Las cosas no pueden continuar como están: una vez más el sureste mexicano vive el drama provocado, sí, por los destructores efectos del temblor del 7 de septiembre, pero más aún por la pobreza y desigualdad que caracteriza a los estados del sur-sureste mexicano. De acuerdo con los resultadosde la medición multidimensionalde la pobreza presentados el mes pasado por el Coneval, tanto en Chiapas como en Oaxaca se incrementó el porcentaje depersonas en situación de pobreza, mientras que en Guerrero la disminución es tan pequeña, que resulta estadísticamente no significativa.
En Tabasco y Veracruz el porcentaje de personas en pobreza también se incrementó; y sólo en Yucatán y Quintana Roo se tuvieron avances importantes en lo que a la reducción de la pobreza se refiere.
De acuerdo con los reportes disponibles, hay al menos 200 mil familias damnificadas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y una vez más se apela a la solidaridad de la población nacional, urgente y necesaria sin duda, pero que no puede ser la constante histórica pues en el fondo, lo que no se ha logrado es que en estos casos, las personas no se encuentren en las condiciones de vulnerabilidad que terminan provocando muertes y pérdidas que son a todas luces prevenibles y evitables. La lección es clara, pero reconocerla implica modificar los patrones con base en los cuales se piensa al desarrollo.
En primer lugar se necesita reconstruir la idea de un gran proyecto nacional; pensar en programas y acciones de impacto y alcance a 50 años; y en ese marco, impulsar una nueva lógica de desarrollo regional que permita cerrar las brechas y desigualdades que hoy nos mantienen como un país fracturado; literalmente partido en dos.
Lo anterior debe asumirse como una oportunidad para diseñar una nueva forma de crear consensos políticos que nos lleven a la recuperación de conceptos como la solidaridad y la subsidiariedad; y dotarlos —reconociendo nuestra diversidad y pluralidad territorial, demográfica, étnica y cultural—, de nuevos significados, capaces de impulsar una nueva forma de relación solidaria entre los estados de la Federación.
Es urgente retomar la ruta del crecimiento, vía el incremento de la inversión física y productiva del Estado, la cual se encuentra en sus niveles históricos más bajos, para ello se requiere una reforma hacendaria que incluya gravar las ganancias y que no haya privilegios fiscales, los cuales no benefician sino a quienes más tienen y que más deberían aportar al erario.
No podemos continuar como una República fragmentada, tampoco podemos seguir asumiendo que es normal que en el sureste se viva en medio de la carencia perpetua, mientras que algunas regiones del centro y norte del país tienen acceso a mucho mejores niveles de bienestar.
Urge revisar los mandatos constitucionales y legales en materia social; y sobre todo, las capacidades institucionales para cumplirlas; por ello, debemos reformar, en principio, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Cambio Climático, así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; urge aprobar la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional, en materia de derecho a la alimentación; y necesitamos revisar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Metropolitano.
Tales reformas no pueden hacerse una por una, sino de manera integral. Lo que tenemos que lograr es darles coherencia jurídica, pero sobre todo lógica para realmente garantizar los derechos humanos, como se encuentra establecido en el artículo 1º constitucional.
Debe decirse, además, que la reforma de esas leyes es necesaria, pero no suficiente para lograr construir un estado de bienestar incluyente y que nos dé motivos a todos para sentirnos orgullosos de nuestro país, no sólo por nuestras raíces, y tradición y herencia histórica, sino sobre todo, porque formamos parte de un proyecto de justicia social, inclusión y bienestar para todos. De orgullo nacional por formar parte de una idea de presente vigoroso y un futuro promisorio.
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