Un Estado social democrático no puede, por definición, intervenir directamente en las decisiones individuales: qué comer, qué tomar, cómo vestir, cuántos hijos y cuándo tenerlos, tener sexo o no y con quién hacerlo, son ejemplos de decisiones totalmente soberanas de las personas, y en las cuales, se asume, es el libre albedrío el que debe decidir.
Hay, sin embargo, una tensión respecto de este principio fundamental: ¿qué debe hacer el Estado y hasta dónde está facultado a intervenir, cuando las decisiones de los ciudadanos ponen en riesgo el bienestar de otras personas, o bien, cuando el conjunto de decisiones soberanas individuales, amenazan la viabilidad social y económica de la comunidad políticamente organizada?
Para la discusión bastan algunos ejemplos. Beber alcohol, en las cantidades que se quiera, es una decisión individual; sin embargo, de acuerdo con los anuarios de morbilidad de la Secretaría de Salud, en 2015 se contabilizaron siete mil 937 casos de personas atendidas por “Enfermedad alcohólica del hígado”; otras siete mil 345 por “cirrosis hepática alcohólica”; así como 42 mil 598 casos por “intoxicación aguda por alcohol”.
En la misma lógica, las estadísticas de mortalidad del Inegi muestran que hay al menos 35 mil defunciones anuales (otros datos sugieren que podrían ser hasta 50 mil casos), atribuibles directamente a la ingesta abusiva del alcohol.
¿Quién debe pagar por estas decisiones individuales? Y, por otra parte: ¿hasta dónde el Estado es responsable de esta situación, cuando no ha desarrollado los mecanismos de protección social para garantizar servicios de salud de calidad y, en ese marco, para la salud mental, la prevención de las adicciones y, en general, cuando ha renunciado a ser un Estado de bienestar?
Otro ejemplo: los datos de los Anuarios de Morbilidad muestran que en 2015 fueron atendidas 96 mil 521 personas por depresión, así como 19 mil 514 casos por adicciones. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut de medio camino, 2015), muestra que la edad en el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas ilícitas sigue descendiendo; y que la prevalencia de las adicciones se mantiene prácticamente igual que en 2012.
Cada año el Inegi registra más de 50 mil defunciones adicionales que pueden ser asociadas o atribuidas al consumo de tabaco; y a ellas deben sumarse 105 mil defunciones por diabetes, así como más de 130 mil casos por hipertensión e isquemias del corazón.
En resumen: obesidad, sobrepeso, consumo de alcohol, depresión, diabetes, tabaquismo y, en general, las adicciones, la violencia y los accidentes de tránsito, son términos que forman parte, todos, de una compleja red de mutuas determinaciones cuya solución se vincula a otros conceptos de problemáticas estructurales: pobreza, marginación, segregación social y desigualdad.
Las drogas, legales e ilegales, matan; y por decenas de miles de personas cada año. Son, a todas luces, defunciones en exceso evitables; pero, sobre todo, siempre éticamente condenables porque, por su naturaleza, deben ser consideradas siempre prematuras; siempre innecesarias.
El secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América sostuvo recientemente que en EU hay más muertes asociadas a la sobredosis de drogas que por los conflictos bélicos en Irak y en Afganistán. Lo mismo podemos decir acá; e incluso agregar, que hay más defunciones por consumo de drogas legales que las provocadas por el conflicto entre el Estado y el crimen organizado.
El debate en torno a estas problemáticas es complejo y es posible sostener que ni siquiera hemos sido capaces de reflexionar con la profundidad necesaria, no sólo sobre la prohibición o no de la mariguana y otras drogas, sino sobre el inmenso problema de salud mental y consumo de todo tipo de drogas, su vínculo con la salud mental y, a su vez, de ésta con la pobreza, la violencia y la desigualdad.
Es un debate que urge y que será irresponsable no abordar ahora, y de cara a la elección de 2018 y la nueva administración que habrá de iniciar en diciembre del próximo año.
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