por Mario Luis Fuentes
El Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 señala que dos terceras partes del territorio nacional tienen una importante actividad sísmica; entre el 2008 y el 2013 se han generado pérdidas económicas cercanas a los 270 mil millones de pesos, 95% de los cuales se derivan de fenómenos meteorológicos. Sólo en el 2013, el 90% de los municipios del país recibieron declaratoria de desastre. En los últimos 12 años han sido afectadas de manera importante 1.16 millones de viviendas, así como 4,500 escuelas, además de 4,500 hospitales.
Una de las mayores amenazas que enfrentamos como país es el cambio climático y sus efectos en el territorio nacional, especialmente los relacionados con el calentamiento global.
De acuerdo con distintos análisis, la mayoría del territorio nacional enfrenta procesos de desertización que van de lo moderado a lo severo; y también todos los años somos testigos de lluvias torrenciales o de huracanes y tormentas tropicales cuyos efectos en vastas zonas son más que graves.
Adicionalmente, somos un país que tiene enormes retos en el ámbito de la prevención frente a otros fenómenos como los terremotos, pues nuestro territorio presenta en distintas zonas y regiones altos índices de sismicidad, lo cual obliga a fortalecer no sólo las capacidades de desarrollo tecnológico para mejorar nuestros procesos y técnicas de construcción, sino para fortalecer la cultura de la prevención a fin de evitar que, ante un desastre, se pierdan vidas que pueden salvarse.
El diagnóstico
De acuerdo con el Programa Nacional de Protección Civil, 2014-2018, aproximadamente dos terceras partes del territorio nacional presentan una sismicidad significativa, es decir, de los casi 2 millones de kilómetros cuadrados con que contamos, 1.5 millones se ubican
El sismo más duro que se ha enfrentado en el país fue de una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, el cual ocurrió en 1932; mientras que el registrado el día 19 de septiembre de 1985 fue de 8.1 grados, y cuyos efectos destructivos fueron mucho mayores debido a la mayor concentración poblacional, pero también a la ausencia de políticas adecuadas de prevención y al uso no apropiado de materiales de construcción para una zona de alto grado de sismicidad como lo es el Distrito Federal. La cifra oficial para el terremoto de 1985 fue de 6 mil personas fallecidas.
En lo que respecta a la actividad vulcanológica, el diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil indica que en el territorio nacional hay 31 volcanes potencialmente activos, entre los que destacan por supuesto el Popocatépetl, y el Volcán de Colima.
Se tienen además 12 “campos monogenéticos”, es decir, territorios en los cuales existe alguna posibilidad de que surja algún nuevo volcán. El último evento de este tipo se registró en 1943, con el Volcán Paricutín, en el estado de Michoacán, mientras que el último gran evento de erupción volcánica se registró en 1982, con el Volcán “El Chichonal”, en el estado de Chiapas, dejando alrededor de 2 mil víctimas.
El recuento de los daños presentado por el Programa Nacional de Protección Civil da cuenta de la magnitud del impacto que tienen los desastres naturales en nuestro territorio, pues sólo entre los años de 2000 al 2012 se contabiliza lo siguiente: 1.16 millones de viviendas afectadas, con un impacto económico de 22,971 millones de pesos; 23,935 unidades educativas dañadas, con un costo de 4,500 millones de pesos; 939 unidades de salud afectadas, con un costo de 4,272 millones de pesos; así como cientos de kilómetros de carreteras y caminos dañados, con un costo aproximado de 58,750 millones de pesos, en el periodo señalado.
Las dimensiones y las pérdidas en 2013
De acuerdo con el documento titulado “Análisis del impacto Socioeconómico de los Desastres, 2013”, el año referido es el que mayores pérdidas económicas ha registrado, desde 1999, debido a los distintos fenómenos, tanto naturales como antropogénicos.
