por Mario Luis Fuentes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un duro juicio al final de la administración de Felipe Calderón: a lo largo de este sexenio ha habido un elevado grado de incumplimiento de los derechos de las y los mexicanos, en prácticamente todos los ámbitos y dimensiones.
Esta observación, aun cuando se hace con referencia a lo ocurrido entre el año 2006 y este 2012, tiene también como destinataria a la nueva administración que habrá de comenzar el 1º de diciembre, pues las recomendaciones que se han emitido por la CNDH en realidad son también para las instituciones y no sólo para las y los funcionarios que las encabezan.
En este año, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU hace énfasis en dos temas fundamentales para la construcción de sociedades más justas: la inclusión y el derecho a la participación.
El tema de la inclusión es de la mayor relevancia para nuestro país, porque si algo han generado las políticas económicas implementadas en los últimos años, es la vida en condiciones de segregación de millones de personas, así como el rechazo, la discriminación, la intolerancia y la violencia en contra de minorías étnicas y de personas que viven en circunstancias especiales, tales como las personas con alguna discapacidad.
Por otro lado, si algo hace falta en nuestro país es contar con mayores niveles de participación ciudadana, así como la apertura de nuevos y más eficaces canales para el diálogo y la constante interacción entre la sociedad civil y las instituciones, pero también entre la propia sociedad.
Desde esta perspectiva, en México hace falta aún mucho por construir en materia de participación, sobre todo, diseñar nuevos dispositivos institucionales para la promoción y garantía de que todas y todos vamos a ser escuchados en aquellos temas que sean directa o indirectamente agendas que pueden impactar en nuestras vidas.
Por estas razones, en nuestra edición de diciembre está orientada a la reflexión en torno al grado de cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país; a la crítica sobre todos los pendientes que tenemos en la materia, y a un llamado a la responsabilidad de la nueva administración para que México sea un país de garantía plena de los derechos humanos.
Lo anterior tiene un peso enorme, sobre todo si se piensa a la luz de la reforma al Artículo 1º Constitucional, cuyos alcances y consecuencias obligan a armonizar todo nuestro marco jurídico y nuestros mandatos normativos, con los contenidos y disposiciones de Convenciones, Acuerdos y Tratados que han sido ratificados por el Estado Mexicano.
Para el diseño y la operación de las políticas públicas las implicaciones son gigantescas, pues, por mandato constitucional, el Gobierno, en todos sus órdenes y niveles, está obligado a actuar con base en criterios de transversalidad, integralidad, universalidad y el principio de la no regresión, todo ello, dando prioridad a las acciones que pueden permitir la reducción de las desigualdades y disparidades que afectan a los grupos en mayores condiciones de desventaja e injusticia social.
Una ciudadanía plena no puede construirse ni cimentarse sin una profunda y sólida cultura de derechos humanos entre toda la población. Y este es quizá el mayor reto que enfrentará la administración que recién comienza, porque lo que nos hace falta es un sistema institucional diseñado para el cumplimiento de los derechos, sobre el entramado que hoy existe y que fue pensado exclusivamente para la prestación y dotación de bienes y servicios en función de la disponibilidad presupuestal.•
