Hace algunos años, en 2010, la Universidad Nacional creó la Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana a cargo de la Dra. Maria Alicia Mayer González. Entre los productos desarrollados para tal encomienda se entregaron dos diccionarios, aquel sobre la Independencia y uno específico sobre la Revolución Mexicana.
Escrito por: Andrea Samaniego Sánchez
Dentro del primero hay un trabajo interesante, escrito por Christon I. Archer sobre el Ejército que da cuenta las dificultades entre un ejército realista, preparado para teatros de operaciones propios de las guerras en África y Europa mientras que los insurgentes: personas sin doctrina, preparación o armamento obtuvieron una serie de victorias, en gran medida por la sorpresa que generaba el movimiento y por la lentitud en la respuesta de las autoridades responsables.
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Esto nos muestra que en primer lugar, la acción del Ejército siempre ha acompañado al Estado Mexicano, nada más pensar en algunos de los líderes que han encabezado profundas reformas y creado variopintas instituciones, muchos de ellos han surgido del mundo castrense; y en segundo lugar, que el Ejército, a diferencia de otras instituciones civiles, que se encuentran al vaivén de las decisiones políticas, tienen la fortaleza de la constancia, la preparación y la formación en doctrina.
Traigo este tema a colación porque a 212 años del inicio de la Independencia, en el marco del desfile militar, se abre un nuevo capítulo en la historia nacional, se da la bienvenida a la Guardia Nacional como una Fuerza Armada más a cargo de la SEDENA, en gran medida como respuesta para hacer frente a una amenaza que lacera la convivencia y el tejido social: el crimen organizado transnacional y su gran capacidad de cooptación e instrumental de fuego y que se traduce en un incremento de delitos del fuero común como robo, extorsión y homicidios, que dañan a las sociedades en donde se perpetran.
Esta acción no está excenta de sus propios debates que deberán ser discutidos en las instancias correspondientes, por ejemplo le tocará lo propio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar la constitucionalidad de la reforma implementada, toda vez que el artículo 21 indica que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil, por lo que su incorporación operativa y administrativamente a la SEDENA pone en entredicho este punto de la Carta Magna.
Entre los argumentos para realizar este cambio, al igual que lo ocurrido con el inicio de la Independencia, es que la SEDENA tiene doctrina, formación y estabilidad; para temas del ámbito de la seguridad resulta fundamental, aunque a la fecha de la creación de la Guardia Nacional, su formación e incremento en efectivos no se ha traducido en una mejora en las cifras delictivas nacionales, y no parece que estas vayan a cambiar su trayectoria.
Sin embargo, el que la Guardia Nacional se incorpore a la SEDENA implica que se está empleando a la ultima ratio, a las últimas instituciones capaces de hacer frente a la seguridad, ¿de no ser ellas quiénes se encargarán de responder? Esperemos, por el bien de todos, que la estrategia sí funcione, porque los costos de que no ocurra así, en este ámbito, se contabilizan en muertes y sangre.
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