La nueva estrategia del gobierno federal para combatir la inseguridad en Guanajuato tuvo un efecto inesperado: el fortalecimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Por: POPLab | David Saucedo @David_Saucedo_
Más allá de la narrativa oficial, emitida en esta ocasión por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, la guerra de cárteles que azota al estado de Guanajuato está muy lejos de llegar a su fin. La nueva estrategia de combate a la inseguridad en la entidad, diseñada y dirigida en su totalidad por el gobierno federal, ha sido un completo fracaso y ha tenido un efecto nocivo que advertimos y anticipamos oportunamente: la recuperación del poder de fuego del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y de su líder, José Antonio Yépez (a) El Marro.
La Guerra Cárteles en el estado de Guanajuato ha pasado por tres etapas. Cuando dio inicio la invasión del estado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades estatales y federales se replegaron en espera de los nuevos reacomodos que habría entre los distintos cárteles con presencia en la entidad. Varias mafias locales hicieron frente a los invasores (Unión de León, CSRL, Grupo Sombra) y el estado se tiñó de rojo. Con la declaración de guerra del gobierno federal en contra el robo de combustible de los ductos de PEMEX, ocurrida a principios del año pasado, dio inicio la segunda fase de la guerra. Se generó una alianza de facto entre el gobierno estatal, el gobierno federal y el CJNG para aniquilar a los huachicoleros agrupados en el CSRL.
La tercera fase comenzó con la decisión del gobierno federal de atacar a ambos cárteles al mismo tiempo. Empezó a principios de año y se mantiene vigente al día de hoy. Con la escalada global de violencia generalizada en todo el país, el número de homicidios que se cometen en Guanajuato obligó al gobierno federal a generar un “plan de batalla”, a diseñar escenarios y plantear estrategias desde los salones de Palacio Nacional. Aparentemente, se trataba de un traje a la medida de las necesidades de Guanajuato.
Pero como suele ocurrir con todos los planes diseñados sobre las rodillas y desde la Ciudad de México, la “estrategia” tenía (tiene) fallas de origen que será necesario corregir con prontitud. Para medir su impacto basta con hacer una simple operación aritmética. Si en el mes de diciembre había “N” elementos de fuerzas estatales y federales combatiendo al Marro y si para el mes de enero un porcentaje importante de dichas fuerzas estaban lanzando operativos simultáneos, contra el CJNG (como la desarticulación de toda la jefatura de plaza de dicho cártel en el municipio de Silao), entonces los efectivos que atacan actualmente al Marro son N/2.
Integrantes del CJNG que conformaban la jefatura de plaza de dicho cártel en Silao, detenidos en un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales. Foto distribuida por la Guardia Nacional.
Si el TUCOM (Todos Unidos contra el Marro) no pudo derrotar al CSRL, medio TUCOM o un porcentaje del TUCOM no tendrá mejores resultados. AMLO ordenó un viraje en la estrategia de combate a los narcos que se pelean el control del estado de Guanajuato, siguiendo un principio (el gobierno federal no negocia con ningún cártel, los combate a todos por igual) y una coyuntura (la presión de los medios de comunicación que en cada conferencia mañanera citaban a Guanajuato como el estado en donde se cometen el 20% del total de los homicidios registrados en todo el país).
Pero la decisión de atacar a los dos cárteles al mismo tiempo, por presiones mediáticas y basados en un análisis simplista de la situación de inseguridad que hay en Guanajuato, lamentablemente no disminuirá los índices de violencia. Sin duda se trata de una decisión salomónica, profundamente ética, pero que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista táctico-militar.
La nueva estrategia del gobierno federal proporcionó al Marro un auténtico tanque de oxígeno para reposicionarse en el campo de batalla. Le dio un respiro que le permitió pasar nuevamente a la ofensiva. No estaba derrotado, ni mucho menos, pero ya no tiene que enfrentar un embate combinado. Ahora los golpes se reparten entre los dos cárteles. La recuperación del CSRL es evidente. En las últimas semanas el Marro volvió a realizar narcobloqueos en seis municipios, hizo estallar un coche bomba en instalaciones de la Guardia Nacional, ordenó la ejecución del subdirector de policía de Tarimoro y prácticamente desmanteló la capacidad operativa de la policía de Celaya con la ejecución de dos mandos (el brazo derecho e izquierdo) de Miguel Ángel Simental, ex comisario de la Policía Federal en el estado de Guanajuato y actual secretario de Seguridad Pública de Celaya. El Marro está de regreso.
