De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project en 2016, nuestro país ocupa el lugar 88 de 113 países evaluados alrededor del mundo en cuanto a calidad en su Estado de Derecho, con un puntaje de 0.46 en una escala del 0 al 1. México se encuentra por debajo de países como Costa de Marfil, Irán, China, El Salvador, Filipinas o Vietnam.
Dinamarca tiene el primer lugar en la fortaleza de su Estado de Derecho, con un puntaje de 0.89, seguido de países como Noruega, Finlandia y Suecia. En contraste, el último lugar de la lista lo ocupa Venezuela, con 0.28 puntos.
El estudio de World Justice Project evalúa la calidad del Estado de Derecho a través de 8 indicadores. El primero mide la restricción a los poderes gubernamentales a través de instituciones o de instancias que no pertenecen al gobierno, como los medios y la sociedad civil. En este rubro, México obtuvo el lugar 83.
Nuestro país obtuvo su peor evaluación en el indicador de “justicia penal”, pues apareció en el lugar 108 de los 113 países estudiados, sólo por encima de Afganistán, Liberia, Honduras, Bolivia y Venezuela. Esto se debe a que, de acuerdo con la medición, la investigación criminal y los sistemas correccionales no son efectivos. Asimismo, los derechos humanos no son respetados durante los procesos penales.
Otros indicadores evaluados en cuanto a la solidez del Estado de Derecho, en los cuales nuestro país obtiene posiciones dentro del último tercil, corresponden al “orden y la seguridad”, o a que la justicia civil sea accesible para todos, libre de discriminación e imparcial.
El índice del Estado de Derecho también mide la protección y aseguración legal de los derechos humanos fundamentales, la aplicación de la ley y la ausencia de corrupción, rubro en el cual México aparece en el lugar 99. Únicamente en el indicador de “gobierno abierto” nuestro país obtuvo una posición alta en el ranking internacional, pues aparece en el sitio 34.
Diversos especialistas afirman que para que haya un Estado de Derecho en el país, deben existir elementos como primacía de la ley, división de poderes y protección y garantía de los derechos humanos. Si bien las leyes deben ser legítimas y derivar de procesos formales, también necesitan ser legitimadas a través de su correcta aplicación, camino que aún representa muchos retos para México.
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