La revisión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como fecha perentoria el año 2030; año coincidente con el término de la administración federal que habrá de comenzar el próximo 1º de octubre de este 2024; al respecto es importante subrayar que hay muchos de esos objetivos que, de acuerdo con la página electrónica de seguimiento del INEGI, no están siquiera en ruta de ser alcanzados. Otros más, dados los bajos umbrales que se definieron a nivel internacional, ya se han alcanzado o se lograrán en tiempo.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED-UNAM), se ha planteado para su Informe del Desarrollo, 2024, llevar a cabo un análisis de cómo van los avances en metas de alta complejidad, en materias clave para el país. Por ejemplo, en materia de agua, seguridad y paz, reducción de la pobreza y las desigualdades, entre otros aspectos y temas.
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Este y otros ejercicios, podrían servir de insumos de calidad para la integración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) que deberá presentarse a más tardar el mes de mayo del 2025, y si es posible, sería deseable tenerlo antes, con el propósito de alinear el esfuerzo del país, sobre todo ante el hecho de que la presente administración no contó con un instrumento auténticamente rector del esfuerzo de la República para avanzar hacia la construcción del Estado de Bienestar que se anhela desde hace décadas.
De este modo, en la construcción del PND 2025-2030 deberían considerarse al menos tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es dar pleno cumplimiento a la Constitución en el sentido de generar un proceso auténticamente democrático no sólo de consulta, sino de verdadera deliberación sobre las rutas más eficaces para transformar el curso de desarrollo en uno que permita crecer para distribuir mejor y al mismo tiempo, distribuir mejor para crecer. Debe asumirse que el PND no puede ser un documento para cumplir con un mero requisito, en el cual se establezcan, una vez más, metas y objetivos inerciales, respecto de lo que se ha hecho en el pasado.
La segunda cuestión fundamental es que el PND debe recuperar el sentido del desarrollo regional: debe atenderse la enorme diversidad que tiene el país, tanto en lo geográfico como en lo demográfico y lo cultural, y en esa medida generar estrategias que lleven al equilibrio del territorio, reduciendo brechas y cerrando los océanos de desigualdades que tienen al país fragmentado y, en los hechos, dividido y polarizado.
En tercer término, es urgente recuperar ejes vertebradores de la planeación, que deben operar de manera transversal en todo el entramado institucional y el conjunto de políticas públicas que habrán de generarse: perspectiva de género; no discriminación; derechos de las infancias bajo el principio del Interés Superior de la Niñez; y derechos de las personas y pueblos indígenas.
Lo anterior permitiría recuperar eficazmente, en el diseño de la política pública, el planteamiento vigente desde la presente administración, relativo a que, “por el bien de México, primero los pobres”. Y esto por el hecho de que, de acuerdo con todos los datos disponibles, los más pobres entre los pobres son precisamente las personas hablantes de lenguas indígenas, así como las niñas, niños y adolescentes. Mientras que, simultáneamente, dos de los principales factores generadores de pobreza, exclusión y desigualdades son precisamente las brechas de género y los procesos de negación o disminución de la garantía de derechos por la discriminación.
Dadas las condiciones de violencia e inseguridad que privan en distintas regiones, se hace urgente pensar en cómo articular a la República hacia objetivos comunes de corto y mediano plazo; y en esa medida, también cómo lograr la recuperación de territorios que se han cedido o que han sido ocupados por la delincuencia organizada, la cual mantiene bajo asedio a numerosas autoridades municipales, las cuales no cuentan con los recursos y capacidades que se necesitan para avanzar hacia nuevos procesos de desarrollo.
No debe olvidarse que la transformación económica y social de México tiene como los dos grandes ejes de acción a la población y el territorio. La primera, asciende a más de 130 millones de personas en el territorio nacional; pero casi 30 millones también viviendo en el exterior, y que son mexicanas y mexicanos por derecho propio, y que deben ser considerados como parte del diseño de las políticas y acciones, así como de la promoción del desarrollo nacional.
En lo relativo a lo segundo, los territorios, no puede omitirse el hecho de que son, en su mayoría, “espacios ya ocupados”; y no sólo por la delincuencia, sino también por múltiples actores, individuales y colectivos, que tienen su propio peso en la determinación de lo que puede o no llevarse a cabo en el corto y mediano plazos: tianguis, mercados, organizaciones sociales y comunitarias, pueblos originarios y un sinfín de representaciones que no pueden obviarse y con las cuales se debe trabajar para mejorar sustantivamente las condiciones de vida para todas y todos.
No debe olvidarse, por último, que el gran mandato que debe articular a todo el contenido del PND es el artículo 1º de nuestra Constitución; en efecto, ese gran faro orientador, pero de cumplimiento obligatorio, respecto de los derechos humanos, que incluyen, debe subrayarse, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de toda la población. Sin su garantía plena, México seguirá careciendo de lo indispensable para que todas y todos tengamos una vida en justicia, libertad y bienestar.
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