Cada 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante con el propósito de reconocer la importancia de proteger los derechos de las personas migrantes y promover su inclusión social. En México, la migración se ha convertido en un tema crucial debido a la combinación de dos dinámicas: la migración internacional que transita por el territorio en busca de llegar a Estados Unidos, y la migración de mexicanos hacia otros países, que se ha acelerado en los últimos años debido a factores económicos y de inseguridad. Este artículo examina la crisis humanitaria que enfrenta el país, utilizando datos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
México Social / Redacción
México se ha consolidado como un país de tránsito, especialmente para personas migrantes procedentes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, quienes buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, la situación se ha vuelto crítica debido al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, lo que ha dejado a miles de personas varadas en territorio mexicano.
Según datos del INM (2023), durante los primeros nueve meses del año se detuvieron a más de 400,000 migrantes en situación irregular, de los cuales un alto porcentaje proviene de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y Venezuela. Las condiciones en los centros de detención del INM han sido duramente criticadas por organizaciones internacionales, que denuncian hacinamiento y violaciones de derechos humanos.
Además, el Programa “Quédate en México”, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos, ha agravado la crisis. Esto ha generado campamentos improvisados en ciudades fronterizas como Tijuana y Matamoros, donde miles de migrantes viven sin acceso adecuado a servicios básicos, exponiéndose a enfermedades, violencia y explotación.
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Además de ser un país de tránsito, México también enfrenta un aumento en la migración de connacionales hacia el extranjero. De acuerdo con la SRE (2023), la cantidad de mexicanos que emigraron hacia Estados Unidos y Canadá ha crecido en un 15% en los últimos dos años, impulsada por la inestabilidad económica, el aumento de la violencia y la falta de oportunidades laborales en diversas regiones del país.
El envío de remesas ha alcanzado niveles récord. Según el Banco de México, entre enero y agosto de 2024 se recibieron más de $43,000 millones de dólares en remesas, lo que refleja la dependencia económica de muchas familias en México respecto de estos recursos. Sin embargo, la migración implica riesgos y desafíos para los connacionales, especialmente para aquellos que emigran en condiciones irregulares, exponiéndose a la explotación laboral y al tráfico de personas.
La combinación de estas dos dinámicas migratorias ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. Los recursos del INM y de los gobiernos estatales y municipales se han visto rebasados por el número de personas que buscan refugio y asistencia en el territorio nacional. Además, las organizaciones de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria han denunciado la falta de apoyo gubernamental y los abusos cometidos por agentes migratorios.
La OIM (2023) señala que México ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de asilo, que pasaron de 70,000 en 2020 a más de 120,000 en 2023. Sin embargo, el sistema de asilo mexicano enfrenta graves deficiencias administrativas, lo que deja a miles de personas sin resolución oportuna a sus peticiones.
La OIM y otras organizaciones internacionales coinciden en la necesidad de que México adopte un enfoque más integral y humanitario en la gestión migratoria. Entre las principales recomendaciones destacan:
El Día Internacional del Migrante debe ser un momento para reconocer que la migración es un fenómeno complejo y multidimensional que requiere políticas públicas centradas en la protección de los derechos humanos. En México, la migración internacional y la migración de connacionales son dos caras de una misma moneda que reflejan la necesidad de abordar tanto las causas estructurales como las consecuencias inmediatas de los desplazamientos.
Es fundamental que el Estado Mexicano asuma un enfoque más humano e inclusivo en la gestión migratoria, fortaleciendo la cooperación internacional y brindando apoyo a las comunidades afectadas. Solo a través de la solidaridad y el respeto por la dignidad de todas las personas migrantes será posible avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.
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