El gobierno del presidente López Obrador comienza, para fines prácticos, el día de hoy. A lo largo de este lunes, todo su equipo de funcionarios estará reunido en lo que será, quizá, la primera reunión formal del gabinete, comenzarán a fluir las instrucciones oficiales y cada uno de los responsables de las secretarías y organismos del Estado conocerán, ya en la operación, a sus equipos. ¿Qué es probable que encuentren? En primer lugar, una administración pública fragmentada, en algunos casos con oficinas poco funcionales o envejecidas; sin archivos organizados profesionalmente (recuérdese que carecemos todavía de una Ley General de Archivos), con un personal que en algunos casos está ávido de cambio, y en otros, como en todas las organizaciones, con fuertes resistencias a modificar las formas y métodos de trabajo
En segundo término, debe entenderse que el gobierno es una maquinaria en marcha, que muchos procesos, servicios y acciones no pueden detenerse y que una de las tareas más difíciles en los primeros días de la administración es tomar realmente el control de las instituciones en lo que a su dinámica interna se refiere.
Las y los nuevos titulares de las secretarías y dependencias, tendrán que iniciar un intenso proceso de diálogo con las organizaciones sindicales, a fin de garantizar que los derechos de sus agremiados se cumplan, y para dar certidumbre a quienes tienen derecho a mantener sus espacios laborales.
A la par, uno de los mayores retos que tendrá el nuevo gobierno es lograr que rápidamente, todo el aparato burocrático, pueda entender con precisión cuál es la visión, y cuáles las instrucciones del presidente López Obrador, y a partir de ello, movilizar a toda la administración pública hacia la consecución de las metas y objetivos de las acciones prioritarias que ha planteado, pero también los de los programas y acciones que se encuentran en marcha y deben cumplirse.
Desde esta perspectiva, un reto mayor consiste en identificar y rescatar a todo el talento que hay en la administración pública federal, generar un sentido compartido de proyecto de país y canalizar la energía social que está ahí y que puede llevar al país a una nueva lógica de crecimiento y desarrollo.
Por otro lado, la nueva estructura del gobierno federal deberá encontrar rápidamente cuáles son los mejores mecanismos de cooperación y diálogo con las entidades de la República, todavía no queda claro cuáles son los procesos y mecanismos que se desarrollarán para la interlocución estatal con los llamados superdelegados, pero también con las coordinaciones regionales de seguridad pública, por citar sólo los dos ejemplos más visibles. A ello se suma la necesaria convocatoria a todos los sectores productivos del país, que van desde los pequeños productores, las cooperativas, hasta las grandes empresas que hay en el país.
No debemos olvidar que si hay un diagnóstico demoledor, es el relativo al déficit de estatalidad que priva en el país, es decir, la incapacidad sistémica del Estado para cumplir con el mandato que le da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde esta perspectiva, debe comprenderse que una cosa son los programas e inversiones emblemáticas que ha propuesto el Presidente, y otra el mandato contenido en la Constitución respecto de los derechos humanos, por lo que está aun por definir cuáles son las políticas de Estado que habrá de impulsar y fortalecer la nueva administración, y cómo encajan en ellas las políticas del gobierno, una distinción tan elemental como clásica y necesaria.
La consolidación democrática de nuestro país requiere también la democratización de todas las estructuras de la administración pública, flexibilizar los procesos de toma de decisiones, y garantizar que en el ejercicio del gobierno, la participación ciudadana sea un elemento central.
Por ello, si algo debe cambiar el nuevo gobierno, respecto de las administraciones previas, es considerar siempre la diversidad y la pluralidad política y en general, de visiones que existe en el país.
