Es loable que el Presidente de la República tenga la capacidad de reaccionar y reconocer cuando se cometen errores en su administración; para un gobierno y, en evidencia, para un país, no hay nada peor que la negación; en el nuestro, ya hemos visto lo que ha ocurrido en las últimas décadas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y complicidad con la corrupción
Sin embargo, para cualquier administración, rectificar decisiones no es suficiente, y menos aún al inicio de su mandato, momento a todas luces clave y determinante de lo que habrá de ser un gobierno. Desde esa perspectiva, un diseño inteligente de gobierno implica contar con procesos bien definidos en todo el tramo de toma de decisiones.
Desde esta perspectiva, el tema relativo al recorte presupuestal en áreas clave para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, es una clara muestra de un mal proceso de diseño de la política pública.
En efecto, lo ocurrido respecto del recorte planteado al presupuesto de las universidades públicas del país, debe llevar al gabinete del presidente López Obrador a revisar puntualmente cuál es la lógica que va a regir al diseño, puesta en práctica, operación y evaluación de sus políticas y programas. Esto es así porque lo que ya fue reconocido como un error, en realidad abre una serie de cuestionamientos.
El primero es quién o quiénes fueron responsables de tal error; porque, en definitiva, el tema de la educación superior no puede ser asumido como “uno más”; cualquier novato en diseño presupuestal sabe que tocar los presupuestos de la educación superior, literalmente aquí y en China, va a generar reacciones adversas; porque los afectados forman parte de la población más enterada y crítica, y porque saben que el presente y el futuro del país depende de un sistema educativo nacional con cada vez mayor cobertura, calidad y capacidad de inclusión social.
Al respecto, debe señalarse además que los recortes paralelos a las áreas de cultura, ciencia y tecnología, igualdad de género y medio ambiente, por citar las más notables, no sólo constituyen un error de visión, sino que resultan a todas luces contrarias al espíritu del Artículo 1º Constitucional, el cual establece que los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado, de manera universal y progresiva.
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ha sostenido que el presupuesto que le asignan a la dependencia a su cargo, aun con el recorte, será suficiente; pero esto es cuestionable desde la citada perspectiva de derechos humanos; porque, asumiendo que su dependencia podrá hacer lo mismo que antes con menos recursos, aun en este escenario, no se cumplirá con el principio de progresividad establecido en la Carta Magna.
El affaire del presupuesto en educación superior, debe llevar al Congreso de la Unión a una discusión muy seria en torno a qué tipo de presupuesto van a aprobar. Porque si bien es cierto que en materia macroeconómica la propuesta enviada por el Ejecutivo puede ser considerada como responsable y aceptable, se está perdiendo la oportunidad, una vez más, de diseñar un presupuesto que tenga una perspectiva de derechos auténtica.
En el sexenio del presidente Peña Nieto se llegó a plantear que se utilizaría un esquema de “presupuesto base cero”; ejercicio que lamentablemente concluyó en un “Presupuesto de suma cero”. Hoy, la administración del presidente López Obrador está aun a tiempo de establecer una nueva lógica presupuestal, que permita que en el futuro se cierre el paso a “errores” como los recortes citados, los cuales han sido disfrazados de “reasignaciones” en aras de garantizar recursos para los programas prioritarios de interés personal del titular del Ejecutivo.
Queda, sin embargo, un escenario aún más preocupante: ¿Y si nadie le alertó al Presidente de que se estaba llevando tal recorte a las universidades? ¿Y si el Presidente estaba enterado y simplemente asumió que era viable violar el principio constitucional de progresividad en todo lo social?
