La Asamblea General de las Naciones Unidas definió, en 1999, que el día 25 de noviembre de cada año se conmemoraría el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sobre el particular es más que evidente que en México hay un rotundo fracaso que se ha acumulado durante décadas y que en los años recientes vive uno de sus momentos más escalofriantes.
Escrito por: Saúl Arellano
De acuerdo con los datos del INEGI, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han vivió a lo largo de su vida, al menos un episodio de violencia. De manera particular, del total de mujeres mayores de 15 años el 51.6% ha sufrido violencia psicológica; 34.7% ha vivido violencia física; 49.7% ha sido víctima de violencia sexual y 27.4% ha enfrentado la violencia psicológica.
Es importante destacar que del total de mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia física o sexual en pareja, únicamente el 13.1% presentó una denuncia ante las autoridades, dato que revela la ausencia de mecanismos de ayuda, acompañamiento y protección, pues sin duda, el miedo y la percepción de impunidad juegan un papel determinante en ese indicador.
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En México, lo que se ha hecho en materia de garantía del derecho a la igualdad, y particularmente, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, es mínimo; y peor aún, lo poco que se ha implementado se ha hecho desde perspectivas equívocas y con impactos prácticamente nulos.
La política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido no solo omisa en la materia, sino completamente hostil a los movimientos feministas, argumentando que se trata de “modas neoliberales”, como si Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Zetkin, Rith Bader Ginsburg, Angela Davis y las miles de mujeres que han pavimentado el camino de los feminismos contemporáneos hubiesen nacido ayer y como si sus luchas pudieran ser ignoradas y desechadas por la demagogia machista del Ejecutivo Federal.
Hay una larga lista de lo que se debe hacer, y entre los elementos más destacados se encuentran:
Primero, a nivel estructural, la construcción de un poderoso sistema nacional de cuidados, que permita que las mujeres puedan liberar el tiempo que dedican al trabajo doméstico no remunerado, especialmente el cuidado de personas enfermas, personas con alguna discapacidad o niñas y niños pequeños. Sobre cómo construirlo y cómo financiarlo hay numerosos estudios y propuestas, todos, con sus particularidades, realizables en el corto y mediano plazo.
Segundo, un sistema educativo nacional que garantice no solo cobertura universal, sino también servicios de calidad y tiempo completo desde el preescolar hasta el bachillerato, con el objetivo de que las escuelas se conviertan en espacios de coordinación de toda la oferta social del Estado, y especialmente, en centros proveedores de servicios complementarios como la vacunación universal, servicios preventivos de salud dental y oftalmológica; servicios de salud mental; servicios de salud preventiva y servicios de asistencia social alimentaria. También para esto tendríamos recursos suficientes, pero las prioridades de gobierno tendrían que cambiar radicalmente.
Es urgente reconstruir la red nacional de refugios y servicios de atención primaria y de seguimiento a la violencia de género. Esto permitiría que miles de mujeres que no puede apartarse de sus agresores, cuenten con la oportunidad de salir de los espacios físicos donde el maltrato se ejerce con impunidad, así como garantizar espacios seguros para sus hijas e hijos.
En el ámbito de la seguridad pública es urgente construir también una nueva estrategia de prevención y erradicación de la violencia sexual y de los feminicidios, pues todos los indicadores en la materia señalan incrementos de cercanos o incluso superiores al 100% en las carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la familia, violación simple y equiparada, acoso sexual y abuso sexual, entre los años 2018 y 2022.
Uno de los errores más graves que ha cometido el gobierno mexicano, en todos sus niveles, pero que en esta administración se ha acentuado radicalmente, es diseñar políticas públicas desde una visión romantizada de las familias. En todos los discursos se habla de esta estructura como “del cemento social”, y el Ejecutivo Federal ha repetido una y otra vez que es la principal institución de seguridad social en México.
Pero no hay nada que sustente tal afirmación; porque sólo el indicador relativo a la distribución inequitativa del trabajo doméstico no remunerado permite sostener que antes bien, la mayoría de las familias no son estructuras “naturalmente justas”. Por ello requerimos de una nueva política pública que contribuya a que se conviertan, en la medida de lo posible, en espacios para el desarrollo de pedagogías de la igualdad, donde las relaciones no sean de opresión y violencia; y donde haya equidad, protección cariñosa, solidaria y empática entre sus integrantes.
La violencia machista y misógina sigue ahí; la vemos en el trato que dan medios de comunicación que revictimizan a las jóvenes que tiran muertas en las calles; en el trato abusivo de las autoridades, sobre todo en las de procuración de justicia, donde pesa más el dinero que el sentido de servicio público y protección a los derechos humanos; y lo mismo se da en las instancias de impartición de justicia, donde la perspectiva de género sigue siendo una de las grandes y permanentes ausencias.
La violencia en contra de las mujeres debe parar ya, pues donde hay violencia, continuará habiendo injusticia y desigualdad.
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Investigador del PUED-UNAM
