La pandemia y sus efectos en la economía de la mayoría de los países del mundo ha puesto a prueba a sus gobiernos: para paliar sus efectos en las etapas más críticas, para promover la recuperación pasada las fases de mayor dureza, y para enfrentar efectos que se han prolongado en el tiempo, como es el caso de la inflación.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Ese fenómeno se ha agudizado con la injustificada invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo en ámbitos que son clave, como es el caso de la inflación específica en el sector de los alimentos, pues debe recordarse, ambos países son de los principales productores de trigo y maíz.
En el modelo económico globalizado, sobre todo a partir de la década de los 90 en el siglo pasado, la política generalizada en la mayoría de los países se dirigió a disponer sobre todo de recursos para poder comprar, en la lógica de la competencia internacional, alimentos suficientes para sus poblaciones: tener dinero para adquirir productos se consideró el eje estratégico en materia de seguridad alimentaria.
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En México, lo anterior llevó a la generación de sectores de producción agrícola altamente especializados y competitivos a nivel internacional, pero también al abandono de la producción de básicos; y sobre todo, al abandono de una política de desarrollo agropecuario que protegiera a los pequeños propietarios de tierras y parcelas, y que simultáneamente nos llevara a una transición de esquemas productivos de alto consumo de agua y deforestación y desertización de los suelos, a uno basado en esquemas de desarrollo social y productivo sostenibles ambientalmente.
De esta forma, lo que está ocurriendo respecto del proceso inflacionario en México, se da en un muy complejo escenario internacional, que regula los precios del mercado agrícola mediante los precios que se definen para los llamados commodities en Chicago, y que es altamente sensible a los fenómenos como la interrupción de las cadenas de suministro en la pandemia, o ahora el conflicto de Rusia y Ucrania.
Por otro lado, se da también en un escenario nacional de alta complejidad, pues el crecimiento económico está estancado y con ello, la generación de empleos dignos. Lo peor del caso es que el país seguirá sin crecer al ritmo que se requiere. En efecto, el Estudio Económico, 2022, presentado recientemente por la CEPAL, estima que la región de Centro América y México crecerá solo alrededor del 2.5%.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional recortó en el mes de julio de este año, su perspectiva de crecimiento para México, bajándola de un estimado de 2.5%, a 1.2%, pero además con una muy alta inflación, esperada en el orden de aproximadamente un 8%, dato que coincide con el presentado por la CEPAL.
Pero si en el ámbito general la inflación se ubica en ese nivel, en el segmento específico de los alimentos la inflación es aún mayor pues si se consideran los datos del CONEVAL respecto del valor de la canasta alimentaria y la ni alimentaria, en el último año el incremento es de alrededor del 12%. Y así, aunque ha habido un incremento en la ocupación, la recuperación de los ingresos para las y los trabajadores no se ha dado al mismo ritmo que el proceso inflacionario, por lo que las familias están recurriendo una vez más a estrategias de supervivencia y generación de ingresos incorporando a más perceptores al mercado laboral, en muchas ocasiones en condiciones de precariedad, y hasta de peligro para la salud e integridad física y emocional, en el caso del trabajo infantil.
A diferencia de lo que está pasando en México, nuestros principales socios comerciales iniciaron, desde el 2020, un conjunto de medidas para incrementar la inversión pública productiva, para acelerar la transición hacia un sector energético basado en tecnologías limpias, y para fortalecer las capacidades de consumo de las personas. En México no hay una estrategia así, y, por el contrario, se han trazado rutas de acción en sentido opuesto de lo que se está haciendo en otros lados, con mayor éxito y mayor potencial de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.
Otro problema que debe tenerse en consideración es el conjunto de costos que la ciudadanía tiene que pagar ante el asedio y extorsión permanente de la delincuencia, lo cual tiene efectos combinados con las variables propias de la economía. La quema de tiendas y vehículos en varias ciudades del Centro y el Occidente del país en fechas recientes, son una muestra de la magnitud y peligrosidad de las bandas del crimen organizado, y de su evidente impacto en la vida económica cotidiana.
A todo lo anterior debe añadirse el factor de la política interna, pues una inflación sostenida, un bajo crecimiento y alta violencia, son una muy peligrosa combinación en un año preelectoral. No hay duda de que en enero de 2023 van a acelerarse las actividades de precampaña de quienes aspiran a ser presidente de la República, pero también de aquellos que buscarán las gubernaturas de 2023 y 2024, distrayendo con ello no sólo su atención de su responsabilidad pública, sino también en muchas ocasiones, los limitados recursos que dejan de destinarse a la ciudadanía, para financiar ilegalmente actos proselitistas.
Lo que urge en este escenario, entre otras cosas, una sociedad civil mucho más activa; una academia con mayor presencia en la discusión pública, y más actores clave haciéndose públicamente cargo de cuestiones clave como un nuevo sindicalismo democrático que contribuya aún más al fortalecimiento de las instituciones públicas y a una nueva lógica de derechos para la garantía del trabajo digno de todas y todos los trabajadores del país.
En el corifeo del debate de la coyuntura y disputa estrictamente electoral, todo se está decantando en un discurso reduccionista que apunta hacia “la continuidad” de los pretendidos “logros épicos” de la llamada 4T, o de sustitución de eso, por una oposición que carece de propuesta pero, sobre todo, de credibilidad y representatividad ciudadana.
México no puede seguir atrapado en esa dinámica, porque nos continuará manteniendo en la ruta del crecimiento mediocre, de los empleos precarios y los malos salarios, de la corrupción, de la desprotección social y de la violencia sin fin, que ha llenado al país de miles de víctimas. Es hora pues, de exigir un viraje de rumbo y ese comienza, precisamente, con un cambio en la lógica, tono y contenido del discurso.
Investigador del PUED-UNAM
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