Homicidios dolosos cometidos en los meses de enero y febrero de 2020, comparados con los homicidios cometidos el año pasado, en el mismo periodo. La nueva estrategia el gobierno federal para combatir la inseguridad en Guanajuato no está funcionando. Infografia del periódico *AM*.
Para desarticular a un cártel de nivel medio como el Cártel de Santa Rosa de Lima se necesitan de 2 a 3 años aproximadamente. Ese fue el tiempo en el que cárteles como la Familia Michoacana (FM) y los Zetas tardaron en ser neutralizados por las fuerzas estatales y federales. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, desde la detención de 10 presidentes municipales que colaboran con la FM, ocurrida en mayo de 2009 (el famoso Michoacanazo), hasta la captura de Jesús Méndez Vargas alias “El Chango”, último líder de dicho cártel, ocurrida en junio de 2011, transcurrieron 2 años. En el norte del país, la ofensiva conjunta del Ejército Mexicano y la Marina contra los Zetas, dio inicio en noviembre de 2010, con grandes despliegues en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luego de la muerte de Heriberto Lazcano, alias el Lazca, y la posterior aprehensión de su segundo al mando, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, en julio de 2013, por parte de fuerzas federales, el cártel se dividió y comenzó su declive. Las autoridades tardaron casi tres años en minar la capacidad operativa de los desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército (GAFES), que fueron los miembros fundadores del Cártel de los Zetas. Por cierto, una brigada de los “renovados” GAFES opera actualmente en Guanajuato combatiendo a los cárteles de la droga.
Ni los Zetas ni la FM fueron desarticulados por completo. Se desataron guerras de sucesión entre los liderazgos de ambas organizaciones lo que provocó su fragmentación y el surgimiento de nuevos grupos (los Caballeros Templarios y el Cártel del Noreste), pero sin la misma capacidad de fuego que los cárteles que les dieron origen.
¿Por qué tarda tanto tiempo la desarticulación de una organización criminal dedicada al narcotráfico? A diferencia de una banda de asaltabancos, secuestradores, o robacoches, los cárteles de la droga construyen anillos de protección política, social y policiaca que es difícil descubrir, intervenir y extirpar. Por ejemplo, con el Michoacanazo, el entonces presidente Felipe Calderón intentó diluir, de un plumazo, el respaldo que la FM recibía de alcaldes y directores de policía de su estado natal. Fracasó en el intento, pero el objetivo era claramente minar el poder político y la protección policiaca regionales que disfrutaban los narcos. Estaba claro que no solo con operativos, retenes y detención de líderes del cartel, este dejaría de operar. Había que atacar sus bases de sustentación, al mismo tiempo que emprender una cacería de los mandos medios y superiores.
En Guanajuato, durante todo el año 2019, las fuerzas estatales, federales y el CJNG lanzaron una embestida combinada contra el Marro. No lo derrotaron, pero avanzaron posiciones y empezaron a mermar su fuerza, aunque a un ritmo desesperantemente lento. Congelaron cuentas bancarias, confiscaron propiedades, detuvieron a varios cabecillas de la estructura, ejercieron presión sobre presidentes municipales aliados con el cártel, cerraron un porcentaje importante de tomas clandestinas para el robo de combustible de los ductos de PEMEX, etc. Dieron pasos en firme, pero como en toda guerra, también hubo derrotas y furiosos contragolpes del CSRL, que pusieron en jaque a las autoridades estatales y federales.
Un esfuerzo continuo y sostenido durante uno o dos años más, habría rendido mayores frutos. No es fácil extirpar a un cártel de una zona geográfica que tiene bajo su dominio. La impaciencia de los medios de comunicación, líderes de la oposición y ciudadanía en general, para “restablecer” el estado de derecho y para poner un alto a la violencia homicida de la Guerra de Cárteles en el estado de Guanajuato, contrasta con un hecho irrefutable y que hemos comprobado al pasar del tiempo. Derrotar al Cártel de Santa Rosa de Lima, no es una tarea de semanas, ni siquiera meses. Llevará años cumplir con dicho objetivo.
