No son pocos los analistas sociales y juristas del más alto nivel que denuncian la actual situación política de Brasil como la instauración de un Estado de excepción. El golpe parlamentario, jurídico y mediático de 2016 permitió que los golpistas pasasen por encima de la Constitución, modificasen las leyes laborales a favor de los patronos, engañasen al país con un techo de gastos en salud y educación, impidiendo que se cree un Estado de Bienestar Social
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