El desafío de la desigualdad de trato

por Jesús Rodríguez

Nuestra sociedad abriga poderosos componentes de misoginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia. La secuencia de resultados demoscópicos que nos proporciona el ciclo de las ENADIS exhibe que la cultura nacional en México está caracterizada por una poderosa heterofobia (un rechazo a lo diferente) y por una igualmente poderosa discriminación o desigualdad de trato

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Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010 (ENADIS 2010, CONAPRED, IIJUNAM), casi el 50% de las personas en México rechaza la posibilidad de vivir bajo el mismo techo con un homosexual o una lesbiana; una tercera parte de los encuestados rechaza esa posible convivencia con personas que viven con SIDA y una proporción parecida la rechaza respecto de personas que profesan una religión diferente a la suya. Algo parecido, aunque a menor escala, sucede respecto de los extranjeros o de las personas con discapacidad. Cuando se invierten las preguntas, es decir, cuando se inquiere a personas que componen grupos discriminados, encontramos la constatación práctica de estas opiniones: cuando se pregunta a personas homosexuales o lesbianas acerca de cuál es el mayor problema que sufren, una de cada dos responde que es la discriminación por su preferencia sexual; cuando se inquiere a personas indígenas sobre cuál es el mayor problema que viven, el 20% de ellas responde que es la discriminación por su origen étnico.

Ya desde la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2005 (ENADIS 2005, CONAPRED, SEDESOL), que ofrece resultados no muy divergentes de los señalados arriba, se había hecho notorio que nuestra sociedad abriga poderosos componentes de misoginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia. La secuencia de resultados demoscópicos que nos proporciona el ciclo de las ENADIS exhibe que la cultura nacional en México, es decir, el conjunto grueso de representaciones colectivas (ideas, valores, opiniones, juicios, narrativas) que pueden ser identificadas como tendencias de pensamiento mayoritarias en la población que habita el país está caracterizado por una poderosa heterofobia (un rechazo a lo diferente) y, derivada de ésta, por una sistemática negación de derechos a quienes llevan formas de vida no atinentes a los cánones de género, raciales, etarios, de capacidades, sexuales, morales o religiosos de la mayoría poblacional, es decir, por una igualmente poderosa discriminación o desigualdad de trato.

La discriminación es un esquema de relaciones sociales, asimétrico y de dominio (una forma de desigualdad), que puede ser definido como “un conjunto de conductas (prácticas o actos), culturalmente fundado y socialmente extendido, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de prejuicios o estigmas relacionados con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) anular o limitar tanto sus derechos y libertades fundamentales como su acceso a las oportunidades socialmente relevantes de su contexto social” (I). Entendida de esta forma, la discriminación aparece como una de las formas de desigualdad más agraviantes con la que tiene que lidiar el proyecto de construcción de una sociedad democrática y garantista en México.

Los prejuicios discriminatorios, que son el resultado de la propia historia cultural (aunque también política y económica) del país, se presentan ante la conciencia espontánea de las personas como “normalizados” e incluso “naturalizados”, es decir, como si no fueran el resultado de injustas elaciones de dominio y exclusión entre grupos. La mayoría de la población en México tiende a entender y vivir este sistema de prejuicios discriminatorios como formas aproblemáticas de clasificación social y de orientación para el desarrollo de sus relaciones.

Los prejuicios propios de la discriminación poseen el peso que les da la costumbre y las instituciones públicas y privadas que han sido tanto su producto como su vehículo son fuente de buena parte de las identidades que configuran a las personas como sujetos con capacidad de autocomprensión social y moral (quiénes somos nosotros y quiénes son los otros; qué lugar nos toca a nosotros y qué lugar le toca a los otros) y han moldeado en amplia escala las identidades grupales. Son prejuicios y opiniones transmitidos y afianzados por la familia, la escuela, las iglesias; las asociaciones y comunidades; las normas legales; los criterios para diseñar y hacer funcionar las institucionales formales; los medios de comunicación y hasta por las políticas públicas. Se trata de ideas constitutivas de cuánto valemos unos y otros y de cómo debemos vivir sobre la base de ese juicio axiológico.

Tales ideas, al clasificar a los otros y jerarquizarlos según su hipotética calidad humana, también otorgan a los individuos un lugar en el mundo que habitan y les conceden una jerarquía propia. Por ello, la discriminación no consiste sólo en un juicio externo relativo a quien se presenta como diferente, sino también en un juicio sobre la propia existencia, valor y emplazamiento social. Al imponer un lugar a los otros, el prejuicio cumple la tarea de darnos certidumbre sobre el lugar que corresponde al discriminador y al discriminado.