La decisión de atacar a los dos cárteles que se disputan el control del estado de Guanajuato de manera simultánea la tomó el Presidente de la República, con el objeto de disminuir la cifra global de homicidios dolosos que se cometen en el país. Captura de pantalla de la conferencia matutina del Presidente, del 7 de enero de este año.
Varios factores influyen para que aún estemos muy lejos de la victoria. Desde hace años, en los casos exitosos de desarticulación de cárteles mexicanos, un factor presente ha sido la siempre negada, pero absolutamente decisiva participación de la Drug Enforcement Administration (DEA). Como es sabido, la DEA opera en países de América Latina realizando labores de inteligencia para la detección de operaciones financieras ilícitas (lavado de dinero), identificación de mandos policiacos corruptos, intercepción de cargamentos de droga, análisis de la estructura de los cárteles y diseño de escenarios para la captura de líderes del narcotráfico.
Pero la DEA ha tenido una participación secundaria en la Guerra de Cárteles en Guanajuato debido fundamentalmente a que el CSRL desempeña un papel marginal en el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Los grandes exportadores de sustancias ilícitas siguen siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Sin la DEA, las cosas se complican. Sin el apoyo de sus drones, sus aparatos de intercepción de comunicaciones, de sus satélites, de sus habilidosos agentes de campo y de sus grupos de análisis táctico, la desarticulación del CSRL está en manos de las agencias mexicanas: Grupo de Operaciones Especiales de la Marina, Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAI) y del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de la SEDENA (GAFES). Y sin el apoyo y/o presión de los norteamericanos las cosas siempre van más despacio.
Será difícil que la DEA actualice su agenda de prioridades y le dedique tiempo al CSRL, debido a que el gobierno norteamericano tiene su atención puesta en el CJNG. Como es sabido, desde hace algunos meses el gobierno norteamericano puso en marcha el Project Python, una operación de la DEA para aprehender al Mencho y desarticular al Cartel Jalisco Nueva Generación. La estrategia tiene varias vertientes e incluye el debilitamiento del núcleo familiar de Nemesio Oceguera, la extradición de líderes del cártel a los Estados Unidos, el congelamiento de cuentas bancarias de la organización, la desarticulación de la red de distribución de drogas en Estados Unidos, etc. En las últimas semanas hemos visto algunas acciones y golpes espectaculares como la extradición en el mes de febrero de Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del cártel, quien supuestamente era el segundo en el comando del CJNG y que seguía realizando operaciones desde la cárcel. Hace unos días la DEA colocó en su lista de fugitivos más buscados al Mencho, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares para quien ofrezca datos que permitan su captura. Incluso colocó anuncios espectaculares en la ciudad de Los Ángeles para pedir el apoyo de la ciudadanía. Esta misma semana más de 700 integrantes de dicho cártel que operaban en Estados Unidos fueron detenidos en redadas y operativos simultáneos. El Gobierno de Donald Trump inició una feroz cacería contra el Mencho, que impide que la DEA colabore con el gobierno mexicano para la detención de uno de los enemigos regionales del líder del CJNG, como lo es el Marro.
La cacería de la DEA contra el Mencho beneficia indirectamente al Marro. Foto tomada de redes sociales.
La ausencia de operativos comandados por la DEA en el bajío ha sido determinante. Sin apoyo de los norteamericanos, que detectan a tiempo la infiltración de los cárteles en los cuerpos policiacos, las misiones de captura del Marro han fracasado una tras otra. José Antonio Yépez ha evadido en 5 ocasiones los operativos que han tejido las fuerzas estatales y federales para aprehenderlo. En la mayoría de las veces, el Marro ha escapado por fugas de información que le han permitido conocer con anticipación los cercos que se van armando en su contra.
