El Estado y lo legítimo de su fuerza

Numerosos elementos del Ejército Mexicano han sido agredidos y humillados en los últimos meses por grupos delincuenciales, que utilizan cobardemente a mujeres, niñas y niños como “escudos humanos”. La orden que han recibido es resistir y no repeler las agresiones; y como integrantes de un cuerpo castrense, su responsabilidad es acatar las órdenes de sus superiores, so pena de llegar a ser acusados incluso de rebelión.

Esa es una de las cuestiones que poco se han destacado en la discusión pública: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, deben ser entendidos como “cuerpos” cohesionados y hermanados en disciplina y propósito: mantener la seguridad frente a enemigos exteriores o internos que pongan en grave riesgo a la República.

Desde esta perspectiva, es obvio, pero debe subrayarse: por eso, estos cuerpos utilizan uniformes; por eso llevan insignias y por ello en la cultura militar deben ser portados con gallardía y honor.

Los Cadetes del Heroico Colegio Militar, por citar solo un ejemplo, se ganan, literalmente hablando, el sable y los botones de su uniforme a través de un duro y riguroso proceso de aprendizaje.

Y, más allá de la discusión de si esos son los métodos apropiados, lo que debe comprenderse es el sentido y significado que cada uno de estos elementos de las fuerzas armadas le asigna a su pertenencia a esas instituciones del Estado.

Ejército mexicano: el “pueblo armado”

En esa misma lógica, los uniformes y las insignias militares -y también policiales-, no sólo tienen el propósito de generar identidad al interior de las instituciones, sino también de representar, sin lugar a duda, a la autoridad legítimamente depositaria del uso monopólico de la violencia y la vigencia de la justicia y del orden legal.

De hecho, esa es quizá la principal característica del mando y la obediencia legal -como le denominó Max Weber-: aceptamos el mandato de la policía o del Ejército, porque sabemos que hay un marco legal que rige su actuación y que sus determinaciones no debieran ir nunca más allá de lo que expresamente le está permitido en el orden jurídico nacional.

El presidente de la República tiene razón cuando sostiene que el Ejército mexicano es “pueblo armado”, destacando su origen popular y no aristocrático. Pero también es cierto que nuestras Fuerzas Armadas son “pueblo uniformado” con un mandato explícito formado desde la vocación de la carrera de las armas.

También debe reconocerse la vocación de paz del presidente López Obrador: “nunca daré la orden de reprimir al pueblo”, ha repetido en incontables ocasiones. Sin embargo, hay que señalar que hay una diferencia abismal entre reprimir al pueblo y reestablecer el orden social mínimo en una comunidad y, sobre todo, en los territorios que literalmente han sido tomados por el crimen organizado, el cual obedece además a lógicas complejas de criminalidad trasnacional.

Cumplir y hacer cumplir la ley

Construir legitimidad en democracia se logra no sólo a través de las urnas, la creación de consensos en diálogo con la pluralidad política y social del país, sino también garantizando la vigencia del Estado de derecho. El respeto a los mandatos de la Constitución y sus leyes, y, sobre todo, dándole a la ciudadanía la garantía de que su patrimonio y sus vidas están a salvo ante la feroz y violenta amenaza de la delincuencia, en todas sus formas.

Es importante decir que no se trata de “permitir” que el Ejército Mexicano “se defienda” de los delincuentes; antes bien, el gobierno de la República tiene el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.

De otro modo, al dar la orden de “no repeler las agresiones”, se está cayendo en una lógica peligrosa de incumplimiento del orden jurídico y de aplicación selectiva de la justicia. ¿Cómo determinar a quién sí y a quién no repeler?, ¿a quién sí y a quién no perseguir? ¿A quién sí y a quién no presentar ante los tribunales?

En la democracia, ya se dijo, el único criterio aceptable es el orden legal; porque todos sabemos que éste es de aplicación general y que está constreñido a la interpretación de otro de los poderes del Estado: el Poder Judicial.

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