Según los datos oficiales, en todo el territorio nacional hay profundas inequidades. Por ejemplo, mientras que en la delegación Benito Juárez en el D.F. el promedio de escolaridad es de más de 13 grados, en Batopilas, Chihuahua, el promedio es de 3.7 grados; asimismo, si en San Nicolás de los Garza la cobertura de derechohabiencia en salud supera el 87%; en Apatzingán, Michoacán, no supera el 43%; y si en el Distrito Federal el 2% de las viviendas no tiene agua dentro de sus muros, en Macuspana, Tabasco, el porcentaje es de 40%. Estos datos muestran que nuestra gran falla geológica es efectivamente, la desigualdad
La administración 2006-2012 deja múltiples pendientes y tramos a medio recorrer. En materia de reducción de la marginación y el rezago social, los avances fueron muy lentos, y en lo que respecta a la pobreza y el desempleo, no sólo se desarrollaron acciones insuficientes, sino que ahora hay más pobreza y personas desocupadas o en la informalidad que al inicio de la administración de Felipe Calderón.
A pesar de lo anterior, el mayor saldo social de la administración que concluyó se encuentra en el hecho de que las desigualdades se mantuvieron intocadas a lo largo del sexenio, y, en muchos casos, los abismos existentes entre los Estados y entre los municipios al interior de cada una de las entidades federativas se profundizaron aun más.
Estas desigualdades han llevado a que, en el conjunto, comparar en términos del desarrollo humano al Municipio de Aguascalientes (Aguascalientes) con el Municipio de Santa Catarina (Guanajuato) equivalga a comparar a Estados Unidos de América frente a Bolivia.
Desde esta perspectiva, el mayor reto que tendrá la administración del Presidente Peña Nieto será precisamente la de construir un gobierno capaz de atemperar y sentar las bases para la reducción de la desigualdad, y con ello, cimentar un país basado en los principios de inclusión plena y no discriminación.
Las desigualdades en educación
México sigue siendo un país en el cual nacer en un determinado territorio condiciona el grado de cumplimiento, acceso y garantía de los derechos fundamentales de la población; y uno de los ámbitos más marcados se encuentra en el ámbito de la educación.
En efecto, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, 2010, el grado promedio de escolaridad de la población nacional es de 8.63 grados formales de educación. Sin embargo, los promedios permiten conocer el estado de desarrollo de un país, a la par que, si no se tiene cuidado en su interpretación, pueden contribuir a ocultar desigualdades.
En ese sentido es de suma relevancia hacer notar que en el Distrito Federal el grado promedio de escolaridad de la población es de 10.54 grados, mientras que en Chiapas es de 6.67 grados; es decir, entre estas dos entidades la perspectiva de la población en términos educativos es de 4 grados.
Sin embargo, si se comparan demarcaciones territoriales en ambas entidades, lo que se encuentra es que, en la Delegación Benito Juárez, el grado promedio de escolaridad en 2010 era de 13.52 grados, mientras que en Tuxtla Gutiérrez, el municipio con mayor escolaridad en Chiapas, el promedio alcanzado es de 10.03 grados.
Si se comparan las dos demarcaciones con menor grado de escolaridad, las diferencias se hacen aún más notorias; así, en Milpa Alta la escolaridad promedio es de 9.07 grados, mientras que en Las Margaritas, el promedio de escolaridad alcanzado es de 4.3 grados.
Estas desigualdades no sólo se presentan frente a entidades en condiciones generalizadas de pobreza, pues aun en aquellas en las que se han alcanzado importantes niveles de desarrollo persisten enclaves de atraso inaceptables; es el caso, por ejemplo, del Municipio de Batopilas, en donde el hambre sigue siendo la constante, y en el cual el promedio de escolaridad en 2010 era de 3.77 grados.
Desigualdades en salud
Otro de los ámbitos de polarización en el país se encuentra en la carencia de servicios de salud o seguridad social para toda la población. Por ejemplo, la entidad que según el Censo de 2010 en ese año tenía la más amplia cobertura en servicios de salud, pues alrededor del 80% de su población era derechohabiente a alguno de los sistemas públicos, era Nuevo León.
En ese estado, en ese mismo año, en San Nicolás de los Garza la cobertura era de 81%; o bien, en el Municipio de Victoria, en el estado de Tamaulipas, la cobertura llegaba a 87%. En contraste, en Tepeaca, en el estado de Puebla, la cobertura en derechohabiencia a servicios de salud no rebasaba en el 28% de la población; o bien, Apatzingán, en el estado de Michoacán, en donde la cobertura registrada en el Censo era de 43%.
La existencia de extremos puede verse en localidades como El Tejocote (una localidad de 1,000 habitantes), en el municipio de Malinaltepec, Guerrero, en donde, según el Censo, el 95.7% de la población carecía de derechohabiencia a cualquier sistema de salud.
Desigualdades en acceso a servicios
Según el Censo de 2010, el porcentaje de viviendas sin agua dentro de sus instalaciones era de 11.09%. En el Distrito Federal, el porcentaje de viviendas con esta característica era de 2%; en Veracruz de 23.2%; en Oaxaca era de 29.2%; mientras que en Guerrero el indicador se ubicó en 37.5%.
Visto por municipios, se tiene que, por ejemplo, Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado del país, registra un 3.5% de viviendas sin agua entubada dentro de sus construcciones; en contraste, en un municipio densamente poblado, como León, en Guanajuato, el porcentaje es de 8%.
Por otra parte, en Macuspana, Tabasco, el porcentaje de viviendas sin agua dentro es de 40.5%; en Coyuca de Benítez, Guerrero, el porcentaje era del 57.2% en 2010; en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el porcentaje ascendía a 65.5%; en Pinotepa Nacional, Oaxaca, es de 68%; en Coronango, Puebla, el indicador se ubica en 81.6%; y en extremos como Santa María Chilchotla, el porcentaje es de hasta del 95%.
Calidad de las viviendas
Un indicador relevante de la pobreza y la desigualdad es el piso de tierra dentro de las viviendas. Según el Censo 2010, el promedio nacional de viviendas con este tipo de pisos es de 6.1%. Sin embargo, las desigualdades entre estados son muy grandes. En Nuevo León el porcentaje es de 2%; y en Baja California y Tamaulipas de 3.2%. En contraste, en Veracruz el porcentaje es de 11.5% y en Guerrero de 18.2% En un Municipio como Papantla, el porcentaje es de 26.7%; en Ajalpan, estado de Puebla, el porcentaje es de 32.7%; en Aquismón, San Luis Potosí, el porcentaje identificado por INEGI es de 44.2%.
Otro indicador relevante es el relativo al hacinamiento, el cual se mide a través del promedio de ocupantes por cuarto en las viviendas; según el censo, a nivel nacional el promedio es de 1.06 personas. En Nuevo León, el promedio es de 0.91 y en el DF es de 0.87.
En un municipio como Guadalajara el promedio es de 0.88 habitantes por cuarto; en contraste, hay localidades en el municipio de Batopilas donde el promedio es de 10, como el caso de Guachochi, una de las localidades en las que se registró mayor hambruna en los meses pasados.
En algunas localidades como Nocupétaro, en Michoacán, el hacinamiento es de cinco habitantes por cuarto o el de Nayar, en el estado de Nayarit, donde los promedios son similares.