El CSRL sigue contando con protección política, policial y una base social de apoyo en las regiones que domina. Basta con ver el despliegue de narcobloqueos que realizó hace unos días en varios municipios del estado para calibrar el nivel de su fuerza. En Comonfort, Juventino Rosas, Villagrán, San Miguel de Allende, Salamanca y Celaya sigue habiendo una fuerte presencia de células del Marro. A pesar de que los bloqueos carreteros paralizaron la circulación en la zona Laja-Bajío y que los mismos estuvieron realizándose durante varias horas, solo hubo 4 detenidos (que muy probablemente no tuvieron ninguna participación en los bloqueos). Es imposible que las tropas del Marro hayan detenido e incendiado tantos vehículos y que al mismo tiempo pudieran escapar sin ser detectados. Hay un anillo de protección policial que los blinda y encubre.
Por otro lado, todo parece indicar que el gobierno estatal y federal, a pesar de contar con pruebas contundentes sobre la colaboración de varios alcaldes con los cárteles del narcotráfico, ya tomaron la decisión de no destituir ni iniciar investigaciones en contra de dichos presidentes municipales (con la excepción de Juan Lara, alcalde de Villagrán). De ser así, la única opción a la mano para minar el poder político del CSRL está en la renovación de las alcaldías y en los procesos de selección de candidatos para las elecciones del 2021. Sobre todo, en el blindaje de las campañas para que no ingrese dinero del narcotráfico a las arcas de los candidatos a cargos de elección popular. El eventual ajuste de cuentas contra los narcopolíticos no ocurrirá durante sus periodos de gobierno, sino una vez que hayan dejado el poder y no cuenten con el control del presupuesto y nómina municipales, así como con el manejo de las direcciones de policía de sus pequeños feudos.
Coche bomba colocado por el CSRL en instalaciones de la Guardia Nacional en Celaya. Foto de Noticieros Televisa.
Además, tanto el CSRL como el CJNG cuentan con una base social de apoyo que se expande, se contrae o se mantiene estable de acuerdo con la coyuntura. Lo anterior debido a:
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de minar el poder de atracción y reclutamiento que los narcos tienen hacia los jóvenes, mediante programas sociales, es ingenua en el menor de los casos. El diferencial de ingreso entre un sicario y un becario sigue siendo abismal en el México de hoy en día.
De acuerdo con un reportaje del periodista Juan Manuel González, que publicó en días recientes en el portal de noticias La Silla Rota, el Marro cuenta con el respaldo de los temibles hermanos Sierra Santa Ana, líderes de Los Viagras, el grupo delictivo que se disputa el control del estado de Michoacán con el CJNG. Es decir, de acuerdo con esta hipótesis, la invasión del Mencho a los estados de Guanajuato y Michoacán habría provocado que algunos capos locales (el Marro en Guanajuato y los hermanos Sierra Santa Ana en Michoacán) unieran fuerzas para combatir a un enemigo común: el Mencho.
Citando fuentes de inteligencia, Juan Manuel González afirma que el Marro y los hermanos Sierra Santana habrían pactado un quid pro quo, mutuamente beneficioso. El CSRL le da a los michoacanos combustible barato, libre paso para la transportación de metanfetaminas al norte y el blindaje de puntos de la frontera entre Guanajuato y Michoacán para que el CJNG no entre a las zonas de Michoacán controladas por los Viagras. A su vez, los hermanos Sierra Santa Ana estaría abasteciendo al Marro con armas, municiones y cobertura de retaguardia para que las células del CSRL se refugien y curen sus heridas en municipios michoacanos como Cuitzeo, Maravatío, La Piedad, Sahuayo, Jiquilpan, Yurécuaro, Tanhuato, Numarán, Venustiano Carranza, Puruándiro, Tarímbaro e Ixtlán.
Esta alianza se habría realizado desde mayo de 2019 y brinda una explicación adicional sobre el por qué las fuerzas estatales y federales no han podido capturar al Marro en tierras guanajuatenses. De acuerdo con los análisis de inteligencia del gobierno federal, es probable que el líder del CSRL tenga en Michoacán bases de operaciones seguras que le permiten evadir los cercos de captura que se despliegan en tierras de José Alfredo. Y no es el único santuario con el que cuenta el Marro fuera de Guanajuato.
