El crecimiento de los precios nos sigue agobiando, es mayor de lo que se esperaba y está causando más impactos que lo previsto a mediados del año, sus determinantes ya cambiaron, y las medidas iniciales para controlarla no dieron los resultados esperados o fueron contraproducentes.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Es probable que las nuevas medidas para enfrentar la inflación estén abriendo la puerta a consecuencias indeseadas, y, además, tampoco tienen muchas probabilidades de éxito. Me refiero al acuerdo que el Gobierno Federal dio a conocer el pasado 3 de octubre, que complementó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) de cinco meses atrás.
No se dijo así, pero, de entrada, con los nuevos anuncios se admitió implícitamente que los primeros intentos por limitar el encarecimiento de la canasta básica no funcionaron bien o se quedaron cortos. Cuando se dio a conocer el primer conjunto de medidas, a principios de mayo, la inflación anual llegaba a 7.7%, y al presentarse el nuevo acuerdo la iba en 8.7% ¿Pudo ser peor? Sí, y sin el subsidio a combustibles el aumento promedio de precios habría pasado de 11% por ciento, según dice la Secretaría de Hacienda. En los alimentos el incremento llega a 13.4% que es el conjunto en el que más se buscaba frenar los aumentos.
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Ahora, lo que se acordó fue sobre todo la exención total de trámites, permisos e impuestos para la importación de alimentos y de los insumos necesarios para su envase, y también para la distribución de los productos. Esto incluye suspender los controles sanitarios y de calidad de los productos, y en general de toda acción gubernamental que se considere afecte la entrada de alimentos al país y su comercialización.
Al instrumento que formaliza esto se le llamó licencia única universal, y con ella las empresas incluidas se autorregularían, y dejarán de ser vigiladas y verificadas por las autoridades, a excepción de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. El comunicado oficial dice que las empresas y el propio gobierno que esta institución “tenga suficiente autoridad y facultad de sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en la cadena de intermediación y distribución de alimentos” https://bit.ly/3CTJtHG
Es difícil encontrar, al menos en los últimos cuarenta años, un episodio en el que la propia Presidencia de la República lance una acción tan radical de El acuerdo desregulatorio, casi total, de una actividad económica o de un grupo de empresas. Hay una curiosa si no es que extravagante coincidencia entre estos ánimos desreguladores y el viejo anhelo neoliberal y hasta libertario de quienes buscan reducir en todo lo posible la inspección o cualquier intervención gubernamental que sea vista como estorbosa.
El propio Presidente aseguró que la licencia única universal es para que las empresas “no tengan que padecer por el vía crucis que significa hacer trámites en distintas dependencias (y que) hay que simplificar todo para que esto no nos afecte”. El acuerdo del 3 de octubre fue mucho más allá de una simplificación, ya no digamos de una mejora regulatoria. ¿La urgencia por controlar la inflación justifica correr tantos riesgos fitosanitarios y de salud, así sea solo durante el periodo en el que esté vigente el acuerdo?
No se sabe, al menos públicamente, cómo fue que se pactó una medida de tal alcance, pero con ella se logró una de las principales aspiraciones neoliberales para delimitar la acción pública. Este será un “experimento natural” que vale la pena observar, pues serán muy grandes las tentaciones para extenderlo a otras actividades y prolongarlo indefinidamente. Por lo demás, siempre habrá urgencias y otras áreas productivas en las que los trámites sean un viacrucis, pues no se ha emprendido un esfuerzo serio por mejorar la siempre incómoda regulación, y más bien hay un desprecio y un abandono de las tareas operativas de la gestión pública.
Tampoco se sabe qué ocurrió los meses recientes como para que se haya dado tal salto al vacío. En mayo pasado, cuando se emitieron las primeras medidas contra la inflación se precisó, correctamente, que los importadores no quedaban exentos “de la obligación de cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias … necesarias para proteger la vida y la seguridad de todas las personas” https://bit.ly/3Te7hLF lo cual implicaba que se seguirían llevando a cabo las acciones de la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y de la Comisión Federal (SENASICA) para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que ahora quedaron relevadas de su responsabilidad, por orden del propio Gobierno.
Por lo demás, tampoco es seguro que con estas medidas se logre el objetivo de bajar el nievel de precios de la canasta básica, y no solo limitar su crecimiento. Es deseable que ocurra, sin duda, pues con el encarecimiento que bienen registrando los alimentos y otros productos de dicha canasta, puede empeorara la condición de los grupos más pobres, a los que más está afectando la inflación.
De manera correcta, las autoridades caracterizaron el problema de los precios como de oferta, no de demanda, y todo aquello que se haga para favorecer el aumento de la disponibilidad de alimentos y de otros bienes básico será positivo, sea por la producción nacional o por las importaciones, e incluso por las restricciones a las exportaciones. Como sea, hasta ahora no hay explicación creíble que justifique la desregulación más radical que hayamos visto, dejando las medidas “necesarias para proteger la vida y la seguridad de todas las personas” al arbitrio de las importadoras de alimentos. ¿O no había opciones intermedias para que SENASICA y COFEPRIS cumplieran con su tarea sin tener que abandonar la plaza?.
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