por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, una niña o niño indígena que nace en las regiones más pobres, tiene hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años, que las niñas y niños que nacen en una entidad como Nuevo León; en el año 2013, la tasa de mortalidad materna fue cuatro veces mayor en Guerrero que en Querétaro; mientras que el grado promedio de escolaridad registrado en 2010, es casi 40% mayor en el Distrito Federal que en Chiapas.
En su más reciente documento sobre México, el Banco Mundial advierte que aun cuando pueden lograrse metas relevantes en el combate a la pobreza extrema en los próximos años, el mayor reto que tiene nuestro país es avanzar hacia la reducción de la desigualdad.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha construido una trilogía a partir del 2012, desde la cual ha hecho un poderoso llamado a construir nuevos pactos para la igualdad, advirtiendo que nuestra región, y México en ella, son territorios marcados por la mayor desigualdad registrada a nivel planetario.
Lo anterior es relevante, pues si un conjunto de indicadores se han mantenido intocados en las últimas décadas, éstos son precisamente los relativos a la desigualdad y a las disparidades que existen entre las distintas regiones y divisiones territoriales a lo largo de todo el país.
En efecto, no hay un estado de la República en el que no existan marcados contrastes al interior de cada uno de sus municipios; así como enormes desigualdades intermunicipales, al grado que abundan ejemplos en los que municipios con indicadores de desarrollo humanos a los de algunos países europeos, conviven con otros propios de las regiones más pobres del planeta.
El caso de la educación
De manera infortunada, nacer en una región de nuestro país determina el grado de cumplimiento y acceso que tiene la población respecto de sus derechos más elementales.
El caso de la educación es uno de los que mayor profundidad tienen, por los rezagos acumulados, tanto como promedio-país, como en cada una de las entidades de la República mexicana.
Sobre este tema es importante decir que el análisis estadístico permite afirmar que a lo largo de la década pasada no hubo una variación significativa en lo que al grado promedio de escolaridad de la población se refiere. Es decir, a pesar de que hubo un ligero incremento en el número total de años cursados por persona, éste no es estadísticamente significativo.
En efecto, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y estadística (INEGI), en el año 2000, la escolaridad promedio de la población fue de 7.5 grados cursados por persona; para el año 2005 el indicador se ubicó en 8.1 grados; mientras que para el 2010 creció a 8.6 grados. Es decir, en una década, sólo se logró incrementar un año de escolaridad para toda la población.
Lo anterior significa que las brechas entre estados no lograron cerrarse. De hecho, según los datos del INEGI, sólo hay 11 estados en los que se tiene un promedio de escolaridad por arriba de los 9 grados cursados por persona, siendo Coahuila (9.5 grados), Nuevo León (9.8 grados) y el Distrito Federal (10.5 grados) las entidades con mayores promedios.
En contraste con lo anterior, hay ocho entidades en las que no se ha logrado superar como promedio ocho grados de escolaridad; éstas son: Puebla (7.95 grados), Zacatecas (7.9 grados); Guanajuato (7.7 grados); Veracruz (7.6 grados); Michoacán (7.4 grados); Guerrero (7.2 grados); Oaxaca (6.9 grados) y; Chiapas (6.7 grados).
La desigualdad contra las mujeres
Otra de las esferas de desigualdad que persisten en el país es la adecuada garantía de los derechos de las mujeres, lo cual se expresa en lo que las y los expertos denominan como “indicadores síntesis”, es decir, indicadores que expresan la pobreza, marginación y discriminación que siguen pesando en contra de las mujeres.
Uno de los más importantes es sin duda el relativo a la razón de mortalidad materna, es decir, el número de defunciones de mujeres durante, o como consecuencia del parto, por cada 100 mil niñas y niños nacidos vivos. Según los datos del INEGI, como promedio anual, entre 2003 y 2012, se registraron 1,192 muertes maternas. En total, en este periodo suman 11,915 casos
Al igual que en el caso de la educación, las diferencias entre los estados de la República son marcadas; al respecto debe insistirse en que en este caso, los factores determinantes no sólo se encuentran en la pobreza, sino también en fenómenos tan graves como la discriminación por razones de género o pertenencia étnica, por citar sólo dos casos.