Pancho Domínguez, gobernador del estado de Querétaro (primero de izquierda a derecha) y Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán (primero de derecha a izquierda) no han apoyado al gobierno de Diego Sinhue y al gobierno federal para desarticular al Cártel de Santa Rosa de Lima. Foto tomada durante la ceremonia de cambio de mando de la XII Región Militar de Irapuato y distribuida por la SEDENA.
Pancho Domínguez, gobernador del estado de Querétaro, a pesar de las insistentes presiones del gobierno federal, no ha movido un milímetro su estrategia de combate a los grupos del narcotráfico que operan en su estado. A pesar de la constante negación por parte de las autoridades queretanas de la presencia de cárteles de la droga en la región, todos saben que hay cuando menos tres organizaciones del narcotráfico realizando operaciones delictivas: el CJNG, los Caballeros Templarios y el CSRL.
Como se describió en [un artículo previo] (https://poplab.mx/article/ElMarroVsElMenchoLabatallaporQueretaro), tanto la Fiscalía General del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública han mostrado una sorprendente capacidad y olfato policial para detener a integrantes del CJNG en tierras queretanas. No han desplegado esas mismas capacidades para detener a integrantes del CSRL, cuya ordeña de ductos de PEMEX sigue colocando a la entidad como uno de los estados del país con el mayor robo de combustible.
Evidentemente el CSRL opera en la entidad a vista y paciencia de las autoridades del gobierno del estado de Querétaro. Ocasionalmente hay decomisos, incautaciones y detección de tomas clandestinas. Pero sin detenidos, sin enfrentamientos y sin la apertura de carpetas de investigación por delitos asociados con el crimen organizado. La incautación de unos cuantos bidones de gasolina y la localización de algunas tomas clandestina que cada cierto tiempo realiza la Fiscalía del estado dan la impresión de ser un elaborado montaje para mostrar a la opinión pública que las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia están trabajando.
El CSRL tiene varios años en el estado de Querétaro. Opera siguiendo las reglas de la casa, impuesta por la pax narca queretana que varias organizaciones decretaron en el estado hace ya dos décadas. Con bajo perfil, sin realizar eventos delictivos de alto impacto, sin efectuar multihomicidios, sin asesinar mandos policiacos, sin hostigar a la clase política, etc., el Marro se ha ajustado a las reglas de los sucesivos gobiernos de Querétaro. En este estado también cuenta con una base de operaciones en las que puede trabajar y ocultarse. En Michoacán y Querétaro, el CSRL tiene sus cuarteles de invierno. Dispone de zonas seguras en donde puede reagruparse y rearmarse para volver a embestir a las tropas de invasión del CJNG que avanzan por municipios del estado de Guanajuato.
Por su parte el gobierno federal, consciente de que el CSRL cuenta con una retaguardia y zonas seguras en Querétaro y Michoacán, ha ejercido una presión sobre los gobernadores Pancho Domínguez y Silvano Aureoles para que hagan equipo con las fuerzas federales y con el gobierno del estado de Guanajuato. Abiertamente han solicitado que embistan al Marro. Pancho Domínguez dijo que sí lo haría, solo que no dijo cuándo. A la fecha ni la Fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad Pública han emprendido acciones, ni operativos dignos del nombre contra el CSRL. La razón salta a la vista. A cambio de no embestir a las tropas del Marro, el gobernador de Querétaro mantiene a su estado con una muy baja tasa de homicidios, con delitos de alto impacto esporádicos y con una tensa calma, pero calma al fin. El Marro conoce el papel que le toca cumplir en Querétaro y lo asume a cabalidad. Responde y agradece la hospitalidad queretana no calentando la plaza.
El caso de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, no es más sencillo. Si en Guanajuato el CJNG parece que avanza de manera pausada, pero segura, en Michoacán retrocede de manera intermitente, pero al parecer inexorable. El espíritu guerrillero de la confederación de grupos del narco michoacanos ha dificultado enormemente la penetración del CJNG en tierras purépechas. No parece tener mucho sentido para Aureoles atacar a los grupos del naco que van ganando la guerra (los Viagras y grupos de autodefensas). En el combate al Marro, el gobierno del estado de Guanajuato está solo. No cuenta con el apoyo de los gobiernos de Querétaro y Michoacán, pues ellos atienden y responden a sus propios intereses y circunstancias. Quizá estén tomando la mejor decisión.
