¿Por qué debemos legalizar las drogas?

En días recientes, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) dio a conocer la información estadística sobre la población adolescente en conflicto con la ley por delitos relacionados con drogas.

Redacción México Social / Daniela Flores

La prohibición del cultivo y comercio de mariguana se dio en 1920 y de la adormidera en 1926 con el objetivo de reducir el nivel de consumo debido a los problemas de salud pública que generaban. En 1931, los delitos de tráfico de drogas y toxicomanía pasan a ser de carácter federal en el Código Penal. Pese a la prohibición, durante los años 40, el noroeste de México (especialmente el estado de Sinaloa y de manera particular el municipio de Badiraguato) se consolidó como la región de mayor consumo y tráfico de opio.

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A partir de 2006 con la política de militarización antidrogas infligida por Felipe Calderón Hinojosa, 88 mil personas han sido víctimas de desaparición forzada, una cifra que rebasa el total de personas desaparecidas en Guatemala, Chile y Argentina juntas.

Las políticas prohibicionistas de forma histórica no han logrado el cometido de disminuir el número de consumidores y por el contrario ha aumentado la violencia de forma exacerbada, lo que ha ocasionado miles de víctimas colaterales.

Entre las víctimas colaterales, se encuentran principalmente los jóvenes que enfrentados a las deficiencias del sistema educativo mexicano no pueden acceder a la educación superior y en consecuencia no conseguir un puesto de trabajo bien remunerado, teniendo como única salida la economía informal o engrosar las filas del crimen organizado.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) ha realizado un llamado a los países miembros para favorecer la inclusión social, reducir la desigualdad y priorizar los servicios de tratamiento y rehabilitación para los adictos. En esta tarea, es primordial un enfoque sanitario como medida alternativa a la prohibición, al enjuiciamiento penal y la privación de la libertad de los consumidores de drogas.  En 2021, se imputó a 3,260 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo: 90.2% por presunta posesión simple de narcóticos.

Los delitos de narcomenudeo representaron el 14.4% del total de personas adolescentes imputadas por delitos del fuero común.  Las y los adolescentes imputados cometieron, presuntamente 3,285 delitos relacionados con drogas (el tercer delito del fuero común por el que más se imputó a personas de este grupo poblacional, después de robo y lesiones) esta cifra representa el 14% del total de delitos.

De 2015 a 2021, la población de mujeres adolescentes imputadas por probables delitos de narcomenudeo disminuyó 25%. La población de hombres adolescentes imputados por los mismos delitos se redujo 22.8%.  En este mismo período el número de mujeres y hombres adolescentes imputadas por delitos del fuero común disminuyó 58y 41.6 %, respectivamente.

En 2021 en el Estado de México incurrieron 3,719 homicidios, posicionándose como la entidad más violenta del país, en segundo lugar, se encontró Guanajuato con 3,673 homicidios. No es ninguna casualidad que estas dos entidades concentren el 43.9% de adolescentes imputados por presuntos delitos de narcomenudeo.

Al finalizar 2021, 1 233 personas adolescentes se encontraban privadas de la libertad por la comisión de algún delito. De estas el 16.9% lo estaban por delitos de narcomenudeo, lo que significa un incremento de 47.5 % respecto a 2015. Para este mismo año, Morelos, Sonora y Zacatecas concentraron 67.3 % del total de personas adolescentes internadas por la comisión de algún delito de narcomenudeo.

La política de militarización antidrogas solo ha agravado y perpetuado la violencia. La violencia es real, pero la explicación oficial sobre las causas que la desencadenan es un ardid político que permite a las autoridades ejercer la violencia más vil en contra de la población civil poniendo como justificación la lucha contra las drogas.

La urgencia de la legalización de las drogas, en especial de la marihuana radica en dejar de ver a nuestros jóvenes precarizados y sin oportunidades de empleo formal bien remunerado desde un enfoque punitivista y atender las condiciones económicas, políticas y sociales que los orillan a ser parte de las filas del crimen organizado.

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Fuentes consultadas

Astorga, L. (2016). El siglo de las drogas (nueva edición): Del Porfiriato al nuevo milenio. Debolsillo.

Zavala, O. (2022). La guerra en las palabras: Una historia intelectual del narco en México (1975-2020). Debate.