El crimen organizado y la riqueza estatal

La presencia masiva del crimen organizado y la violencia homicida en México afectan de manera estructural la economía nacional, sobre todo a la estructura básica, es decir, al universo de las Pymes y MIPYMES, pues son las que viven cotidianamente la extorsión, el robo o en casos extremos, incluso el despojo de sus bienes y propiedades.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Este fenómeno, que vulnera severamente al tejido social tiene presencia significativamente en las entidades que contribuyen proporcionalmente, en mayor medida, al Producto Interno Bruto (PIB). Entidades como el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora enfrentan así una doble paradoja que consiste en ser territorios de alta importancia económica pero donde simultáneamente se registra el terror de los asesinatos, masacres, secuestros y una larga lista adicional de crímenes y formas complejas de violencia.

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Según datos del INEGI los costos directos e indirectos de la inseguridad y el crimen representan entre el 1% y el 3% del PIB anual.

De esta forma, en primer lugar, con el 9% del PIB nacional, el Estado de México enfrenta problemas graves de criminalidad. Por su parte, Guanajuato, estado líder en producción industrial y automotriz, representa aproximadamente el 4% del PIB nacional. Sin embargo, tiene el mayor número absoluto de homicidios dolosos desde 2018, además de altos volúmenes de robo de hidrocarburos.

Asimismo, Jalisco, generador del 6.5% del PIB, es un hub logístico y financiero. La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo convierte en un epicentro del tráfico de drogas y violencia armada. Allí, la criminalidad Impacta amplios sectores.

Baja California, estado fronterizo clave del país, es responsable genera 3.2% del PIB, pero enfrenta una creciente violencia homicida derivada de la disputa por el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sobre todo Tijuana, considerada como una de las ciudades más violentas del mundo.

Chihuahua se destaca en los sectores maquilador y agrícola. Sin embargo, la violencia relacionada con los cárteles y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos genera importantes desafíos: el desplazamiento forzado y la creciente presencia de poblaciones migrantes han llevado a una situación crítica.

Cuna histórica de algunos de los cárteles más poderosos de México, Sinaloa contribuye con el 1.8% al PIB, principalmente a través de la agricultura y la pesca. No obstante, las actividades ilícitas y la violencia reciente han afectado severamente a la economía local, sobre todo el comercio y el turismo.

Sonora, con el 2.5% del PIB nacional, es un estado clave en la minería y la agricultura. La violencia asociada con el tráfico de armas y drogas ha comenzado a impactar estas actividades, además de desincentivar proyectos mineros a gran escala. Las disputas entre grupos criminales por el control de las rutas hacia Estados Unidos agravan la inseguridad.

Todo lo anterior ha generado severas consecuencias socioeconómicas: 1) Reducción de inversiones; 2) aumento de costos operativos; 3) migración y desplazamiento forzado, ya no solo e familias, sino de comunidades enteras que huyen de la violencia extrema; y 4) impacto negativo en el desarrollo humano, lo que significa menor bienestar, limitación o negación de acceso a servicios esenciales como educación y salud, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social.

Debe comprenderse que, en esta dinámica, se han generado economías paralelas, legales e ilegales, bajo el control directo de los delincuentes, produciendo nuevos y más difíciles retos para la pacificación y reconciliación del país. De hecho, debe reconocerse la delincuencia organizada están generando enormes cantidades de riqueza, que encuentra canales para infiltrarse a los ámbitos de la legalidad, pero que, en el fondo provoca una grave distorsión para una economía que no logra ni crecer ni distribuir justamente tareas y beneficios sociales.

Visto de esta manera, el combate al crimen organizado es no solo una cuestión de política criminal y de seguridad ciudadana, sino que se ha convertido en un imperativo económico y social, pues la persistencia de estas condiciones genera complejos escenarios de violación de los derechos humanos, de malestar social, y que enlutan y entristecen a cientos de miles de familias.

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Investigador del PUED UNAM