Economía política de la gobernación comunitaria (I)

por Francisco Javier Alejo López

En la sesión inaugural del Seminario Permanente sobre Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable, el Maestro insigne, el Dr. Pablo González Casanova, lanzó un extraordinario reto a la comunidad universitaria para la creación y organización de un programa de investigación/docencia dedicado de manera permanente a la indagación y enseñanza interdisciplinarias de los conceptos y fenómenos asociados al tema-objetivo del desarrollo autosostenible y la organización de la vida

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El reto involucra por lo menos a las facultades de Ciencias Políticas y Sociales,  Derecho y Economía, y a los correspondientes institutos de investigación de tales materias; a diversas áreas de las ciencias básicas; y a los posgrados. Adicionalmente, el programa buscaría la colaboración con otras universidades y centros de investigación tanto del país como del extranjero. Operaría a través de especializaciones en las distintas ramas de las humanidades y ciencias sociales, así como de las disciplinas científicas y técnicas asociadas a la producción, la sustentabilidad y el desarrollo autosostenible. También quedaría facultado para expedir al menos una maestría en desarrollo autosostenible.

La definición de los programas académicos podría partir de conceptos básicos como el de construcción de la autonomía, organización de la vida y del buen vivir; y además se propondría indagar enfoques, formas y modelos para combinar “haberes eruditos con experiencias locales” del universo comunitario.

Entre noviembre del año pasado y febrero del presente hemos realizado dos reuniones sobre la materia que nos ocupa. Durante tales  reuniones surgieron un buen número de consensos y coincidencias entre los participantes. En primer término, ante las evidencias de tiempos recientes en México, y como resultado de la abundante investigación realizada por científicos sociales del país y del extranjero, así como de la praxis de profesionales de diversas disciplinas que se han involucrado en la vida y los procesos comunitarios del país, resulta claro que la organización comunitaria espontánea en México es muy abundante y diversa, y además tiende a difundirse en el territorio nacional.

Una manifestación actual del fenómeno, que ha sorprendido a muchos rincones de la opinión pública nacional, es la de las llamadas “autodefensas comunitarias”. Este hecho por sí mismo indica que las comunidades en diversas latitudes del país se sienten no solo amenazadas, sino también desprotegidas, al punto de emprender su autodefensa por la vía de los hechos, ante la evidencia de la “incapacidad” o “indolencia” de las instituciones de gobierno del país en sus tres niveles.

El hecho fundamental es que las organizaciones comunales existen y que carecen de legitimación en el andamiaje institucional del país, de tal suerte que los anhelos, aspiraciones, tribulaciones, carencias, frustraciones y deseos de superación de las comunidades no encuentran canales institucionales de expresión, atención y solución.

Ha surgido así la propuesta de reformar el marco constitucional del país para estatuir de una manera genérica a los gobiernos comunitarios como el cuarto estrato de la gobernación nacional y, de hecho y forma, como la célula básica del edificio de dicha gobernación, en el entendido de que se trata de una forma de democracia participativa directa con vocación de autonomía en la toma de decisiones en asuntos que a las comunidades les competen.

De esta forma, aquéllas adquirirían voz, de la cual hoy carecen en tanto tales en el ambiente institucional, y se les dotaría de imputabilidad presupuestal de recursos federales, estatales y municipales, así como de la correspondiente responsabilidad en el uso de los mismos.

Las formas “espontáneas” de gobierno comunitario son muy variadas, dependiendo de factores de orden histórico, lingüístico, cultural, étnico, religioso y medioambiental, entre otros. Un factor de carácter general es el espacial, o sea el territorio en el cual obtienen identidad y sustento, si bien se dan casos de comunidades distribuidas en diversos espacios, pero, en todo caso, casi siempre existe un territorio originario que les dota de identidad.

El solo hecho de que se presente la necesidad de reformar el marco jurídico nacional para reconocer y estatuir a los gobiernos comunitarios ofrece importantes retos en el campo de las ciencias jurídicas y políticas, los cuales deben figurar de manera prominente en los diseños académicos, tanto para enseñanza como para investigación que requiere la concreción de la propuesta del Maestro González Casanova.

Es evidente que una vez aceptada la idea de instituir este cuarto estrato del edificio gubernativo del país se requerirán cuidadosos estudios sobre la relación de los gobiernos comunitarios –caracterizados por la democracia participativa y la horizontalidad– con los ayuntamientos, con sus cabildos, así como con los gobiernos estatales (cuyas constituciones en la mayor parte de los casos no contemplan la instancia comunitaria) y con el gobierno federal y su marco constitucional.

El campo de lo económico

Las cuestiones que se presentan en este ámbito son muy numerosas y con frecuencia complejas, y por consiguiente, demandarán el diseño y la adopción de programas especiales en materia de enseñanza e investigación. La complejidad parte en primer término de un conjunto de temas aún no resueltos por la propia ciencia económica.

Uno de particular importancia es el de la compatibilización del edificio teórico-analítico de lo micro con el correspondiente a lo macro económico. La primera dificultad en esta materia –sin perjuicio de muchas otras– es el llamado problema de composición que consiste en que en economía el todo no necesariamente es igual a la suma de las partes.

