El discurso de odio que nos separa

por Judith Coronel

La polarización social en nuestro país, particularmente en las últimas semanas, se encuentra en ascenso, las personas estamos contribuyendo a ello

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Lamentablemente en esa insana contribución están incluidos quienes ahora se encuentran en la cúspide del poder, quienes consideran que el bono electoral les concede una especie de supremacía, la cual les autoriza a descalificar indiscriminada e impunemente. Están también quienes antes estuvieron en o cerca del poder, quienes se sienten amenazados. Sin importar de qué lado se esté, los dardos envenenados aparecen por todas y en todas direcciones. “Chairos”, “amlovers”, “derechairos”, “fifís”, “Guara – Guccis”, esas etiquetas por llamarla de alguna forma, propician grupos sociales confrontados, mutuamente heridos. El asunto de fondo es que estamos en el mismo país, compartimos los mismos problemas…

A todas las personas por igual sin importar nuestra tendencia política, ideológica, religiosa, edad, preferencia sexual, posición cultural o social, nos afecta, la escalada de violencia, inseguridad, violaciones a derechos humanos, los índices de criminalidad acumulados durante muchos, muchos años.

En el recuento de los daños, si nos atenemos a los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador, heredó un acumulado de 12 años de ineficiencia en el combate a la criminalidad. Un aproximado de 250 mil personas asesinadas, y según cifras oficiales poco más de 37 mil desaparecidas, aunque habrá quienes digan que son 40 mil.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señala que 2018 pasará a la historia como el año más violento. En el presente se permite inferir que por día fueron asesinadas en promedio 93 personas. La tasa de homicidios está entre las más altas de América Latina. Durante septiembre de este 2018, en nuestro país, en cálculos generales, cada 14 minutos y 34 segundos se registró una víctima de homicidio doloso o feminicidio; se registró una víctima de homicidio culposo cada 32 minutos y 19 segundos.

El “Reporte sobre delitos de alto impacto, septiembre 2018”, elaborado por el ONC, permite deducir que López Obrador recibe un sistema de seguridad en crisis. En lo que hace al extinto gobierno de Enrique Peña Nieto, registró hasta septiembre pasado un total de carpetas de investigación de 120 mil 180 homicidios dolosos; 92 mil 204 homicidios culposos; 7 mil 265 secuestros; 34 mil 960 casos de extorsión; millón 219 mil 552 robos con violencia; 448 mil 900 robos a negocio. Por citar algunos datos.

Y mientras el agravio crece, el panorama, continúa siendo desolador. Con base en datos del informe del Coneval de 2017, hay 53.4 millones de personas en pobreza, es el 43.6 por ciento de la población total, de las cuales 44 millones, es decir, 35.9 por ciento viven en pobreza moderada con ingresos por debajo de la línea de bienestar económico y social. De ese primer total, 9.4 millones, viven en pobreza extrema. Las cifras difieren, según la institución que las reporte, por ejemplo algunas señalan que menos 27 millones de personas se encuentran en pobreza alimentaria; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que dos millones de niños se encuentran en esta grave situación.

El presidente de la República no la tiene nada fácil en materia de seguridad y combate a la pobreza, violencia y criminalidad. Mientras tanto la violencia verbal y en redes sociales, particularmente en Twitter, registra una preocupante andanada de descalificaciones entre quienes apoyan su proyecto político y quienes están en contra. El agravio parece no detenerse, al menos no en el futuro inmediato. La descomposición de las relaciones interpersonales se han agudizado inclusive en el seno de las familias, son pretexto de las filias y las fobias. Temas como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la Construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, entre otros son motivo para dejar salir nuestros más sórdidos discursos de odio.

Ignoramos, en muchos casos en forma intencional, que contamos con un marco legal que garantiza en el papel el derecho a la no discriminación. La Constitución en su Artículo 1o. (tercer párrafo) establece: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Vulneramos en forma premeditada la  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La no discriminación también se encuentra consagrada en instrumentos internacionales como: la  Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

No obstante, en México, el 70 por ciento de la población es discriminado, de acuerdo a la encuesta 2017 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Las principales víctimas son las poblaciones afrodescendiente, indígena y de piel morena a las cuales en la práctica se les niega un trato igualitario en derechos y acceso a servicios. El racismo estructural existe en forma “tradicional e histórica” en nuestra sociedad desde hace siglos.

Quizá en futuras encuestas debería medirse también la discriminación por posición política e ideológica. Los resultados, indiscutiblemente dejarán pasmados a todos los bandos en pugna.

Por supuesto que nuestro derecho a la libertad de expresión y a disentir debe ser salvaguardado, como un derecho humano. Pero también es nuestra responsabilidad expresar nuestros desacuerdos en un ambiente de respeto que contribuya a la solución pacifica de los conflictos y a la reestructuración del tejido social tan maltrecho en nuestro presente.

Epítetos y frases estigmatizantes  anulan el diálogo. Las expresiones disfrazadas de juegos “humorísticos” ridiculizan, hieren a las partes contrarias. Pasamos por alto que descalificar impide construir una comunidad más empática, más respetuosa, que envilece a quien profiere el agravio.