La discriminación se anida en el tejido mismo de la cultura, aunque no como un agregado irrelevante o accesorio, sino como elemento constitutivo de las identidades grupales e individuales. Ello explica que, hasta hace poco tiempo, el derecho fundamental a la no discriminación ni siquiera estuviera en la agenda nacional, es decir, que la invisibilidad política, cultural y hasta académica de la discriminación impidiera que este derecho se constituyera como un tema central de la agenda política nacional. En efecto, la discriminación no aparecía hasta inicios del siglo XXI como uno de los temas de preocupación de las élites políticas y de los grupos sociales organizados. Si discriminar era lógico y natural en el imaginario colectivo de la nación, ¿por qué habría de convertirse una problemática a resolver?

En el pasado reciente de México ni siquiera se contaba con una percepción social de que la construcción colectiva de la nación hubiera constituido un espacio de discriminación y desprecio sistemático hacia grupos sociales completos que constituyen la mayoría de nuestra población: mujeres; indígenas; afrodescendientes; personas con discapacidad; minorías sexuales; minorías religiosas; ancianos; niños; jóvenes pobres; e inmigrantes. La desigualdad que estos grupos sufrían era invisible y por ello parecía, sencillamente, no existir.

Un gran logro nacional ha consistido no sólo en darle visibilidad en la esfera pública de la nación a esta forma de desigualdad, sino en avanzar en su prohibición constitucional y legal. Sin embargo, estos pasos de enorme importancia no sólo son pequeños respecto de la magnitud de la tarea que enfrenta el país en materia de desigualdad de trato, sino que están en constante riesgo de ser revertidos y anulados. En efecto, pese a los cruciales cambios legales y el avance en el diseño de la institución federal encargada de dirigir la política antidiscriminatoria, la acción de conjunto del Estado mexicano es aún dispersa, esquemática, conceptualmente confusa y con muy escasos recursos económicos y humanos para garantizar de manera amplia y extensa el derecho humano a la igualdad de trato.

Precisamente porque la discriminación consiste en relaciones de dominio es muy difícil afianzar la vigencia del derecho fundamental a no ser discriminado sin alterar el mapa sociológico de la nación. A menos, en efecto, que los poderes del Estado mexicano (en su corte horizontal: los ejecutivos, los legislativos y los judiciales; y en su corte vertical: el federal, el local y el municipal) sean capaces de articular una genuina política de Estado en materia de igualdad y no discriminación, puede seguirse sosteniendo que la discriminación en México es uno de los más graves y casi intactos problemas nacionales.

Tomarse en serio la agenda antidiscriminatoria en México significa abrir la puerta no sólo a la igualdad de trato, sino también a nuevas distribuciones del poder, la autoridad, el prestigio, los privilegios y los rangos; distribuciones más equitativas que reducirían el dominio de quienes se benefician con las prácticas discriminatorias. El mapa social posdiscriminatorio, es decir, la manera en que se vería la sociedad tras una poderosa aplicación del derecho a la no discriminación, exhibiría una mayor equidad en las posiciones de poder y autoridad, así como en los modelos de relación entre los grupos. Por ello es tan difícil que las élites políticas y sociales del país se tomen en serio la obligación constitucional de no discriminar, porque acaso intuyen que una sociedad más igualitaria pondría en duda buena parte de la legitimidad de sus posiciones de privilegio.

Tomarse en serio la agenda antidiscriminatoria en México significa también que el Estado se haga cargo de su responsabilidad superlativa en la protección y promoción de los grupos discriminados, a efecto de que puedan acceder de manera plena a los derechos que formalmente corresponden a todas las personas. El derecho fundamental a la no discriminación, establecido con claridad y precisión en la Constitución, sólo podrá ser efectivamente garantizado si el país dispone de una genuina política de Estado de igualdad de trato. Esta política, que ha ser estructural, institucional, transversal y con recursos públicos suficientes, es la única manera de expresar con seriedad y decencia cívica el compromiso de los poderes públicos con este derecho todavía novedoso en México. •

Nota:

I. Esta definición, aunque agrega pequeñas variantes, repite el concepto de discriminación que ofrecí en Un marco teórico para la discriminación (Rodríguez Zepeda, 2006: 26).

Referencias:

I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM), 1917 (vigente al 18 de septiembre de 2013) en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/

II. CONAPRED-SEDESOL (2005), Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Encuesta_Nal_sobre_discriminacion_resumen.pdf

III. CONAPRED-IIJ,UNAM (2010) Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436

IV. RODRÍGUEZ ZEPEDA, J. (2006), Un marco teórico para la discriminación, México, CONAPRED.