En el caso de comunidades cuyo régimen productivo interno, y aun el de relaciones de intercambio con el exterior, sean de tipo puramente comunal, la cuestión se simplifica, aun cuando el problema de composición continua vigente al analizar los espacios comunales con el resto de los espacios nacionales. Esto presenta por supuesto muy interesantes retos para la investigación y la docencia.

Problema de escala

Un segundo caso que requiere análisis es el problema de escala que presentan muchos espacios comunales –como muy atinadamente lo subrayó el Maestro González Casanova en su disertación–, si bien la dificultad puede superarse vía especialización e incorporación de tecnologías modernas o a través de esquemas de colaboración o “asociacionismo” conducentes a integraciones productivas y ampliación de la escala espacial colectiva entre comunidades. La experiencia italiana es muy rica en esta materia. En todo caso esta es una materia muy amplia que deberá ser contemplada en los programas académicos.

Es fundamental no pasar por alto el rechazo casi generalizado de las comunidades a los valores y formas de desempeño de las sociedades capitalistas. En principio, en muchos casos, sus modos de producción actuales y su propia selección de actividades tienen origen histórico y fueron producto del acoso de civilizaciones ajenas a lo largo de varios siglos e incluso de la expulsión o despojo de los territorios de sus ancestros, que dieron por resultado nuevos asentamientos en territorios de prodigalidad inferior. De tal suerte, la selección de actividades fue producto de una adaptación ecosistémica que con el tiempo se tradujo en una forma cultural. El estudio de las características y consecuencias de este fenómeno es de particular importancia y requiere el concurso de varias disciplinas además de la económica.

Al rechazarse la forma capitalista de organización económica, la acumulación de capital necesaria para un crecimiento económico al menos conmensurado con el demográfico tiene, forzosamente, que ser contemplado desde la perspectiva de las decisiones comunitarias. De igual suerte habrán de observarse las formas y mecanismos de reparto de los productos de la actividad económica. Surge así la necesidad de entender con claridad el concepto del buen vivir común a numerosas comunidades.

Una vez establecido el territorio de cada comunidad –en el sentido de espacio económico, de hábitat, de medio proveedor de sustento–; su dinámica demográfica; sus ideaciones existenciales y aspiraciones de vida; su forma de gobierno y, dentro de ella, su predisposición a planificar su futuro a mediano y largo plazo; resulta esencial indagar su percepción de necesidades de apoyo externo, sea de gobierno o de particulares. Resolver estas cuestiones es fundamental para enfrentar el problema de las interfases.

A menos que se trate de comunidades que prefieren decidirse por la empobrecedora vía de la autarquía, y dado que en la actualidad ya no es viable el recurso de las poblaciones primitivas o simplemente de la antigüedad de ampliar por extensión superficial su espacio económico, las comunidades desde su autonomía se enfrentan inevitablemente al problema de las interfases en su relación con el mundo circundante. El primero y más generalizado de los casos es el del intercambio o comercio, sea con otras comunidades o con el mundo capitalista prevaleciente en su exterioridad.

En el caso de otras comunidades suele presentarse con frecuencia el recurso al trueque, el que puede o no resultar favorable o neutro dependiendo de las percepciones de “valor de uso” de los participantes. Tratándose de intercambio con el mercado capitalista, si es a base de trueque siempre resultará desfavorable; y si es en valores monetarios, por lo general también lo será, en atención, por lo menos, a la enorme ventaja de información de que disponen los agentes económicos externos. Esta materia requiere también de cuidadosos estudios de campo que permitan mejorar las condiciones de negociación de las comunidades. La intervención del Estado es sin duda aconsejable y necesaria, como parte esencial de la red de protección social. Desafortunadamente en México aquélla ha sido prácticamente desmantelada desde los años noventa. Quedan solamente dos vestigios: DICONSA y LICONSA.

Tres factores pueden ayudar apreciablemente al menos a mitigar sino es que a resolver el problema de las interfases: la infraestructura y los servicios de transporte; la infraestructura y servicios de telecomunicaciones; y la aportación externa de información pertinente, abundante y oportuna:

a) La construcción de vías de transporte transitables en todo tiempo y con capacidad apropiada para los volúmenes que requieran las comunidades, puede trasformar de manera radical su capacidad de negociación en condiciones benéficas, además de su capacidad de interacción, cooperación y asociación con otras comunidades.

b) Las telecomunicaciones modernas, de hacerse accesibles –lo que incluye la alfabetización digital– constituyen en la actualidad un instrumento transformador de las condiciones de vida, de adquisición de conocimiento y de conectividad en los órdenes económico, cultural, familiar, social y político.

c) El tercer factor de fundamental importancia para potenciar las capacidades y mejorar el bienestar de las comunidades, de conformidad con su proyecto de vida, es el aporte de información por parte de las instituciones públicas acerca de las cuestiones críticas que inciden sobre su sistema productivo y su bienestar, si bien para ello se requiere el aporte de las telecomunicaciones. Tales son los casos siguientes, entre otros: pronósticos climáticos, técnicas de producción y nueva información científica relacionada con los ecosistemas; movimiento de las cosechas, niveles de precios en los diversos mercados pertinentes para las comunidades; condiciones sanitarias y epidemiológicas; novedades jurídicas pertinentes; votaciones emitidas por los diputados locales y federales relacionados con cada comunidad.