Nadia, estudiante de la Ibero León asesinada en Salamanca. Foto tomada de sus redes sociales.
Desde mediados de 2018 los grupos de élite de la FGE y de las FSPE reciben entrenamiento y asesoría de la Policía Nacional Colombiana. De acuerdo con un boletín emitido por la propia Fiscalía, en ese año los elementos recibieron capacitación en “Operaciones Tácticas Urbanas”. Lo cierto es que también fueron adiestrados en combate contrainsurgente y contención de narcoterrorismo. Pero por alguna razón el CSRL también contrató asesores colombianos que han ido adiestrando paulatinamente a algunas células del Marro en las mismas tácticas que usó el Cártel de Medellín en su guerra con el estado colombiano, que tuvo su punto más álgido en la década de los noventa: asesinatos selectivos, multihomicidios, coches bomba, atentados contra mandos policiacos, etc. Algunos de dichos enlaces colombianos fueron detenidos por fuerzas estatales en la desarticulación de la jefatura de plaza del CSRL de Cortazar, a principios de año. Se detuvo a algunos, pero no a todos.
Las enseñanzas colombianas se aprecian claramente en algunas acciones, asesinatos y masacres perpetradas por el CSRL. El montaje escénico, el sentido de la oportunidad, el impacto al interior de las corporaciones de seguridad y el efecto en cadena que se presenta en la sociedad guanajuatense, parecen factores calculados por manos expertas de cirujano. La masacre en el bar La Típica de Salamanca, perpetrado este fin de semana, tiene todas estas características. Lamentablemente no es el único.
El asesinato de Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, estudiante de la carrera de Relaciones Internaciones en la Universidad Iberoamericana (UIA) campus León, conmocionó a la sociedad guanajuatense y provocó movilizaciones y actos de solidaridad en la Ciudad de México y numerosas notas en medios nacionales e internacionales. Las condiciones en las que ocurrió su muerte son conocidas, pero al momento de escribir estas líneas no hay una explicación consistente que nos permita conocer los motivos que tuvieron sus asesinos para privarla de la vida.
De acuerdo con los primeros avances en la investigación, la estudiante de la Ibero no tenía un entorno de violencia doméstica o de pareja. No tenía antecedentes penales, ni siquiera faltas administrativas. El robo no fue el móvil de su asesinato (no se llevaron ni su auto, ni su cartera). No había consumido sustancias ilícitas y en su mapa de conflictos no había ninguno en particular que indujera a este desenlace. Hay algunos cabos sueltos. Las videocamaras cercanas a la escena del crimen habrían podido grabar algo, pero estaban desconectadas. Aún no están listos los análisis de las rayaduras de los casquillos para ver si el arma que utilizaron para asesinarla fue usada en otros crímenes.
Hasta el momento, se trata de un asesinato sin un móvil aparente. Como cualquier agente de investigación criminal sabe, se trata de los homicidios más difíciles de resolver, pues el análisis del entorno de la víctima es insuficiente para llegar a la verdad de los hechos. Por ende, abriendo un poco el espectro, una línea de investigación es sin duda el contexto de violencia en el que se encuentra el municipio de Salamanca y la comunidad estudiantil de Guanajuato. Las autoridades hace días que analizan la hipótesis que describiremos a continuación, pero no encuentran la manera de socializarla y darla a conocer a la opinión pública y medios de comunicación.
Si tomamos un poco de distancia y miramos con objetividad las movilizaciones estudiantiles de los últimos meses detectamos lo siguiente. Los asesinatos de varios jóvenes del Tecnológico de Celaya provocó una marcha mutitudinaria en contra de Elvira Paniagua, presidenta municipal de Celaya. El asesinato de una estudiante de la Universidad de Guanajuato, más los innumerables casos de acoso de varios docentes en contra de alumnas, movilizaron a las Abejas en una huelga llena de civilidad, que puso en jaque a las autoridades universitarias y al propio gobierno del estado. Por tanto, era sensato suponer por anticipado que el asesinato de una estudiante de la Ibero provocaría el reclamo solidario de alumnos, maestros y autoridades de dicha Universidad. Se generaría en automático una movilización social en contra del gobierno.
