por Verónica Malo / María Fernanda Diez-Torres
El sistema de protección social del Estado mexicano enfrenta retos formidables. El más acuciante es lograr que sea sostenible y equitativo.
En México, la pobreza, la vulnerabilidad a choques externos y la desigualdad socioeconómicas se caracterizan por su persistencia y anquilosamiento en determinados estratos y sectores poblacionales. De allí que sea fundamental que las estrategias para el combate a la inequidad y a los rezagos sociales incorporen la comprensión y la atención a riesgos que enfrenta la población ante la incidencia de eventos sistémicos y catastróficos (López-Calva, L.F. & E. Ortiz-Juárez, 2011).
Si bien las políticas públicas en el ámbito de bienestar social han alcanzado avances importantes, no han logrado garantizar el principio de equidad social: brindar protección social efectiva a toda la población.
Idealmente, bajo este principio, un sistema de protección social debe caracterizarse por otorgar igualdad de oportunidades, abonar a la movilidad social y proveer acceso real a servicios de atención médica (I). Dicho de otro modo, para impulsar la movilidad socioeconómica ascendente es requisito contar con un esquema integral de protección social universal. Con éste se acrecentaría la igualdad de oportunidades en México y los individuos dependerían en mayor medida de su talento y esfuerzo para ascender.
Las instituciones encargadas de proveer seguridad social por la vía del empleo formal, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), basaron su creación en el supuesto de un crecimiento económico constante y la expansión del empleo formal. Se esperaba, por tanto, que el sistema de seguridad social beneficiara a toda la población sin excepciones. Sin embargo, lo que de hecho ocurre es que la seguridad social beneficia sólo a quienes están vinculados al mercado laboral formal.
Entre 1992 y 2010, la porción de hogares cuyo jefe no contó con cobertura de seguridad social pasó de 69% a 53%; no importó que en ese mismo periodo el gasto destinado a desarrollo social se incrementase en más de 300% en términos reales (60% del gasto programable total) (III). Para 2010, un 86% de los dos deciles más pobres de la población aún no gozaban de cobertura de seguridad social alguna.
Para lograr una mayor movilidad social se requiere contar con un sistema de protección social, el cual otorgue un piso mínimo de igualdad de oportunidades, a través de un acceso equitativo y real a todos los ciudadanos, a lo largo de su vida. Lo cual incluye salud, educación y pensiones.
La problemática asociada al sistema dual de seguridad social reside en que, por un lado, el aumento en la cobertura no puede garantizarse, pues depende del crecimiento económico formal sostenido (las prestaciones a los trabajadores son financiadas en su mayoría por sus contribuciones y de las empresas del sector formal), mientras que, por el otro, la protección social otorgada por el Gobierno Federal se financia, casi por completo, con recursos públicos. Ello conlleva a la insostenibilidad financiera del esquema.
El sistema de seguridad social debe de ser universal, real y sostenible. Ofrecer a la población un piso mínimo, mediante el cual no deba desembolsar parte de su ingreso para cubrir enfermedades, accidentes o muerte. Lo anterior no sólo desequilibra el gasto -dependerá del ingreso si el impacto es como de gasto catastrófico-, sino que se convierte de hecho en una barrera más para ascender en los quintiles socioeconómicos. Por ello se requiere un sistema de protección social que provea al individuo en sus necesidades de cobertura básica.
Naturalmente, crear un sistema con estas características presenta retos como son el diseño e implementación para la convergencia del sistema dual de protección social, la aprobación de su fuente de financiamiento, el tránsito político y las reformas legislativas necesarias para su implementación.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha calculado que dicho sistema integral de protección social costaría alrededor de 5% del PIB, menos un 1.8% que constituye el gasto que ya hace el Estado Mexicano (CEEY, 2012).
México es un país desigual y lo ha sido durante mucho tiempo. Se ha reflejado en su escasa movilidad social, por ello es necesario conformar un nuevo pacto social que brinde a cada mexicano derechos sociales efectivos, así como responsabilidades fiscales a todos los ciudadanos. Se debe garantizar, pues, la protección social universal financiada a través de impuestos y contribuciones generalizadas y sin privilegios (CEEY, 2013). La política social debiera ser un motor redistributivo para mejorar la competitividad de las empresas; la hacendaria, un motor para el crecimiento económico con equidad a través de la promoción a la productividad.
A modo de recapitulación: la población está expuesta a riesgos. La materialización de éstos destruye sus condiciones de vida y los fuerza a cambiar la orientación de sus acciones de largo plazo en favor de la más inmediata sobrevivencia. Ello tiene consecuencias sobre el bienestar en la vejez y sobre las generaciones futuras. Por ello es indispensable revisar los programas sociales y asegurar aquéllos que son motor redistributivo. Imperante el reestructurar y ofrecer un sistema de protección universal real, el cual disminuya la vulnerabilidad de la población a los incidentes sistémicos.
La oportunidad de poder dedicar sus ingresos a invertir en una mejor educación, en mejoras en su hogar y no tener que desembolsar por falta de un piso mínimo de igualdades, aportaría a mejorar la movilidad social de la población.
Nota:
I. Sin olvidar otros componentes específicos, como son: seguros contra enfermedad, incapacidad, invalidez y riesgos laborales; esquemas de pensiones y jubilaciones; seguros contra desempleo, quiebra de negocios y/o pérdida de activos por eventos naturales, entre otros.
II. Los datos son de 2012.
III. Que incluye el Programa “Prospera” (antes Progresa-Oportunidades), el Seguro Popular, y diversos programas estatales y federales para adultos mayores.
Referencias:
I. CEEY. (2012). El México del 2012. Reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social. México: CEEY.
II. CEEY. (2013). El México del 2013. Propuestas para una pensión universal. México: CEEY
III. López-Calva, L.F., & Ortiz-Juárez, E. (2011). A Vulnerability Approach to the Definition of the Middle Class. Mayo de 2015, de The World Bank Latin America and the Caribbean Region Poverty, Equity and Gender Unit Sitio web: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5902
| Verónica Malo Directora del Programa de Desarrollo Social con Equidad del CEEY. Es licenciada en Ciencia Política por el ITAM. Obtuvo la Maestría y Doctorado en Gobierno por la Universidad de Georgetown. Ha ocupado diversos puestos directivos en la administración pública, entre ellos, Titular de Unidad de Presidencia de la República (1998-2000). Fernanda Diez-Torres Directora de Relaciones Institucionales del CEEY. Es abogada y economista por la UDLAP. Ha ocupado distintos puestos en el Gobierno de Puebla; entre otros, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Exterior, Secretaria de Desarrollo Social, y Directora del DIF Municipal. @Fer10Torres |
