio de la fosa masiva, más de alguno de estos vecinos solo se asoma de entre las cortinas de sus ventanas, y sigue “su vida normal”.

“¡Vamos a entrar porque aquí puede estar mi hijo!”

Un poco antes de las 20:30 horas del mismo martes, integrantes de la brigada de búsqueda independiente del Colectivo Hasta Encontrarte llegaron a la zona ya acornada, solicitaron a los agentes ministeriales permiso para entrar al terreno, pero no recibían autorización. Cuando los agentes ministeriales guardaban sus palas, las mujeres entraron corriendo. Un policía municipal intentó detenerlas. Una de las mujeres gritó “¡vamos a entrar porque aquí puede estar mi hijo!”. Ya nadie hizo por impedirlo.

“Es parte de nuestro derecho y no estamos violando ninguna ley. Necesitamos que trabajen de verdad y no hagan el trabajo a medias como lo hicieron y no nos oculten a los desaparecidos, ya los desaparecieron una vez, que lo deje de hacer (la autoridad)”, exigió Karla Martínez, representante de la brigada de búsqueda.

Denunció que la Fiscalía está entregando restos de las personas identificadas después de un año “cuando los localizaron a los dos días que desaparecen. Debemos tener una pronta identificación”, explicó en una breve entrevista.

Después de las 23:00 horas, los ministeriales se retiraron porque regresarían el día siguiente a seguir trabajando en la zona, aún cuando las buscadoras les solicitaron que siguieran revisando porque había restos humanos y la fauna de la zona podría llevárselos.

Ellas se quedaron, resguardadas por policías municipales. Y en la misma zona ya revisada por la Fiscalía, de una fosa de más de 1 metro y medio sacaron otras 4 bolsas con restos humanos y una bolsa de ropa presuntamente de las víctimas. Se retiraron del sitio hasta las 3:30 de la madrugada.

Al día siguiente (miércoles 15) los agentes de la FGE regresaron y amenazaron a las buscadoras con que podría iniciárseles un proceso legal por la forma en que entraron. “No hay problema, fue mi respuesta, lo importante es que regresan a casa” explicó Karla Martínez. Para ellas, el fin es dar paz a otras familias, pues abrir las bolsas, tomar fotografías de las prendas y subirlas a la página ayudará a la identificación. La Fiscalía tampoco les ha querido brindar información de cuantos restos humanos sacaron de las fosas, señaló.

Y todavía más: En otro de los ocho puntos de hallazgo que ya habían sido revisados ya por el personal de la Fiscalía, los mismos funcionarios encontraron una bolsa más con restos humanos, según expusieron las buscadoras.

“Esto llama la atención, ayer cuando entramos no quisimos trabajar esos mismos puntos porque ya habían sacado todos los restos, y hoy (miércoles) comienzan a trabajar y sacan otra bolsa con restos. No quitamos el dedo del renglón, las familias necesitamos estar presentes para saber cómo están trabajando, pero por una extraña razón se niegan a darnos acceso, pero no saben trabajar, hacer el trabajo como se debe” remarcó Karla Martínez.

El mismo miércoles, en la comunidad de Yostiro de Pueblo Nuevo del vecino de Irapuato, restos humanos de al menos dos personas fueron abandonados. Horas después, a espaldas de los edificios San José del municipio de Irapuato y el bordo del río dos bolsas más con restos humanos fueron encontradas.

Entre estos hechos, la administración municipal, suspendió el miércoles ciudadano sin aclaración alguna.

Secuestro, asesinato y una familia indignada

Jair Martínez, de 37 años de edad y al igual que sus familiares dedicados a los bienes raíces, fue privado de su libertad el domingo 12 al mediodía por hombres armados que lo interceptaron en la zona de hospitales, en el cruce de la calle Reforma y Paseo Irapuato. Fue bajado por la fuerza de su automóvil por hombres que portaban armas largas y vestían uniforme táctico, quienes lo esposaron y se lo llevaron.

De forma extraoficial se reportó la localización del celular de Jair en la vivienda y la detención de 6 hombres presuntamente implicados en la privación ilegal.

Familiares y amigos informaron el deceso de Jair en redes sociales y exigieron la renuncia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del Fiscal General Carlos Zamarripa, del Secretario de Seguridad del Estado Alvar Cabeza de Vaca y de la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro. El martes la Fiscalía confirmó la muerte del irapuatense.

“Pido oficialmente tu renuncia y la de todos los demás porque Irapuato y la gente merece seguridad. No solo es mi hermano, es por todos los demás que no encontramos.

“El día 12 de marzo a las 11:50, secuestraron a mi hermano Jair Édgar Antonio Martínez González; 8 horas después pudimos encontrar la localización de su celular, lo llevamos a las autoridades correspondientes, pero no pasó absolutamente nada. 30 horas después pudieron dar un cateo en la propiedad donde nosotros dijimos”, publicó una hermana de la víctima.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de oficio inició una carpeta de investigación contra “las autoridades”, luego de la lenta actualización de la Fiscalía General de Guanajuato en atender la geolocalización del celular de Jair, tras denuncia de la hermana en redes sociales.

“El día de hoy (miércoles) se aperturó, ayer tuve conocimiento de esa situación y sí está aperturado de oficio”, dijo el procurador Vicente Esqueda, aunque no quiso explicar además de la Fiscalía General de Guanajuato contra qué instituciones o funcionarios inició la queja.

El ombudsperson dijo que se encontraba en una entrevista cuando escuchó la publicación de “la hermana de la persona desaparecida donde se queja de algunas autoridades”.

Casi al cierre de esta nota, en la tarde del miércoles 16, se informaba también que, flotando en un canal paralelo al camino entre las comunidades de Cerrito de hierba y Santiago de Cuenda en Juventino Rosas, integrantes de un colectivo que hacían recorrido de exploración se encontraron con cinco cadáveres.

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