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La planeación como diálogo democrático

El pasado 13 de agosto se presentó en la Coordinación de Humanidades de la UNAM la más reciente edición del Informe del Desarrollo en México, que lleva por título “Horizontes 2030 para el desarrollo”; un texto coordinado por Rolando Cordera Campos y por Enrique Provencio Durazo.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

En la presentación, el Rector de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, quien destacó que, en esta edición del Informe, “se pone sobre la mesa los temas que considera más relevantes y a los que debería enfocar sus esfuerzos el próximo gobierno”. El Rector abundó en que se trata de un texto que puede contribuir de manera muy importante a la definición de la planeación del desarrollo de la nueva administración federal, para lo cual la Universidad Nacional tiene una amplia experiencia y capacidad de generación de metodologías y propuestas que puede poner al servicio del país para contribuir, como es su mandato, a la mejoría de la calidad de vida de todas y todos los mexicanos.

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A su vez, Rolando Cordera hizo notar que la planeación democrática puede y debe ser retomada en nuestro país como una de las “formas superiores del diálogo público”; y esto es urgente porque en su construcción deberían ser incorporadas las múltiples y diversas visiones que existen en México, y con base en ello orientar al país hacia un nuevo curso de desarrollo que abra nuevas posibilidades para el bienestar y la prosperidad compartida.

No debe olvidarse que la Ley General de Planeación (LGP) es un marco normativo esencial en el desarrollo y la implementación de políticas públicas en México. En ella se establecen los principios y procedimientos para la planeación del desarrollo nacional, la cual se orienta al logro de los objetivos de bienestar social, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. En este contexto, uno de los aspectos más relevantes de la LGP es la promoción de un sistema democrático de participación, que se considera fundamental para la creación de consensos públicos sin los cuales no es posible la consolidación de la legitimidad y eficacia de las políticas públicas.

Según la LGP, esta participación no solo es deseable, sino que es una condición necesaria para garantizar que las políticas y programas reflejen las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Así que, aun cuando la ley prevé diversos mecanismos de participación, como consultas públicas, foros de discusión, y la integración de diversos sectores de la sociedad en los procesos de toma de decisiones, en esta nueva administración hará falta mucho más que eso, si es que realmente se quiere cimentar una nueva lógica de toma de decisiones que respondan, no sólo a una visión del país, sino de manear amplia e incluyente, al mandato universal de nuestra Carta Magna de garantizar integral y progresivamente los derechos humanos.

Todo lo anterior es esencial porque constituye uno de los ejes de articulación de todo el sistema de coordenadas democráticas del país, y sin lo cual es difícil hablar de un país incluyente que se constituye desde el propio sistema de toma de decisiones públicas. De ese modo, contar con un sistema tal permite, al menos, lo siguiente:

  1. Legitimidad de las Políticas Públicas: Un sistema democrático de participación permite que las políticas públicas tengan un sustento en el consenso social. Cuando las personas, la sociedad civil y los entes de interés público forman parte del proceso de toma de decisiones, perciben las políticas como legítimas y están más dispuestas a cumplirlas. La participación activa de la ciudadanía reduce el riesgo de rechazo o resistencia a las políticas públicas, lo que facilita su implementación efectiva.
  • Identificación de Necesidades Reales: La participación ciudadana asegura que las políticas públicas estén alineadas con las necesidades reales de la sociedad, y las dimensiona y enmarca en el marco del Estado Social de Derecho. A través de un sistema democrático de participación, los responsables de la planeación pueden obtener información directa de la población sobre sus necesidades y preocupaciones. Esto permite diseñar políticas más pertinentes y efectivas, que contribuyan de forma pertinente y eficaz a la generación del bienestar social.
  • Transparencia y Rendición de Cuentas: La inclusión de la sociedad en la planeación promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando los ciudadanos participan en el proceso están en una mejor posición para monitorear y evaluar las acciones del gobierno. Esto genera un entorno en el que las autoridades son más responsables en el uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de sus promesas; abonando con ello a la cimentación de procesos de contraloría social y vigilancia ciudadana sobre las determinaciones de sus gobiernos.
  • Fortalecimiento de la Democracia. Un sistema democrático de participación en la planeación también fortalece la cultura democrática en el país. La participación ciudadana fomenta el diálogo y la deliberación, como se señaló arriba, elementos clave para la construcción de una democracia sólida. Además, contribuye a la educación cívica de la población, al involucrarla en el entendimiento y discusión de los temas públicos, entendiendo en todo momento que se trata de los asuntos que son relativos a todas y todos y que no es deseable que la población se sustraiga de la forma en cómo se diseñan, piensan y se concretan en su vida cotidiana.
  • Creación de Consensos Públicos: La participación democrática es esencial para la creación de consensos públicos, elementos que son esenciales en una sociedad plural. En un país con diversidad cultural, social y económica como México, es crucial que las políticas públicas reflejen un equilibrio de intereses, así como de visiones y posturas. La participación permite que diferentes voces sean escuchadas y que se busquen soluciones que beneficien al mayor número posible de personas, promoviendo así la cohesión social.

Para una sociedad tan dividida como la nuestra, considerar a la planeación como una forma de diálogo, pero también como una manera de promover la responsabilidad cívica de la población, permitiría avanzar hacia una nueva manera de entendimiento público; pero al mismo tiempo, nos daría la posibilidad de comprender que en la diversidad y la diferencia, no somos tan distintos como se pretende hacer creer en varios espacios; y que sí podemos sanar a nuestra nación.

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