por Magdalena Sepúlveda
La desigualdad se ha convertido en una preocupación global; las estadísticas muestran que, en los últimos años, ha aumentado dentro de los países ricos, en países de ingresos medios y en países en desarrollo, en casi todas las regiones del mundo
A partir de la crisis económica del 2008, la desigualdad pasó de ser un tema invisibilizado, excepto en ciertos círculos progresistas y académicos, a ser un tema en boga. Hasta en los círculos más exclusivos de los ricos y famosos, como es el Foro Económico Mundial de Davos, no han faltado las discusiones sobre desigualdad en los últimos años. Desgraciadamente, esta retórica no se ha traducido en la práctica en acciones efectivas para enfrentar la crisis en que nos encontramos.
Uno de los muchos impactos negativos de los niveles históricos de desigualdad en que vivimos es el hecho de que atenta a un principio básico de todas nuestras sociedades: el principio de que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a igual protección por parte de la justicia.
Frente a los altos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, millones de personas en todo el mundo no sólo están excluidas de participar plenamente en la sociedad, sino que además no tienen acceso a servicios sociales básicos, incluido el acceso a la justicia.
La exclusión de las personas que viven en pobreza de la protección provista por la ley no solo los expone a privaciones injustas de su libertad, abusos, violencia, intimidación y corrupción, sino que además tiene un enorme impacto en sus medios de vida y les impide mejorar su situación y la de sus hijos, a pesar de sus esfuerzos.
La falta de acceso a la justicia es una de las principales razones por las que las personas caen y permanecen en la pobreza extrema, así el acceso a la justicia no es solo un derecho humano en sí mismo, sino también una herramienta esencial para combatir la pobreza y sus causas.
Con demasiada frecuencia pensamos que la pobreza se caracteriza simplemente por la falta de ingresos. En realidad, es un fenómeno multidimensional que abarca una falta crónica de recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder.
Por lo tanto, luchar contra la pobreza no solo requiere mejorar los niveles de ingresos y el acceso a la vivienda, la alimentación, la educación, los servicios de salud, el acceso al agua y al saneamiento.
Es necesario también que las personas que viven en pobreza tengan los recursos, las capacidades, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar todos los derechos humanos. El acceso a la justicia juega un papel crucial en cada uno de los elementos de esta ecuación.
Sin un acceso equitativo a la justicia, las personas que viven en la pobreza no pueden reclamar sus derechos ni desafiar los delitos, abusos o violaciones cometidas contra ellos, atrapándolos en un ciclo de impunidad, privación y exclusión.
La relación entre la pobreza y la falta de acceso a la justicia es un círculo vicioso: la incapacidad de quienes viven en pobreza para acceder a la justicia aumenta su vulnerabilidad a la pobreza y a padecer violaciones a sus derechos. A mayor vulnerabilidad y exclusión disminuye su capacidad para acceder a la justicia.
Los obstáculos que impiden que las personas que viven en pobreza acceder a la justiciar son múltiples y multifacéticos. Estos incluyen barreras económicas, sociales, y prácticas. Pensemos, por ejemplo, en los costos de abogados, acceder a documentos y los costos judiciales; la distancia geográfica entre el lugar donde viven y la estaciones de policía (a menudo muy alejados de las zonas rurales y los asentamientos informales donde vive la mayoría de los pobres del mundo) y de los tribunales; así como los costos adicionales de tiempo y de oportunidad que implica un caso judicial.
Quienes viven en pobreza también sufren más cuando los mecanismos de justicia son corruptos o ineficaces, puesto que son quienes menos pueden permitirse los sobornos exigidos o los largos retrasos del sistema judicial.
La complejidad innecesaria y los requisitos formales de los procesos judiciales también tienen un impacto desproporcionado en ellos, debido a su falta de información y conocimiento sobre la ley y sus derechos.
Los que viven en pobreza no solo se enfrentan a este conjunto complejo de barreras que les impiden acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la población, sino que además se enfrentan a obstáculos insalvables para maniobrar dentro o fuera del sistema de justicia con consecuencias económicas y sociales devastadoras.
En muchos países, existe un uso abusivo de la detención y el encarcelamiento que afecta desproporcionadamente a los más pobres. Debido a varios factores, entre ellos los arraigados perjuicios en contra de la pobreza, se tiende a considerar a todos quienes viven en pobreza como criminales, esto hace que los más pobres entren en contacto con el sistema de justicia penal con una mayor frecuencia que el resto de la población.
La detención y el encarcelamiento, incluso por delitos menores no violentos, representan una grave amenaza para la estabilidad financiera de toda la familia del detenido y sirven para perpetuar el ciclo de la pobreza.
La detención -en muchos casos previa a una sentencia judicial porque no tiene dinero para pagar una fianza – a menudo resulta en una pérdida de ingresos (por la pérdida de empleo o de la fuente de sustento para quienes trabajan en el sector informal).
La imposición de antecedentes penales crea un obstáculo adicional para encontrar empleo o acceder a los recursos financieros necesarios para emprender una actividad económica informal. La detención y el encarcelamiento también pueden tener serias implicaciones para la salud de los más pobres, que están sujetos a las peores condiciones carcelarias, incluido el hacinamiento, instalaciones de higiene inadecuadas, la transmisión rampante de enfermedades y una atención médica inadecuada.
Por lo tanto, es altamente probable que quien es pobre, salga de la detención con una profunda desventaja económica, física y personal. Esto plantea serias dudas respecto del impacto en la pobreza y la desigualdad de los sistemas de justicia que dependen de manera excesiva de la privación de libertad.
Asegurarse de que todos, sobre todo los más desfavorecidos, tengan acceso efectivo a la justicia no solo es un derecho humano, sino también una herramienta esencial para reducir la pobreza y la desigualdad y fomentar la inclusión social.
El acceso equitativo a la justicia puede servir para proteger y mejorar los ingresos y los medios de vida de las personas que viven en pobreza, pero además puede promover sus capacidades, opciones, seguridad y poder.
Por ejemplo, el acceso a la justicia puede proteger a los más pobres de la explotación sexual o económica, a la que a menudo son vulnerables debido a su marginación y falta de poder. El acceso efectivo a la justicia también puede proteger sus medios de subsistencia, sus ingresos y sus activos al prevenir o remediar su explotación por parte de actores públicos o privados poderosos, ya que permite hacer valer derechos laborales contra empleadores inescrupulosos o derechos a la tierra contra industrias extractivas abusivas.
De esta forma, asegurarse que los sistemas de justicia sean accesibles a los más pobres y vulnerables puede ser una herramienta efectiva para asegurar que tengan acceso a servicios públicos básicos y para prevenir privaciones.
La violencia y el conflicto, que perpetúan la desigualdad y la pobreza, pueden reducirse mediante la provisión de canales justos y eficaces para la resolución pacífica de conflictos.
Finalmente, un mejor acceso a la justicia mejora también la rendición de cuentas y reduce la impunidad, asegurando que las instituciones públicas y privadas, incluidos los proveedores de servicios públicos, sean responsables ante la población a la que sirven.
En conclusión, en los tiempos que vivimos, con niveles históricos de desigualdad, una tarea prioritaria en la protección de los derechos debiera ser el asegurar el acceso a la justicia por los más pobres. Asegurar el acceso a la justicia por quienes viven en pobreza es fundamental para asegurar el principio básico de la igualdad ante la ley y es vehículo para luchar contra la discriminación y la desigualdad.
La doctora Magdalena Sepúlveda es la Antigua Relatora de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Actualmente es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) @Magda_Sepul
