¿Cómo vamos en México frente a las políticas públicas globales?
El pasado 28 de julio, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un medio ambiente saludable como un derecho humano. Lo anterior, ha generado expectativas entre la comunidad internacional pues, aunque la resolución no es jurídicamente vinculante entre los Estados, seguramente veremos su transversalización en los tratados internacionales y regiones, así como en las leyes nacionales. Sin duda, este es un gran paso en favor de la justicia en la administración de los bienes públicos globales, de la gobernanza global, y de las políticas públicas globales que de un tiempo para acá redefinen la política de los Estados nacionales.
Escrito por: Blanca Elena Gómez
El reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano tiene al menos dos consecuencias relevantes, por una parte, el reconocimiento expreso de que el cambio climático, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, y la contaminación, son las amenazas más urgentes a las que como humanidad debemos hacer frente, y por otra parte, en palabras de Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), brinda una herramienta jurídica para enfrentar a aquellos que quieren privarnos de un ambiente sano, así como de la naturaleza, el aire y agua limpios.
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Para garantizar este derecho, cada actor de la política global debe contribuir desde su ámbito de acción. La ONU, en su carácter de organismo internacional, lo ha hecho favoreciendo el establecimiento de los pilares necesarios para la edificación de la gobernanza en la materia, los Estados incorporarán este derecho a sus constituciones, las empresas deberán orientarán sus esquemas de responsabilidad social corporativa para coadyuvar en esta encomienda, sociedad civil hará lo propio orientando la acción colectiva hacia la vigilancia del cumplimiento de este derecho. De este modo, la garantía de este derecho se convertirá en un espacio de gobernanza global donde la articulación de los actores hará surgir valores, principios e instrumentos de gestión comunes sobre la responsabilidad ambiental en el contexto global.
Además, el derecho a un medio ambiente sano, se suma a la acción en favor del desarrollo sostenible, otro espacio de gobernanza global gracias a la implementación de Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General en 2015. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman Agenda 2030, sus 169 metas y sus 231 indicadores, buscan conjugar tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental), cada objetivo se puede relacionar fácilmente con la garantía de algún derecho humano. Para aquellos Estados, empresas y sociedades civiles que han decidido adoptarla deben seguir pasos específicos para estandarizar la política nacional con las directrices contenidas en cada uno de los ODS.
Según la hoja de ruta planteada por Naciones Unidas, en el caso particular de los Estados, éstos deben transversalizar los ODS a los planes nacionales, estatales y locales de desarrollo, así como a los presupuestos, además deben acelerar el proceso de implementación a través de la asignación de recursos especiales o de la configuración de alianzas con otros actores, y finalmente deben apoyar el proceso a través del diseño e implementación de políticas públicas específicas, siempre bajo un enfoque de rendición de cuentas y generación de datos. De esta forma, los ODS se han convertido en un marco de estandarización global general para el diseño de políticas públicas de sostenibilidad, por lo tanto, han convertido al desarrollo sostenible en una política pública global.
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En América Latina, México es considerado uno de los países más avanzados en la transversalización de la Agenda 2030. En 2015 consolidó el Comité Técnico Especializado de los ODS, donde participan todas las secretarías del Estado, su presidencia está a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República, y la Secretaría Técnica está bajo responsabilidad del INEGI, este último mismo responsable de la gestión de la plataforma de indicadores y seguimiento. Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se designó a la Oficina de la Presidencia de la República el liderazgo en la implementación de la Agenda 2030, hoy la encomienda la tiene la Secretaría de Economía, siendo el encargado de la Oficina de la Agenda 2030 el Mtro. Alfredo González.
Favoreciendo la implementación subnacional de los ODS, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) creó la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030, además de algunas Comisiones Estatales en algunas entidades como Chiapas, Colima y Nuevo León. Por su parte, el Senado de la República instaló el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para julio de 2016, México fue uno de los primeros países del mundo en presentar su Informe Voluntario Nacional, en el cual explica la consolidación de la ingeniería institucional para su cumplimiento.
El 26 de abril de 2017, se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Un paso contundente se dio en febrero del 2018, con la promulgación de una reforma a la Ley de Planeación, mediante la cual, se garantiza la transversalización de la Agenda 2030 al Plan Nacional y los planes estatales y municipales de desarrollo, sobre todo, su transversalización en diseño y ejercicio del presupuesto de los tres niveles de administración.
Con todo lo anterior, y aunque aún hay mucho por hacer, México se ha colocado a la vanguardia regional, en la adaptación legislativa de las políticas públicas globales, observemos las reformas que vienen para garantizar el nuevo derecho humano a un medio ambiente sano, y analicemos cómo estamos operando las nuevas políticas públicas globales.
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