La prevención, atención y recuperación ante los desastres socioambientales es muy deficiente en México. Cada año, el país enfrenta fenómenos de distintas intensidades y magnitudes; y cada año también las consecuencias van de graves a muy graves: cientos de personas fallecidas; algunas otras desaparecidas; y millonarias pérdidas en daños a la infraestructura social, edificios de todo tipo, así como miles de viviendas.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
El último ejemplo lo tenemos en Oaxaca donde, luego de varios días de que golpeó el huracán Agatha, apenas comienza un recuento de daños que, no se sabe bien cuándo, nos dará una idea aproximada de la magnitud del desastre que, para no variar, una vez más afectó de peor manera a las personas de menores recursos.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, 2020, en México hay 183,432 localidades; la enorme mayoría son localidades muy pequeñas y muchas de ellas se encuentran aisladas o segregadas. En efecto, 155,562 localidades tienen de 1 a 249 habitantes; pero en ellas viven sólo 5.6 millones de personas. A ellas se deben suma 29,681 localidades que tienen de 250 a 2,499 habitantes, en las que viven alrededor de 21.3 millones de personas. En el resto, que son consideradas como localidades urbanas, radica el resto de los 99 millones de habitantes que tiene el país.
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Estos datos son relevantes porque, de acuerdo con el propio Censo, de acuerdo con los indicadores de la Declaración de Pretoria, que es la base del planteamiento de Hábitat II de la ONU, en nuestro país el 51.56% de las localidades del país, es decir, alrededor de 92 mil localidades, han vivido eventos de sequía en los últimos cinco años previos al Censo. Las cinco entidades que registran los más altos porcentajes en este indicador son San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Por su parte, el 22.32% de las localidades ha enfrentado eventos de heladas o granizadas, lo que equivale a alrededor de 40,942 localidades. Los cinco estados con mayor porcentaje son Tlaxcala, Zacatecas, Estado de México, Chihuahua y Guanajuato.
En el caso de los huracanes y ciclones, el porcentaje es mucho menor, pero los efectos son tremendamente devastadores. En este caso, el 4.89% de las localidades del país se han visto golpeadas por alguno de estos eventos en los cinco años previos al Censo del 2020, lo que equivale a 8,969 localidades; muchas de ellas densamente pobladas al ser localidades costeras que son destino de playa, como es el caso de Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Mazatán, y otras más que han vivido severos eventos. Destaca en este indicador que las entidades donde mayor porcentaje de sus localidades han enfrentado estos meteoros son: Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Colima y Oaxaca.
A pesar de que contamos con un Atlas Nacional de Riesgos, lo cierto es que no contamos con un inventario nacional de daños, que permita dar seguimiento a los procesos de reconstrucción y recuperación de estos eventos catastróficos; pero aún peor, no disponemos de una estrategia nacional de largo plazo para la generación de capacidades de resiliencia en todas las localidades en riesgo.
Frente a todo lo anterior es imperativo asumir el sentido de urgencia que exige esta agenda; pues ante la agudización de los efectos del cambio climático y del calentamiento global, lo esperable en los siguientes años es que los eventos socioambientales sean todavía más potentes, lo que va a incrementar los desplazamientos forzados y la presencia de cada vez más personas refugiadas ambientales.
Es importante pues que, cuando ocurren este tipo de eventos, las autoridades respondan de inmediato y se dediquen a proteger a la población y acompañarla en los procesos de reconstrucción de sus localidades, pero también la más rápida recuperación de condiciones de normalidad mínima en la vida cotidiana. Pero sobre todas las cosas, lo que México debería estar pensando con seriedad es cómo vamos a hacer para construir un país de bienestar en el que las tragedias que vemos año tras año no vuelvan a repetirse.
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