En las últimas décadas, el debate en torno a los derechos de las personas con discapacidad ha dado un giro hacia una mayor inclusión social y reconocimiento de sus derechos humanos. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) de 2006, ha sido un hito en la lucha por cambiar el paradigma sobre cómo entendemos la discapacidad. Sin embargo, aunque México ha firmado y ratificado la CRPD, aún queda mucho camino por recorrer para implementar efectivamente un enfoque basado en el modelo social de la discapacidad, alejándonos del tradicional modelo médico que, lamentablemente, sigue siendo predominante en muchas de nuestras instituciones. Cabe mencionar que a nivel académico, el modelo social de la discapacidad ya ha sido rebasado por los estudios críticos de la discapacidad en sus numerosas vertientes, pero ese será otro tema.
Escrito por: Guillermo Ramírez-Rentería
El modelo médico ve la discapacidad como una condición personal que necesita tratamiento o rehabilitación, lo que a menudo lleva a enfoques paternalistas. En cambio, el modelo social coloca la responsabilidad en la sociedad misma, destacando que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad no provienen tanto de sus condiciones físicas o mentales, sino de la forma en que la sociedad está organizada. Entonces, si México ya ha ratificado la CRPD, que promueve este enfoque social, ¿por qué seguimos atascados en un modelo médico?
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Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre las barreras institucionales que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a sus derechos, y es ahí donde la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) publicada en 2001 cobra relevancia. La CIF, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una herramienta que nos permite medir de manera más integral cómo las personas con discapacidad se relacionan con su entorno. Pero, ¿estamos realmente utilizando esta herramienta para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en México, o seguimos atrapados en un enfoque limitado que no atiende las verdaderas necesidades de esta población?
Barreras institucionales: El obstáculo invisible
En México, el acceso a la seguridad social, a un trabajo digno y a servicios de salud adecuados sigue siendo un desafío para muchas personas con discapacidad. A pesar de los avances en la legislación, como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011, la realidad es que nuestras instituciones continúan replicando prácticas excluyentes. Estas barreras no son siempre obvias: están incrustadas en procedimientos burocráticos, en la falta de accesibilidad física y en las políticas públicas que siguen viendo a la discapacidad desde una lente médica y no social.
Un ejemplo de esto es la manera en que se determinan los beneficios sociales para las personas con discapacidad. A menudo, estas evaluaciones siguen centradas en criterios médicos: ¿qué tan discapacitado está alguien? ¿Es lo suficientemente discapacitado para ser sujeto de política social? Este tipo de preguntas perpetúan un enfoque que minimiza la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia y promover una visión más inclusiva y respetuosa de sus derechos?
El papel de la CIF en la transición al modelo social y casos internacionales
La CIF ofrece una oportunidad para cambiar este paradigma al ser un instrumento internacionalmente reconocido. Al considerar no sólo las limitaciones físicas, sino también los factores ambientales y sociales que influyen en la discapacidad, la CIF puede ayudarnos a replantear nuestras políticas. Pero para que esta herramienta sea efectiva, necesitamos implementarla de manera coherente y estructurada en nuestras políticas públicas. La pregunta clave es: ¿están las instituciones mexicanas preparadas para adoptar este marco?, o ¿seguimos atrapados en un sistema que valora más los diagnósticos médicos que las experiencias vividas de las personas con discapacidad?.
En otros países, la transición hacia el modelo social ha sido más exitosa. Por ejemplo, naciones como España y Suecia han implementado reformas basadas en la CIF, adaptando sus sistemas de seguridad social y laboral para alinearse más con los principios de la CRPD. Estos países han comprendido que la inclusión no se trata solo de construir rampas, sino de derribar las barreras sociales e institucionales que impiden a las personas con discapacidad participar plenamente en la vida económica y social. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos casos?, ¿Es posible adaptar estas experiencias al contexto mexicano, con nuestras propias limitaciones y desafíos?. Estas son preguntas que debemos hacernos si queremos avanzar hacia un verdadero modelo social de discapacidad en nuestro país.
El rol de las organizaciones civiles
En este proceso de transición, las organizaciones civiles han jugado un papel clave en otros países. Estas organizaciones, al estar más cercanas a las realidades que enfrentan las personas con discapacidad, son fundamentales para impulsar reformas y cambios en las políticas públicas. En México, aunque existen organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, muchas veces su influencia es limitada. Es necesario un mayor reconocimiento de su rol y una mayor colaboración entre estas organizaciones y el gobierno para avanzar hacia un modelo más inclusivo. Además, la economía social puede ser un motor importante para esta transición. Las cooperativas y otras formas de organización económica basadas en la solidaridad pueden ofrecer oportunidades laborales dignas para las personas con discapacidad, alejándonos del enfoque asistencialista y promoviendo la inclusión laboral y social.
Propuestas de reforma institucional
Entonces, ¿qué necesitamos para avanzar hacia este nuevo modelo?. En primer lugar, es crucial que México adopte plenamente la CIF como herramienta central en la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la discapacidad. Esto no significa solo incluirla en los discursos, sino aplicarla de manera efectiva en la práctica diaria de nuestras instituciones.
En segundo lugar, es necesario realizar un mapeo exhaustivo de las barreras institucionales que aún existen en nuestro país y cómo estas limitan el acceso de las personas con discapacidad a sus derechos. Finalmente, debemos aprender de las experiencias internacionales y adaptar las mejores prácticas a nuestro propio contexto, reconociendo las particularidades de la realidad mexicana.
El camino hacia la inclusión es largo, pero no imposible. Con un enfoque basado en derechos humanos y un compromiso real por parte de las instituciones, México puede lograr la transición hacia un modelo social de discapacidad que respete plenamente los derechos consagrados en la CRPD. Pero para ello, es necesario preguntarnos continuamente: ¿qué estamos haciendo para derribar las barreras que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad?
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