Así las cosas, la razón de mortalidad materna promedio para el país en el año 2012 fue de 42.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. En ese año, las entidades con los peores indicadores fueron: Guerrero con 75.8 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos; Oaxaca con 65.2; Chiapas con 60.5; Tlaxcala con 59.4; Durango con 52.5; Veracruz con 51; Puebla con 50.6; Quintana Roo con 50.4 y Yucatán con 50
La vulnerabilidad de las niñas y los niños
Otros de los indicadores que expresan en mayor medida los rezagos y los saldos pendientes en materia de cumplimiento de los derechos humanos para la población, son los relativos a las causas de mortalidad en exceso evitables entre las niñas y los niños, sobre todo de los más pequeños.
Así, la tasa de mortalidad infantil, definida como el número de defunciones de niñas y niños menores de un año, por cada mil nacidos vivos, se ubicó como promedio nacional, de acuerdo con el Anexo Estadístico del Segundo Informe del Poder Ejecutivo Federal (2014), en el 2013 en 13 decesos por cada mil nacidos vivos; es decir, un número de alrededor de 30 mil niñas y niños que perdieron la vida antes de cumplir su primer año.
Sobre ese promedio hay 14 entidades, entre las cuales destacan, por tener los peores indicadores: Campeche, con 19.1 defunciones de menores de un año, por cada mil nacidos vivos; le siguen Puebla con 16; Tabasco con 14.9; Coahuila con 14.8; Estado de México y Guerrero con 14.5 cada uno de ellos; y Tlaxcala, Distrito Federal y Oaxaca con 14.3, respectivamente.
Otro indicador que debe destacarse es el relatico a la tasa de mortalidad en menores de cinco años, por enfermedades respiratorias agudas; en éste hay siete entidades que rebasan el promedio nacional, el cual se ubicó en 19 defunciones por cada 100 mil niñas y niños en el grupo de edad, por enfermedades respiratorias, las cuales son, en más del 95% de los casos prevenibles y curables.
Así, las entidades con peores indicadores son Chiapas con 39.1 defunciones por cada 100 mil menores de cinco años, por la causa señalada; el estado de México con 38.2; el Distrito Federal con 33.2; Puebla, con 27.2; Oaxaca con 24.8; Tlaxcala con 20.96 y Tabasco con 19.5.
Se encuentra por otro lado, el indicador relativo a la mortalidad de menores de cinco años por enfermedades diarreicas, otro tipo de padecimientos que son en más del 95% de los casos prevenibles y curables. En éste, el promedio nacional es de 8.5 decesos por cada 100 mil niñas y niños en el grupo de edad.
En este indicador las peores entidades son Chiapas con 33.4 decesos por cada 100 mil en el grupo de edad; Oaxaca con 14.8, Nayarit con 12.3; Guerrero y Campeche con 10.8 cada uno; y Yucatán y Puebla con 8.5 decesos por diarrea por cada 100 mil niñas y niños menores de cinco años.
Finalmente se encuentra el dato relativo a la mortalidad por deficiencias nutricionales; la tasa promedio a nivel nacional fue en 2013 de 4.8 defunciones por cada 100 mil niñas y niños menores de cinco años. Oaxaca es la entidad con el peor indicador en esta materia con 13.3 defunciones por deficiencias nutricionales, por cada 100 mil en el grupo de edad; le sigue el estado de Chiapas con 11.3; Guerrero y Chihuahua con 8.5; y Tabasco con una tasa de 8.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 14- Octubre- 2014, p.24
Facebook: /mexicosocial
Twitter: @mexicosocialorg
