por Mario Luis Fuentes
La discriminación sigue siendo un grave problema en el país que está asociado a procesos culturales y estructurales que se expresan en pobreza y exclusión: prácticamente 80% de quienes hablan una lengua indígena son pobres; el 85% de las personas con alguna discapacidad que logran ocuparse, lo hacen en condiciones de informalidad; dos de cada tres adultos mayores están en rezago educativo; mientras que 8 de cada 10 mujeres han vivido algún episodio de violencia de género lo largo de sus vidas
La pobreza tiene rostro y nombres. Sin embargo, su carácter masivo ha llevado a que tenga predominancia el número, y no cada historia y cada caso de angustia, dolor, frustración y hasta resentimiento u odio en medio de la carencia y la presión cotidiana provocada por la angustia de no saber si se tendrá algo qué comer o qué darle de comer a sus familias.
El 21 de marzo, además de conmemorar el natalicio del Benemérito de las Américas en nuestro país, coincide en fecha el Día Internacional en contra de la Discriminación Racial, dato que debe llevarnos a una reflexión sobre ésta y otras manifestaciones de la discriminación y lo que se denomina como “otras formas conexas de intolerancia”.
Frente a lo anterior, debe decirse con todas sus letras que México es un país en el que la mayoría ejerce actos de discriminación, en distintos grados, en contra de diferentes grupos de población, ya sea por edad, por cuestiones culturales, ideológicas, religiosas y hasta psicológicas.
El tema es mayor, porque implica consecuencias graves en términos de limitación o incumplimiento de derechos sociales para quienes son víctimas de actos o procesos discriminatorios; desde esta perspectiva, una de las consecuencias más severas es la pobreza en la que se sitúan cientos de miles de personas como consecuencia de la discriminación.
La discriminación racial
Infortunadamente sigue siendo común utilizar la palabra “indio” para denostar a otras personas, bajo la connotación asignada al término de “tonto”, “limitado” e “inferior”.
Esta circunstancia, de suyo reprobable, tiene consecuencias que se expresan en lo que puede considerarse una segregación histórica, en contra de quienes son hablantes de alguna lengua indígena o que sin serlo, pertenecen y se auto-adscriben a un pueblo o comunidad indígena.
Lo primero que debe decirse es que en México las peores condiciones de vida las padecen al interior de estos grupos de población. Según los datos oficiales, el 79.3% de quienes son hablantes de alguna lengua indígena son pobres.
Un dato que debe indignar y llamar a una acción urgente, es que entre los pueblos originarios hay más pobres extremos que pobres moderados; en efecto, según el CONEVAL, el 40.9% de ellas y ellos viven con ingresos por debajo de la “línea del bienestar mínimo”; mientras que el 39.2% vive en lo que se denomina “pobreza moderada”. Lo anterior implica que haya casi 2.8 millones de personas hablantes de lenguas indígenas viviendo en pobreza extrema; y 2.7 millones viviendo en la llamada pobreza moderada.
Otro ámbito de exclusión sumamente relevante es el educativo. De acuerdo con los datos del Censo del 2010, en México las personas hablantes de lenguas indígenas siguen siendo excluidas del sistema educativo. En efecto, según el INEGI, el 22.2% de las personas mayores de 12 años y que son hablantes de alguna lengua indígena carecen de escolaridad.
El 27% de ese mismo grupo de población no logró concluir la primaria; el 20.1% logró terminar la primaria pero no completó ningún grado de secundaria; el 6% cuenta con estudios de primaria incompleta; el 13.8% terminó los tres grados de secundaria. Asimismo, sólo el 7.2% accedió a algún grado de la educación media-superior; y únicamente el 3.5% de quienes son hablantes de lenguas indígenas han logrado llegar a algún grado de educación superior.
La discriminación y la discapacidad
Otro grupo que es rechazado, ya sea por barreras culturales, o también por barreras físicas y arquitectónicas, es el de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o necesidades especiales.
Respecto de este grupo de población, debe decirse que ocupan el menor porcentaje de personas ocupadas en el sector laboral; y al mismo tiempo, de acuerdo con algunas estimaciones, de las personas con alguna discapacidad que desarrollan alguna actividad de ocupación laboral, casi el 85% lo hace en condiciones de informalidad.
Uno de los temas en que mayor grado de rezago hay en esta materia, es el lograr el acceso universal de todas las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad a la educación regular, y abatir los niveles de rezado educativo, así como los rezagos que existen en materia de educación especial.
En esa lógica es importante destacar que del total de personas mayores de 12 años que tienen alguna discapacidad, el 26.4% carece de escolaridad; el 28.4% tiene estudios de primaria incompleta; sólo el 17.9% tiene primaria completa; el 3.3% logró ingresar a la secundaria, pero no concluirla; el 7% cuenta con algún grado de educación media superior; mientras que únicamente el 6% logró concluir algún grado de educación superior.
La discriminación en la vejez
Las personas mayores de 65 años viven ampliados procesos de discriminación, que se recrudecen especialmente cuando se ha tenido una vida de dificultades y carencias; es decir, no es lo mismo llegar a los 65 años con una pensión y con acceso a servicios médicos de calidad, que en condiciones de pobreza, sin derecho-habiencia a servicios de salud y sin ingresos mínimos garantizados.
Por ello es importante destacar que en la vejez se viven agudos procesos de exclusión, que se expresan fundamentalmente en indicadores de pobreza y rezago social. Por ejemplo, según los datos del CONEVAL, el 45.7% de las personas adultas mayores vive en condiciones de pobreza.
Asimismo, dos de cada tres adultos mayores viven en condiciones de rezago educativo; 5 de cada 10 carecen de servicios de salud o de seguridad social; uno de cada cuatro vive en vulnerabilidad por carencia de servicios o por insuficiente calidad en la vivienda; y uno de cada cuatro vive en vulnerabilidad por carencia de acceso a una alimentación adecuada.
La discriminación por género o preferencia sexual
En México sigue habiendo una muy alta presencia de actos discriminatorios en contra de las mujeres, por el hecho de serlas; esto se puede apreciar en los nivele salariales y en el tipo de cargos que ocupan en los empleos a que se tiene acceso.
Los datos se han consignado en distintos estudios y basta con destacar que al menos 7 de cada 10 mujeres han vivido actos de violencia de género en algún momento de sus vidas; que 8 de cada 10 ganan menos que sus contrapartes masculinas, aun cuando desempeñen trabajos similares o iguales; y que en términos de representación política, estamos aún muy lejos de lograr la paridad en los Congresos locales y el federal; en las presidencias municipales y muy destacadamente, en los gobiernos estatales, en los que hoy no hay ninguna mujer al frente de ningún Gobierno estatal.
Por otro lado, está la discriminación que se ejerce en contra de personas que manifiestan abiertamente su preferencia no heterosexual. Particularmente, un reciente estudio construido por CEIDAS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, muestra que las personas transexuales, transgénero o trasvesti, enfrentan severas condiciones de discriminación que les impiden el ejercicio de sus derechos; desde a tener un nombre y una identidad, hasta el acceso al trabajo digno, a servicios médicos o incluso, al libre tránsito y acceso a todos los espacios públicos.
* Columna publicada bajo el mismo nombre en el periódico Excélsior, 26- Marzo- 2013, p.17
| METODOLOGÍA |
La selección de los indicadores para elaborar esta investigación se apegó a los siguientes criterios: 1) provienen de fuentes oficiales o de organismos internacionales; 2) son datos con representatividad nacional; 3) son datos con rastreabilidad, con la misma metodología durante los últimos diez años.
(*) Este texto se elaboró con material del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social