Todas estas materias merecen mayor indagación analítica económica y deben formar parte del curriculum básico para los estudiantes de especialidad y maestría que deseen involucrarse en el programa que nos ocupa.

Otra fundamental consideración que debe formar parte de la indagación universitaria sobre el tema de las comunidades es algo todavía no resuelto por la ciencia económica desde un punto de vista sistémico. Se refiere a la dimensión social del desarrollo y de la actividad económica en general. En tiempos recientes ha adquirido casi carácter axiomático el afirmar que la economía capitalista de mercado, dejada a su libre actuar sistémico, genera inevitablemente desigualdad social y concentración del ingreso y la riqueza. El modelo analítico ortodoxo de la economía capitalista de mercado supone la existencia de mercados de competencia perfecta –supuesto que padece de absoluta irrealidad– y la inexistencia de economías externas y rendimientos crecientes a escala.

La existencia de formas monopólicas y de rendimientos crecientes a escala por sí misma da lugar a una distribución desigual de los excedentes entre el capital y el trabajo y entre productores y consumidores, así como entre regiones, con acumulación histórica de actividades económicas modernas y las demás. En presencia de cambio tecnológico acelerado y continuo y de movimientos internacionales irrestrictos de capital, el empleo y los salarios crecen a menor ritmo que el producto, y, por consiguiente, la masa de salarios crece a un ritmo inferior que la de los beneficios del capital. La única forma conocida hasta ahora de contrarrestar estos fenómenos es la intervención de Estado.

Parecería que, en tales condiciones, no hubiera otra vía más que la señalada. Por ello es recomendable el estudio crítico del modelo de la “economía socialista de mercado” diseñado y propuesto por el insigne economista polaco, Oscar Lange, en los años treinta del siglo pasado (Oscar Lange [1936] “On the Economic Theory of Socialism”, The Review of Economic Studies, Part One, Vol. 4, No. 1; y Vol. 4, No. 2). En este magistral artículo científico, O. Lange resolvió la aparente imposibilidad de combinar la socialización del capital, la planificación económica y la descentralización del sistema de precios. Por esta misma razón su trabajo ha sido olvidado por la academia neoclásica y fue prohibido en la URSS y la Cuba socialista.

Dada la gran variedad de formas de agrupación y gobierno comunitarios es sin duda necesario empeñarse en el estudio de la microeconomía aplicable a los mismos. Esto hace necesario iniciar con la creación de una tipología sistémica de las formas comunitarias, sin limitar la tarea a los aspectos económicos, pues sería un error ignorar su arquitectura política, su antropología,  los componentes culturales y los determinantes ecosistémicos. Vista desde esta perspectiva la empresa no puede ser más que interdisciplinaria en el sentido estricto del término. El resultado que se espera obtener no puede ser producto de la mera agregación de productos obtenidos en cenáculos especializados.

Para abordar este reto podría ser útil el estudio de la experiencia de las  “comunidades libertarias” que en abundancia se formaron y existieron en Europa durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, así como las que surgieron en Palestina y continuaron después en el Estado de Israel.

Otra vertiente de desarrollos teóricos recientes que puede ser de extraordinaria utilidad para el propósito que nos ocupa es la que ofrecen la Nueva Geografía Económica y la Nueva Economía Espacial. Junto a ello convendría considerar la economía, la biología,  la agronomía y la política de la gestión de los recursos naturales comunitarios, en un medio cultural que concibe a los seres humanos –los “sapiens”–  como parte integrante de un continuo.

Habida cuenta de que el aislamiento y la autarquía absolutos no son opciones razonables ni racionales, es inevitable poner en juego para el análisis las determinaciones provenientes de centros imperiales, las que, se quiera o no, impactan a naciones enteras y por supuesto a sus células básicas, que son las comunidades.

Nota:

I. Presentación del autor en el panel Implicaciones para la investigación, docencia y difusión de la cultura del Foro Interdisciplinario “Institucionalización de la Acción Colectiva. Gobiernos Comunitarios. Desarrollo Local y Regional”, en el marco del Seminario Permanente sobre Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable, FCPyS, UNAM

Francisco Javier Alejo López Investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo. Es Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, con posgrado en Planificación Económica y Social en el ILPES de la ONU y licenciatura en Economía por la UNAM. Ha sido profesor en la ENE/UNAM, el ITAM y el Colmex, así como director de la Maestría en Economía en este último. Fue Subsecretario de Ingresos de la SHCP y de Promoción y Fomento en la Secretaría de Turismo; Secretario del Patrimonio Nacional; Embajador de México en Japón, Corea e Italia; y Vice- Presidente de la IFC del Banco Mundial. Es autor de tres libros y más de cien artículos sobre temas económicos, políticos y sociales. En 1971 recibió el Premio Nacional de Economía.