Los montos calculados en este documento ascienden a aproximadamente 61 mil millones de pesos; esta cifra equivale a cerca del .4% del PIB nacional, o bien, un monto similar a toda la inversión que se destina a un programa de gran magnitud como lo es el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cual tuvo para el 2013 un monto de alrededor de 66 mil millones de pesos.
Asimismo, es de hacerse notar que esa cifra es, de acuerdo con el documento citado, 203 veces superior al presupuesto que tiene el Fondo Nacional para la Atención de los Desastres Naturales (FONDEN), cuyo monto asciende a cerca de 300 millones de pesos anuales.
De acuerdo con la dirección General de Protección Civil, de cada 10 fenómenos naturales destructivos que ocurren en el territorio nacional, 9 son de carácter hidrometeorológico.
Debe señalarse que en el año pasado ocurrieron los dos fenómenos meteorológicos más destructivos de toda la historia (MANUEL e INGRID), los cuales afectaron directamente a 22 de las 32 entidades federativas; así como a 401 municipios de los 2,457 que hay en el país; en total, estos dos fenómenos afectaron directamente a 900 mil personas, generando pérdidas económicas equivalentes a cerca de 38 mil millones de pesos.
Finalmente es de señalarse que en el 2013 fueron declarados en situación de desastre un total de 2,221 municipios, es decir, el 90% del total de municipios que existen en el país; este dato en sí mismo, debería bastar para fortalecer los llamados a potenciar las capacidades y programas de prevención, así como los recursos que se destinan para la mitigación del cambio climático y la adaptación de nuestro país al calentamiento global y sus efectos.
Plagas y epidemias
Uno de los temas asociados a los desastres naturales es la posibilidad de la propagación de epidemias y plagas. Uno de los casos más relevantes en nuestro país es el relativo al Dengue, el cual tiene una presencia elevada en 15 entidades de la República: Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Asimismo, hay otras 8 entidades con presencia “media” del dengue: Baja California Sur, Coahuila, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos y el Estado de México.
En efecto, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en lo que va de este año 2014, se han contabilizado un total de 5,723 casos de dengue clásico confirmados; 2,476 casos de fiebre hemorrágica por dengue, así como 1,582 casos en estudio.
Por otra parte, se han contabilizado un total de 11 casos de Cólera, un padecimiento que está prácticamente erradicado y cuyo brote nos debe alertar en torno a la necesidad de mantener todas las acciones posibles de prevención y cuidado de salud de la población.
A lo anterior deben sumarse los 153 casos confirmados hasta ahora por Paludismo Vivax (Malaria), 9,998 casos de hepatitis virales, así como 3.20 millones de casos de infecciones intestinales agudas.
Lo anterior muestra la pertinencia de señalar que las inundaciones y otros fenómenos en zonas urbanas pueden producir la presencia masiva de plagas, tales como la presencia descontrolada de cucarachas, o de ratas, las cuales pueden transmitir enfermedades intestinales u otras infecciones que, en épocas de calor y lluvia, constituyen la segunda causa de enfermedad general en todo el país.
La responsabilidad humana
De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, hay otras calamidades generadas por la responsabilidad humana; en ellas destacan sobre todo los accidentes de transporte, los cuales generan todos los años miles de muertes y cientos de miles de heridos, entre quienes hay cientos que tienen que enfrentar, de por vida, secuelas discapacitantes.
De acuerdo con el Atlas señalado, los diez accidentes carreteros con mayor números de víctimas fatales acumular 356 decesos; el incidente con mayor número de muertes provocadas ocurrió en 2006, en Maltrata, Veracruz, con un total de 57 personas fallecidas.
Entre los desastres provocados por personas, el más drástico en los últimos 10 años es el de la Guardería ABC, clasificado como “incendio urbano”, y en el cual perecieron 49 niñas y niños, lo cual lo convierte, sin duda alguna, en la mayor tragedia de origen “socio-organizativo”, tal y como es clasificado por el Atlas Nacional de Riesgos.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 05- Agosto- 2014, p.23
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