El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el aborto legal y seguro. Es una iniciativa mundial, promovida por defensoras y defensores de derechos humanos, con el propósito de eliminar las medidas jurídicas y normativas que van, desde la criminalización de las mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo, pero también a garantizar todas las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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La idea central es cómo construir sociedades con información apropiada para decidir, acceso efectivo a métodos de anticoncepción y salud sexual para no enfermarse o embarazarse cuando no se desea; y garantías y condiciones de acceso a abortos seguros para no morir.
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A pesar de que en la Ciudad de México se ha despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12ª semana de gestación, en la mayoría de las entidades de la República se mantienen legislaciones altamente restrictivas, y de hecho textos constitucionales locales en los que se ha llegado al absurdo de “la protección de la vida desde su concepción hasta la muerte”.
Con base en esos dispositivos jurídicos, cada año hay cientos de mujeres que enfrentan penas sumamente severas, de las cuales la peor es la prisión. En efecto, de acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2020, entre los meses de enero y agosto, se han iniciado 434 carpetas de investigación por el “Delito de Aborto”, lo cual implica un promedio de 54 casos por mes.
La criminalización de la interrupción del embarazo ha llevado a que tengamos auténticas cifras oscuras en la materia, pues en los últimos años para los que se disponen de datos comparables -enero del 2015 a agosto del 2020-, se tiene un registro de 3,264 carpetas de investigación iniciadas por el mencionado delito de aborto.
De esa suma, en el 2015 el total fue de 512; para el 2016 la cifra fue de 538; en el 2017 se ubicó en 516; el 2018 creció a 575; en el 2019 se disparó a 689 casos; mientras que en el periodo de enero a agosto de este 2020 la cifra es la mencionada de 434.
Esos datos implican, para el año 2015, un promedio diario de 1.4 carpetas de investigación; en el 2016, de 1.47; en el 2017 de 1.41; creció en el 2018 a 1.57 casos por día; nuevamente se incrementó significativamente en 2019 a 1.88 casos por día, mientras que el promedio diario en lo que va del 2020, el indicador es igualmente de 1.8 casos diarios.
De acuerdo con los datos oficiales, las entidades donde se ha iniciado el mayor número de carpetas de investigación en las que se criminaliza a las mujeres por la interrupción del embarazo son: Estado de México, con 101 casos; Nuevo León, con 67; la Ciudad de México, con 57; Baja California, 28; Tamaulipas 24 y Guanajuato, 20.
Llama poderosamente la atención, como un dato asociado, que en todas estas entidades hay más carpetas de investigación iniciadas por el presunto delito de aborto que por feminicidios, pues por el primero hay 297 carpetas de investigación iniciadas entre enero y agosto del 2020 en el conjunto de esas entidades, frente a 229 carpetas iniciadas por el delito de feminicidio.
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