El Estado mexicano no ha logrado construir una política social que genere soluciones eficaces en el corto y largo plazo en lo que a la generación del bienestar se refiere. Al respecto, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 presentado por Coneval señala que nuestro país todavía está lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todas las personas
Del total de la población, solo 27.8 millones no son pobres o vulnerables, en tanto que hay 53.4 millones de personas en pobreza, lo que representa al 43.6% de la población nacional, de estas, 9.4 millones viven en situación de pobreza extrema, adicionalmente, casi cuatro de cada diez personas que habitan en el ámbito urbano no tienen ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria, mientras que casi seis de cada diez personas en el ámbito rural tienen ingresos laborales insuficientes.
A ello se debe agregar que quienes reciben los ingresos más bajos o viven en zonas rurales son los que ven más vulnerado el ejercicio de su derecho a la alimentación debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprar alimentos adecuados. Las cifras más recientes de Coneval revelan que en nuestro país 24.6 millones de personas son vulnerables por carencia de acceso a la alimentación.
Por otra parte, de acuerdo con el informe presentado por Coneval, entre 1992 y 2016 el ingreso promedio tuvo fluctuaciones que no permitieron mejoras permanentes en el bienestar de los hogares. A esto se le suma el hecho de que pese a que de 2009 a 2017 hubo una disminución en la proporción de empleos informales, las condiciones de informalidad siguen caracterizando al mercado laboral de nuestro país, pues del total de personas ocupadas, la mayoría, es decir, 29.83 millones, tiene empleos informales.
Destaca que quienes tienen las mayores dificultades para insertarse en empleos formales son los jóvenes de entre 15 y 29 años, tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9%, se encontraban en empleos informales.
Lo anterior no hace más que evidenciar los riesgos que impone al país un modelo de desarrollo que genera crecimiento lento y desigual, pero sobre todo hace patente las reducidas capacidades del Estado para hacerles frente.
Es urgente avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen en el país, así como replantear la estructura institucional del Estado, de sus funciones y de su organización interna, con el propósito de construir una nueva serie de alternativas al Estado de Bienestar que igualen las oportunidades de toda la población.
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