La decisión de cómo distribuir las tareas y los beneficios sociales es una de las cuestiones más relevantes que se han discutido desde la década de los años 70 del siglo pasado, sobre todo a partir de la publicación de la influyente obra de John Rawls, “Una teoría de la justicia”.
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El debate se ha centrado desde entonces en las cuestiones del reconocimiento y la distribución; y en todas y todos los autores que han participado en esta discusión se ha reconocido un hecho aun incontrovertido: la decisión de cuánto, cómo y en qué momento se distribuye hacia quiénes, es una cuestión tanto política como moral.
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Con excepción quizá de los libertarianos (Nozick y quienes piensan como él), en prácticamente todas las teorías de la justicia se coincide, además, en que la única razón que podría justificar un trato desigual a ciertos grupos o colectivos, es cuando esa acción está dirigida a mejorar sus condiciones de vida e igualarlas con el resto de la sociedad de la cual se encuentran excluidos o marginados.
Desde esta perspectiva, el argumento del presidente López Obrador, relativo a que primero debe atenderse a los más pobres tiene pleno sentido. Sin embargo, en los últimos meses esta idea ha ido cobrando un cariz riesgoso porque, a juzgar por lo dicho por el Ejecutivo, su interpretación del lema “primero los pobres” pareciera girar hacia la idea de que “exclusivamente los pobres”, y más aún: “exclusivamente los pobres que son afines ideológica y políticamente a mi movimiento”.
Si se piensa desde esta perspectiva, las recientes declaraciones del Ejecutivo federal respecto de lo que él entiende por “clases medias” cobra pleno sentido; pues en su visión de la realidad, no hay mucho más que hacer desde el gobierno y la política pública por su bienestar: “va usted muy bien, siga su camino”, declaró el presidente sobre quienes han logrado ciertos niveles de bienestar y a quienes percibe como críticos a su administración y reacios a respaldar sus ideas.
Hay un doble problema respecto de esta posición: el primero es que los niveles de ingreso y acceso a bienes y servicios de la llamada clase media son muy bajos, y no se aproximarían siquiera a las líneas de la pobreza, así como a los niveles de acceso a la salud y la educación de países como Canadá y los Estados Unidos de América.
El segundo, que es aún más relevante, es que en aras de atender prioritariamente a quienes viven en mayores condiciones de pobreza, las políticas públicas de que dispone esta administración de hecho están generando que más personas pierdan ingresos, y que menos personas tengan las capacidades y oportunidades suficientes para salir de la condición de pobreza en que hoy se encuentran.
Carlos Tello ha señalado con precisión que, decidir a quién y cuántos impuestos se le cobran, y vía el presupuesto a quiénes se les otorgan esos recursos disponibles, es sin duda una decisión política. Así las cosas, la ejecución de la política mediante la cual se busca dar prioridad a los pobres, rompería con el principio elemental de la justicia y la ética pública, de no privilegiar a unos grupos en detrimento del bienestar y garantía de los derechos humanos del resto.
Lo que debe comprenderse es que, desde hace décadas, quienes se encuentran en la franja de las llamadas “clases medias” tienen más probabilidades de caer en la pobreza que ascender en la “escalera social”.
Por ello el país debe salir de la trampa de generar gobiernos que privilegian a unas u otras clases, y avanzar hacia la comprensión del mandato constitucional en materia de derechos humanos: garantizar para todas y todos, condiciones de vida digna, donde el esfuerzo, la disciplina y el trabajo sean los únicos diferenciadores sociales; y no criterios no consensados, excluyentes y decididos desde una visión particular del mundo que, desde el poder, busca imponerse sobre todas las demás.
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