El filósofo sostenía, de manera plenamente justificada, que se debe tener el arrojo de huir de las multitudes; reflexión que aplicaba a no sólo no participar de las veleidosas actitudes que suelen asumir las muchedumbres, sino también, en un sentido más profundo, a tener la capacidad de pensar a contracorriente, bajo la idea de que no siempre la mayoría actúa con base en la lógica y un pensamiento racional.
Ese pensamiento se aplica a lo que ocurre hoy en la discusión en torno a la exigencia de quitar todo el dinero a los partidos políticos, y de eliminar la figura de los diputados y senadores plurinominales. Temas en los que, debe decirse, hacerle caso al clamor popular, nos podría situar en una situación regresiva respecto de lo que se ha avanzado en la todavía incipiente y frágil construcción democrática e institucional de nuestro país.
Para contextualizar lo que se está debatiendo vale la pena acudir a varios ejemplos: el primero de ellos es el de la educación: y es que a ninguna mente sensata se le ocurriría que la consecuencia lógica, frente a un sistema de educación pública que no garantiza suficientemente calidad, sería privatizar su financiamiento.
De manera similar, a ninguna cabeza en la que prive la sensatez se le ocurría que, frente a la baja calidad de los servicios que presta el sistema público de salud, lo conducente fuese eliminar al 100% el financiamiento público al sistema.
Lo que debería ocurrir en ambos casos, en un Estado en el cual el mandato constitucional señala que los derechos humanos deben ser garantizados por sus instituciones, es la revisión integral de esos sistemas que están fallando y corregir los déficit institucionales y de ejecución en las políticas públicas: lo cual incluiría incluso el cese en sus puestos de aquellos funcionarios que no cumplen con su mandato jurídico y normativo.
Respecto de los partidos políticos aplica lo mismo: pensar en la eliminación del financiamiento público al 100%, abre la posibilidad de que sean los privados -en el mejor de los casos- quienes tomen el control de nuestros procesos democráticos; y en el peor de los escenarios, estaríamos abriendo la posibilidad plena de la constitución, ahora sí, de un “narco Estado”, vía el muy probable financiamiento ilícito de las campañas.
En un país de corta memoria, no sorprende que se haya olvidado que la representación proporcional fue una conquista de las minorías políticas para evitar la sobre representación parlamentaria, mediante la cual históricamente funcionaron bloques monolíticos de control del Congreso Federal, pero también de los Congresos estatales.
Nadie en su sano juicio podría querer pues, que sean los grandes intereses que de por sí se han apoderado de importantes bloques de la institucionalidad nacional, los que tomen control pleno de la democracia mexicana; y tampoco nadie podría querer un regreso a escenarios en los que el que gana, “gana todo” y el que pierde, “pierde todo”.
En un sistema democrático los partidos políticos son un mal necesario para procesar y canalizar la disputa por el poder. Lo que deberíamos hacer entonces es, al menos, lo siguiente: a) reducir sustantivamente topes de campaña, para evitar lo groseramente dispendiosa que es nuestra democracia; b) mejorar efectivamente los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los procesos electorales; c) eliminar la impunidad respecto de los delitos electorales; y d) fortalecer la independencia del Poder judicial en lo que al Tribunal Electoral le toca, y garantizar su absoluta imparcialidad.
Debemos ser capaces de reducir los salarios de la alta burocracia, y los salarios y prestaciones faraónicos del INE, el Poder Judicial, el Congreso y los Poderes locales.
El problema no se encuentra pues, en el modelo de financiamiento público, sino en lo escandaloso que resultan los montos que se asignan, y lo ostentoso que se ha vuelto formar parte de cualquiera de los Poderes u órganos autónomos del Estado.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 28 de septiembre de 2017
