¿Avances en el desarrollo y el bienestar sin democracia? No es un oxímoron, porque ha ocurrido en el pasado en México y otros países, pero en el sentido actual no puede concebirse una oferta de progreso y al mismo tiempo una amenaza de retroceso en la dimensiones políticas de la dignidad humana.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Las iniciativas de reforma constitucional del pasado 5 de febrero prometen un avance del estado social, con mejoras en pensiones, salud universal, escala móvil de salarios mínimos, incremento de remuneraciones en algunas categorías de trabajadores, becas, jornales para algunos productores rurales y otros beneficios potenciales. Se fundamentan, aunque no todos los cambios encuentran la debida explicación en las exposiciones de motivos, en los principios de progresividad y no regresión, disponiendo que los recursos presupuestales siempre deberán ser suficientes y no podrán crecer de un año a otro por debajo de la inflación. Hay que poner atención lo potencial y en el deber ser.
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En otros campos, las iniciativas plantean una vuelta atrás en el sistema de representación política en el Congreso al eliminar las plurinominales, restringir la diversidad en los congresos estatales y en los cabildos, centralizar la autoridad electoral pasando por encima de las soberanías de la entidades federativas, y flexibilizar las reglas de las consultas y las revocaciones de mandato por cálculo interesado. Significan, además, todo un cambio en aspectos básicos del régimen político, al proponer la elección directa de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial, establecer limitaciones al ejercicio de sus facultades e introducirle mecanismos de control externo, para avanzar en la subordinación al Poder Ejecutivo y a su titular.
También se pretende consolidar y dejar como definitiva la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, con lo que se busca despejar cualquier obstáculo, aunque esté previsto en la propia Constitución, a la militarización permanente de la política de seguridad pública. También se convertiría a la Guardia Nacional, ya militarizada, en organismo coadyuvante en la investigación de delitos, con lo que se abre la puerta de par en par a la militarización de las funciones de las fiscalías. Lo que vendría enseguida sería una nueva fuente de presiones a los jueces, desde ministerios públicos acompañados por militares.
Por un lado una oferta de bienestar, y por otro un retroceso democrático, expresado como una supuesta condición para que opere adecuadamente un modelo justiciero y popular. Es un dilema falso, sin duda. Y ya que se habla de la Constitución, hay que recordar que esta dispone que la rectoría del desarrollo debe garantizar no solo su integralidad y sustentabilidad, sino también la democracia, para el “pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Lo anterior está en el artículo 25, por si las dudas, y el 26 consigna que el desarrollo debe dirigirse a “la democratización política, social y cultural de la nación”. Es nuestra forma de decir que el desarrollo es democrático o no es desarrollo.
La historia, por su lado, sigue dando testimonio de un considerable grupo de naciones que han conseguido una relación virtuosa de prosperidad, inclusión y democracia plena, así que ese camino no sería una excepcionalidad o una singularidad. Pues no: lo que se está proponiendo es, ni más ni menos, un paso más abajo desde el régimen político híbrido en el que nos hemos convertido, después de la democracia deficiente lograda después de décadas en la que los gobiernos del PRI se resistieron a reconocer el pluralismo, la independencia de los poderes judicial y legislativo, y la autonomía de la autoridad electoral, y que se establecieran elecciones confiables y libres, el acceso a la información y la transparencia y otros avances que ahora están bajo amenaza, por ejemplo con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Algunas de las iniciativas enviadas a la Cámara de Diputados incluso agravan la desprotección de los derechos humanos, en varios aspectos que fueron señalados en el informe que se discutió el pasado 24 de enero en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como es el caso de la prisión preventiva, las injerencias en el Poder Judicial por parte de otros poderes, las dificultades en el acceso a la información, la impunidad militar, y otros.
Así que no estamos solo ante una amenaza de centralización del poder, la afectación del pluralismo y la diversidad, la pérdida de controles y contrapesos al Ejecutivo, el debilitamiento de las autoridades electorales y otras regresiones, sino también ante un desmantelamiento más amplio que pega en el centro de un Estado de derechos humanos, aunque se incluyan beneficios sociales potenciales, y no solo de un Estado de derecho.
La democracia mexicana es deficiente, sí, pero fue efectiva no solo para lograr una mejor representación política, tener elecciones confiables y facilitar la alternancia, incluyendo el triunfo del partido que ahora gobierna, entre otros tantos logros. Las reformas que se le quieren hacer no avanzan en su maduración sino en su regresión, en una deriva antidemocrática inspirada en la centralización y control total del poder desde la cabeza del Ejecutivo, y en una remodelación del régimen político para asegurar indefinidamente la permanencia en el poder de la actual coalición gobernante.
Retomo la pregunta: ¿Avances en el desarrollo y el bienestar sin democracia? Este no debería ser el dilema ni las opciones a poner sobre la mesa, pues solo existe desarrollo con democracia plena. Las demás experiencias, que sacrifican una dimensión por la otra, son transitorias y pueden moverse en estos extremos: o avanzan a una mejor democracia protegiendo el bienestar, o pasan al autoritarismo, generalmente retrocediendo en su desarrollo, perdiendo bienestar. Mejoremos nuestra democracia y promovamos el bienestar.
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