Escrito por 3:00 am Agendas locales, Desigualdades, Destacados, Economía, educación, Empleo, En Portada, Mario Luis Fuentes, Pobreza, Política, Salud, Violencia • Un Comentario

Dos Narrativas

En una democracia, la existencia de dos o más narrativas distintas o incluso contrapuestas, sobre la realidad, resulta completamente normal. Lo que no resulta parte de la normalidad deseable es que esas narrativas no puedan contrastarse o confrontarse abierta y públicamente, de cara a la ciudadanía.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país respecto del despliegue de propaganda del 4º Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo federal, el cual está obligado a presentar un informe sobre el estado de la administración, con base en los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Sin embargo, México está entrampado en un callejón sin salida, pues el PND vigente es un documento que carece de objetivos, metas y estrategias cuantificables, verificables y con la posibilidad de darles seguimiento en el tiempo. Esto implica un primer problema estructural, pues es el propio Ejecutivo el que define los parámetros con base en los cuales se evalúa a sí mismo.

Te invitamos a leer: Sobre la desigualdad en la distribución del ingreso

En segundo lugar, si en previas administraciones había siempre un aire de triunfalismo y ausencia total de autocrítica respecto de los retos y problemas no resueltos en el país, en la presente administración todas las acciones son presentadas con tintes épicos y con dimensiones históricas pues, se dice, nunca se habían conseguido tantos logros.

El problema que enfrenta esta narrativa no es otro sino el de la propia realidad: México no se pacificó desde el primer día del gobierno, como prometió en campaña el actual presidente; tampoco se acabó con la pobreza; México no crecerá 4% ni como cifra acumulada en todo el sexenio, frente a la promesa de crecer anualmente 4% del PIB; la inflación llegó al nivel más alto en los últimos 25 años, y permanecerá así al menos hasta mediados de 2023; los empleos se recuperan, pero más precarios y en mayores condiciones de informalidad; la violencia contra las mujeres sigue y la violencia intrafamiliar y sexual crece cada año.

Las narrativas, como se observa, son diametralmente opuestas. Y no se trata de una cuestión de “liberales contra conservadores”; o de “progresistas contra privilegiados”. El asunto es que no hay espacios para un debate serio con el poder presidencial. Porque a priori, y sin reflexión de por medio, cualquier crítica o discrepancia de visión, de inmediato es descalificada como un acto de “traición a la patria”, como si ésta estuviese encarnada en las ideas y prejuicios del presidente.

Sin duda hay voces interesadas en mantener, ampliar y recuperar, tanto espacios de decisión como canonjías obtenidas en el pasado; pero hay muchas más, con plena legitimidad democrática y con solvencia ética para cuestionar, no los afanes y propósitos externados por la presidencia de la República, sino sus métodos, estrategias y programas, los cuales están abiertos, por mandato constitucional, al escrutinio, revisión y crítica de la ciudadanía.

No le hacen un favor los correligionarios del presidente dándole trato de “infalible”; menos aún contribuyen al fortalecimiento de la democracia y del sistema institucional mexicano. Por el contrario, rendir culto a una personalidad; pretender estar siempre en posesión de la verdad, y peor aún, argumentar una y otra vez que son “los correctos”, convoca a preguntarse, si es que algo así pudiera existir, ¿cuál es la necesidad de decirlo y reiterarlo todo el tiempo?

Cuando un gobernante toma la decisión de no escuchar sino a quienes le dan la razón, está a un paso de perder la posibilidad de gobernar auténticamente para todos y con todos aquellos que tienen algo importante que aportar al país; porque para construir desarrollo, bienestar y generar condiciones para la garantía de la dignidad humana no existe, afortunadamente, una sola ruta.

El problema en México estriba en que, en este y en los gobiernos previos, se ha asumido que el mandato popular de las urnas constituye una patente de intolerancia y exclusión con quienes resultan derrotados en el proceso electoral, lo cual, por donde se vea, constituye un total despropósito antidemocrático.

Investigador del PUED-UNAM

También te podría interesar: La violencia homicida y en los hogares

(Visited 198 times, 1 visits today)
Cerrar