El presidente de la República ha abierto un nuevo frente de discusión: se trata ahora de una severa y en varios sentidos injusta crítica a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su afirmación respecto de que la comunidad universitaria no supo estar a la altura de las circunstancias para criticar y confrontar al neoliberalismo es lapidaria, y cierra la posibilidad de los matices que en estos temas siempre deben considerarse.
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Por ejemplo, el Seminario Universitario de la Cuestión Social, creado por acuerdo del entonces rector Juan Ramón de la Fuente, ha generado año con año, documentos y propuestas de cambio profundo en la economía; para la crítica del poder y del autoritarismo, para la defensa del Estado laico, y para afianzar la democracia.
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Testimonio de lo anterior se encuentra en los Diálogos por un México Social, que se realizan desde el 2008; y también los Informes sobre el Desarrollo en México, en los que año con año se critican las políticas económicas que ha seguido México y que lo han sumido en un estancamiento secular, en profundas condiciones de desigualdad y profundos saldos de pobreza.
Ahí está igualmente el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo y los múltiples documentos que desde hace más de 15 años ha propuesto, y del que forman parte, personalidades como el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de quien, sin duda alguna, no puede ni por asomo decirse que es “neoliberal” o representante de “la derecha política”.
Desde otras facultades, institutos, centros y programas de investigación, la UNAM ha promovido incansablemente el pensamiento crítico respecto de la realidad nacional, no sólo en el ámbito de la economía, también desde la creación, promoción y difusión de la cultura y la ciencia, desde las humanidades y desde las disciplinas sociales.
La UNAM es un crisol de visiones y posiciones sobre la realidad; y varios de sus principales valores se encuentran en el respecto a la diferencia, la tolerancia, la diversidad del pensamiento, la pluralidad política e ideológica, todo lo que está en la base de uno de los mayores tesoros universitarios: su libertad de cátedra vinculada a la libertad de pensamiento y creencias a las que tenemos derecho todas las personas.
Desde esta perspectiva, resulta positivo que el presidente de la República esté preocupado por la educación superior; y por ello qué bueno que convoque al diálogo; empero, lo primero que habría qué definir, para avanzar en acuerdos sustantivos al interior de las instituciones de educación superior, son precisamente las reglas del diálogo, primero frente a las autoridades del Estado, y, en segundo lugar, avanzar de manera ordenada a la reflexión interna.
Así, por ejemplo, la pregunta es cómo dialogar con la propia presidencia de la República; en un ejercicio de respeto y entendimiento; donde la cordialidad y la firmeza de los argumentos marquen la pauta, y no la descalificación y el adjetivo asignado a priori.
De igual forma, resulta de enorme oportunidad la invitación que hace el Ejecutivo a dialogar, porque entonces plantea el reto de cómo construir los puentes de comunicación con la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ¿por qué no plantear un diálogo entre las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, con todos los rectores de las Universidades Públicas del país?
En ese diálogo, por ejemplo, las y los diputados podrían escuchar de viva voz, cuál es el diagnóstico de la universidad pública en el país; cuáles son las necesidades presupuestales; cuáles son las estrategias que pueden implementarse para aliviar la presión financiera y presupuestaria de todas ellas; y sobre todo, cómo avanzar hacia una educación superior de mayor cobertura y de calidad en la enseñanza, que sin duda alguna debe robustecer al pensamiento crítico, y ampliar la vocación humanística que, es cierto, en algunos momentos se planteó, por representantes de la derecha, desaparecer de planes de estudios en educación media, media superior e incluso en algunas instituciones de educación superior.
El diálogo con el Congreso debería incluir igualmente, la responsabilidad conjunta de reflexionar y contribuir a dar cumplimiento irrestricto del mandato del Artículo 3º de la Constitución, sobre todo en lo relativo a su Fracción II, la cual establece que el criterio que orienta a la educación pública debe basarse en los resultados del progreso científico, luchas contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Otro de los puntos que deben debatirse, de forma franca con el Congreso de la Unión, es cómo se puede avanzar para robustecer la autonomía de las universidades públicas; y cómo se les mantiene a salvo de las tentaciones del poder, en todos los ámbitos y niveles, garantizando en todo momento la transparencia, rendición de cuentas y adecuado ejercicio de sus presupuestos.
La estigmatización del saber y de su producción ha producido nefastas consecuencias en la historia: las quemas de libros, la confiscación de imprentas, o incluso excesos terribles como el montaje de exposiciones de estigmatización como cuando se llegó a calificar al arte como “degenerado”, han derivado siempre en la persecución, estigmatización y victimización de quienes no piensan como quien ejerce el poder.
Por ello es necesario reiterar que, si algo caracteriza a las universidades públicas, y particularmente la UNAM, es su vocación de diálogo público; su compromiso con la discusión pública y con la confrontación de posturas y visiones, en la cual se combaten sin tregua las ideas, pero siempre promoviendo el respeto a las personas y su dignidad.
Construir una sociedad de igualdad, de justicia social y donde pueda erradicarse de manera definitiva a la pobreza necesita de universidades fuertes, vigorosas, donde el pensamiento libre sea siempre más libre; donde, como lo decía el poeta Octavio Paz, podamos vivir en libertad bajo palabra, con esa palabra que se inventa y nos inventa cada día.
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