por Raúl Plascencia Villanueva
Resulta indispensable profundizar en el conocimiento de los derechos humanos, ya que la mayoría de los mexicanos reconocen el concepto, pero difícilmente identifican sus contenidos
En los últimos años es posible observar importantes avances en la defensa de los derechos humanos, sin embargo, aún persisten en el Estado mexicano prácticas que inciden en su violación, lo cual se puede advertir en el incremento de quejas en los organismos encargados de su protección.
De ahí la importancia de la reforma constitucional del pasado 10 de junio de 2011, que puede ser considerada como la de mayor profundidad y trascendencia en la historia moderna de nuestro país. Los cambios introducidos a nuestro ordenamiento jurídico corresponden a los que suelen denominarse de tercera generación de desarrollo institucional, dado que reconocen un mayor campo de protección a la sociedad en general, y fortalecen a las instituciones del Estado mexicano.
La reforma permite que los organismos defensores de los derechos humanos tengan una intervención más eficaz, que facilita su labor y garantiza un desempeño libre de cualquier obstáculo o entorpecimiento por parte de servidores públicos.
De esta manera, es posible vislumbrar un panorama más alentador en el ámbito de la tutela de tales derechos, con lo cual nuestro país responde a los compromisos internacionalmente adquiridos.
En la búsqueda de alternativas que propicien el mejoramiento en el acceso a la justicia, la educación representa, sin duda, una de las mejores opciones para alcanzar el objetivo del desarrollo pleno en el ámbito nacional, a fin de hacer realidad los ideales que desde sus orígenes se plantearon.
Es necesario desplegar un intenso trabajo para la difusión de los derechos humanos como condición para que cada persona cuente con el conocimiento de sus derechos y la certeza de que puede exigir su cumplimiento.
Es importante que los servidores públicos reciban una formación que les permita no sólo conocer sino entender qué son los derechos humanos y la importancia de su observancia, que eviten transgredirlos y se conduzcan conforme a la ley.
Para los organismos públicos que promueven y defienden los principios humanistas son relevantes las acciones que tiendan a reducir la violación de los derechos de los individuos, así como trabajar en tareas de prevención de los abusos y omisiones de la autoridad mediante estrategias integrales que propicien que los servidores públicos y la sociedad en general asuma pleno compromiso en torno a éstos.
En un mundo basado en el conocimiento, la enseñanza es la mejor inversión que los países pueden hacer para la construcción de una sociedad más próspera y equitativa, en virtud de que incentiva el potencial de las personas y los dota de medios para transformar realidad, lo cual redundara en beneficio de las generaciones futuras.•