COVID-19
En la conferencia vespertina del pasado martes, 28 de abril, el subsecretario López-Gatell respondió molesto a la pregunta planteada por una de las reporteras respecto del tema de los casos de neumonía y cómo se conciliaban las estadísticas del tema respecto de los casos de COVID-19.
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La argumentación del Dr. López-Gatell se alejó de lo científico cuando sostuvo que se trata ya de un “tema de obsesión” y de desconocimiento; es decir, en la lógica del funcionario, quien duda de sus datos y supuestos teóricos, lo hace por ignorancia; argumento que además de constituir una petición de principio, busca restar legitimidad a quienes no piensan como él, apelando al llamado argumento de autoridad, es decir: “lo que digo es cierto porque yo sé todo sobre el tema y constituyo una autoridad científica o de conocimiento en la materia”.
El Doctor López-Gatell es sin duda un científico; pero cuando descalifica a la crítica con los argumentos señalados, actúa como un político; de ahí la imperiosa necesidad de recordar la distinción que hacía Max Weber entre el político y el científico. Porque aquí el problema se encuentra, en que no sabemos bien a bien cuándo nos habla el doctor egresado de la Johns Hopkins University, y cuándo nos dirige mensajes interesados el funcionario militante de la llamada “4T”.
No son pocos los “otros científicos” que han cuestionado el llamado “Modelo centinela” sobre el COVID-19, y otros más que han realizado críticas al tratamiento estadístico de los datos que se presentan. Por ello es relevante decir que aquí está en juego mucho más que meras vanidades intelectuales, pues de lo que se trata es de la vida y la salud de millones de personas, y de la posibilidad de mitigar las severas consecuencias económicas de la epidemia.
La pregunta que persiste entonces es: ¿a quién ha de creerle la población? Es decir, si un grupo de científicos presenta unos datos y los interpreta en un sentido; pero otro grupo, también de científicos presenta, con esos mismos datos, interpretaciones opuestas, ¿cómo puede la ciudadanía, en aras de tomar las mejores decisiones, saber quién tiene la razón?
En este caso habría tal vez una solución posible: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por mandato constitucional y legal tiene la facultad de construir información oficial en materia de estadísticas vitales. En este caso, es un hecho que, en tanto que nunca sabremos en realidad cuántas personas contrajeron el virus del COVID-19, la aproximación a la magnitud de la epidemia podrá llevarse a cabo -tristemente- a través del número de personas que pierdan la vida.
Sin embargo, las estadísticas sobre mortalidad son presentadas por el INEGI con alrededor de un año de retraso, debido al complejo proceso de captación, sistematización y depuración de datos. Pero dada la gravedad de la crisis en que estamos, nada le impide, constitucional y legalmente al Instituto, construir, por ejemplo, un panel de expertas y expertos, y aprovechando que no se levantarán varias encuestas este año, destinar esos recursos a acelerar intensivamente el proceso de captación de las defunciones por enfermedades del sistema respiratorio.
Podría armarse, por ejemplo, un “panel espejo” considerando no sólo las unidades de referencia del sistema de salud consideradas en el “Modelo Centinela”, sino también de las oficinas del registro civil, y mediante una muestra representativa del país, estimar las tendencias de mortalidad por COVID-19 con desagregación incluso a nivel municipal, y con ello proporcionar información objetiva, creíble e imparcial en este tema urgente para todas y todos.
El INEGI goza de la autonomía constitucional, de las capacidades técnicas y de las y los expertos para actuar como un “tercero interesado” en el tema, y dar certeza a la ciudadanía en un tema que es crucial para el presente y futuro del país. No es exagerado decirlo así: hay millones de vidas en juego y es imperativo que las instituciones del Estado aporten todo lo que está a su alcance, para enfrentar la más severa crisis que, quizá, enfrentemos en nuestras vidas.
Investigador del PUED-UNAM
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