Cuando la comunidad estudiantil es blanco de la delincuencia, surgen lazos de solidaridad espontáneos. Alumnos, maestros, padres de familia, activistas, medios de comunicación críticos, se unen, salen a las calles y protestan contra las autoridades que, en efecto, tienen como una de sus responsabilidades principales brindar seguridad a los ciudadanos.
¿Qué pasaría si alguno de los cárteles de la droga está efectuando asesinatos selectivos con el objeto de provocar agitación social, desestabilización y una andanada de críticas en contra del gobierno estatal, federal, o ambos al mismo tiempo? Es probable que algunos de asesinatos, levantones y masacres que hemos presenciado en fechas recientes, no tengan un fin táctico-militar, sino un móvil político-social. Se incurre en este tipo de ilícitos para provocar marchas y movilizaciones en contra de los gobiernos estatal y federal. El asesinato de estudiantes, de periodistas o de miembros del gabinete, tendrían como objetivo provocar terror en la población, críticas hacia el gobierno y dificultades para que este se pueda mover con comodidad en el combate de células delictivas. No se trata de homicidios como los que hemos presenciado hasta el momento, sino de asesinatos políticos.
Lo anterior no exime a las autoridades de su responsabilidad. Es su obligación brindar seguridad a los ciudadanos y evitar que el asesinato de Nadia y de los demás estudiantes que han caído en la Guerra de Cárteles queden impunes. Pero si los cárteles han tomado la decisión de efectuar asesinatos para desestabilizar al gobierno mediante marchas, huelgas y manifestaciones, Guanajuato está por entrar en una larga noche, más oscura aún, que la que ha vivido hasta el momento.
El asesinato de una estudiante de la Universidad iberoamericana provocó una movilización de protesta en contra del gobierno de Diego Sinhue
Si el gobierno federal mantiene su política de golpear a ambos cárteles al mismo tiempo, si la DEA no interviene con mayor decisión en Guanajuato, si no se ataca la base de sustentación política de los cárteles, si el Marro conserva sus líneas de abastecimiento externas (Michoacán y Querétaro) y si al mismo tiempo el CSRL sigue realizando asesinatos selectivos y/o masacres que provoquen marchas y movilizaciones para desestabilizar al gobierno estatal, la espiral de violencia y muerte seguirá consumiendo al estado de Guanajuato. Todas las predicciones sobre la inminente desaparición del CSRL han fallado y seguirán fallando si no se atienden estos factores.
Pero el análisis estará incompleto si no se revisa detenidamente una última variable. Un factor de desequilibrio en la guerra lo representa el propio José Antonio Yépez. Las fuerzas estatales tienen más efectivos. El CJNG cuenta con más recursos. Las fuerzas federales están mejor posicionadas en el campo de batalla. Pero el mejor general de esta guerra es El Marro. Esa es la principal ventaja comparativa que tiene el Cártel de Santa Rosa de Lima. La superioridad de su comandante. Del lado del gobierno estatal, federal e incluso en las filas del CJNG no hay nadie como él. No hay admiración de por medio. Sus tácticas son letalmente efectivas y sumamente crueles, pero se le reconoce su capacidad para negociar alianzas, para permear en las estructuras del poder político, para conquistar nuevos territorios, para efectuar contraataques, para generar montajes escénicos con los que influye en la opinión pública, para dar tiros de precisión, para emplear tácticas de guerra alternativas (guerra de guerrillas y narcoterrorismo) y para reponerse frente a la adversidad. Sus habilidades tácticas y estratégicas están fuera de duda.
Diseño: Juan José Plascencia
Aunque de manera reiterada el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la detención del Marro no es un objetivo primario en los operativos conjuntos de fuerzas estatales y federales, el principio del fin de la Guerra de Cárteles en Guanajuato pasa necesariamente por el encarcelamiento de José Antonio Yépez. Si el Marro sigue libre no habrá pausa en la guerra. Por eso el CJNG ofrece una recompensa para quienes brinden datos que permitan su localización. Pronto habrá más actores que seguirán su ejemplo.
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