por Clara Scherer Castillo
Si consideramos que el objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades, partiremos de una base mínima para entender cómo y por qué la asistencia social en México ha tenido los escasos resultados que reflejan las estadísticas (I)
Pero si no tenemos mucho tiempo para analizarlas, podemos observar lo que vemos día tras día en las calles, en las ciudades, en los pueblos y rancherías de México, y lo que se percibe, que no es más que el fracaso de la asistencia social.
La pobreza, sin duda, priva a las personas del ejercicio de sus derechos, cuestión ésta de los derechos que, afortunadamente, ya es mandato constitucional. En México existen profundas desigualdades y la asistencia social, aunque siempre ha estado dirigida a los más desfavorecidos, en la forma de concebir sus políticas ha ido al paso de los cambios ideológicos y de los políticos.
¿Qué ha pasado que no hemos logrado avanzar en la inclusión de todas y todos los mexicanos al ejercicio de sus derechos? Por una parte, y derivado de nuestra historia, confundimos la caridad, el dar limosnas, con la asistencia, y si bien los gobiernos emanados de la revolución intentaron igualar el piso de derechos a los ciudadanos, se olvidaron de la mitad de la población: las mujeres.
Igualar a los mexicanos (hombres) mediante la caridad fue imposible. Con los indígenas, por ejemplo, que “quedaron al margen de los beneficios del desarrollo”, la asistencia social ni siquiera los alcanzó. Y sucedió lo que afirma Diego Iturralde: “las actitudes racistas y las prácticas discriminatorias son progresivamente funcionales al mantenimiento de la desigualdad económica y la inequidad política y contribuyen a profundizar la exclusión y a justificarla” (II).
Con las mujeres la situación fue mucho más complicada. Madres solteras siempre han existido, y regalarles suéteres o algún dinero no hace más que paliar el frío por una noche o tener para comparar un pan, pero esta actitud no abre la puerta para el acceso a sus derechos. Esta situación de marginalidad de las mujeres cambió un poco en 1953 (hace 60 años) cuando obtuvimos el derecho al sufragio, porque se inició entonces, con muchas dificultades, el camino hacia la igualdad con los hombres en todos los demás derechos.
Siguiendo el hilo de la historia, y si queremos buscarle tres pies al gato, el pensamiento conservador en México decidió que la asistencia social debía estar operada por las mujeres, quienes harían ese trabajo de manera voluntaria (sin pago, como el doméstico y el de cuidado familiar), y se crearon instituciones para organizar acciones de asistencia social, siempre bajo la mirada masculina.
En México existía un monopolio partidario y con el apoyo de los actores corporativos se tuvo el soporte suficiente para que las mujeres fueran cooptadas y, por tanto, tuvieran una capacidad relativamente limitada de influir sobre la asistencia social que debe dar el Estado a las carencias, importando desde el primer momento las referidas a la problemática materno– infantil (III).
En esos años, la década de los sesenta, los setenta y hasta los ochenta, casi nadie hablaba de derechos humanos y con el “desarrollo estabilizador” se pensaba que la situación de bonanza pronto llegaría para las y los mexicanos. No fue así, y lo que vivimos todas y todos fue la llamada “década perdida”.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia surge con esta visión: que las mujeres apoyen al Estado para cumplir con las personas en desventaja social. ¿Quiénes son estas mujeres? Las esposas de los políticos. ¿Qué capacidades requieren, cuánto presupuesto, cuál estrategia? En los primeros años, a nivel nacional, bastó la buena voluntad. Enfrentar problemas complejos como la desnutrición, las discapacidades o el alcoholismo por supuesto que les fue poco menos que imposible, aunque muchas se empeñaron en intentar modificar el rumbo de la historia. Por ello, no deben sorprendernos anuncios como el de Vicente Fox de que queríamos “changarros” y “vochos” para ser felices.
Interesante reflexionar sobre el por qué el DIF surge como una institución federalizada que, si bien tiene como normatividad la que impulsa el DIF Nacional, en cada estado atiende a la población según sus propios lineamientos, capacidades y recursos. Lo mismo sucede en los municipios, donde las esposas de los presidentes municipales, apoyadas por familiares y amigas, persiguen sueños de muy variada trama, sin poder hacerlos realidad.
En la década de los ochenta, entre crisis económicas y temblores catastróficos en la Ciudad de México, emergen con fuerza las conocidas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas, defensoras de los derechos humanos, aunque pocas con el anhelo feminista de alcanzar esos derechos para las mujeres. Al mismo tiempo, las esposas de los políticos tienen ya carreras universitarias; muchas de ellas maestrías y doctorados, además de empleo, por lo que el trabajo voluntario empieza a ser rechazado por falta de tiempo. El DIF Nacional se va profesionalizando, y en los DIF estatales las políticas públicas tienen un giro positivo, al dejar de hacer múltiples actividades que no resuelven los problemas (reparto de despensas, juguetes, canastillas para bebés) e intentar diseñar políticas más efectivas para superar la marginación de amplios sectores de la población.
El DIF se sectoriza en la Secretaría de Salud y tratan de relegar a las mujeres voluntarias. Se crea entonces el Voluntariado Nacional, con la esposa del Presidente al frente; se dota de presupuesto e instalaciones y se les asignan ciertas tareas, procurando que no impacten al funcionamiento del DIF de manera directa, pero que puedan coadyuvar a sus objetivos, como el conseguir sillas de ruedas, aparatos para las personas sordas, lentes para quienes requieren de ellos. En los estados este proceso no se da, y las esposas de los gobernadores siguen al frente del Patronato del DIF, lo mismo que en los municipios.
Será casualidad o serán otra vez las ganas de buscar la lógica en las acciones del poder, pero el DIF se va consolidando como una institución que protege una cierta mirada de lo que debe ser la familia, no a la realidad de las familias mexicanas, sino sólo atiende a las que se asemejan a su ideal. Y entonces, en vez de abrir la puerta al acceso a los derechos humanos de las personas que viven en desventaja social, protege cada vez con mayor ahínco los privilegios masculinos.
Clara muestra de lo anterior fue la política recomendada ante la violencia contra las mujeres por parte de sus maridos, donde por todos los medios el DIF intentó que “la familia no se fracturara” y las mujeres debieron aguantar infinidad de humillaciones y malos tratos, política contraria a la protección de sus derechos. Por unanimidad, fue hasta 2010 que en el Senado de la República se aprueba una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Asistencia Social federal, en la que se plantea incluir una ampliación a las previsiones de preferencia para el derecho a la asistencia social en beneficio de las mujeres (IV). Hasta antes de esta modificación, no se tenía previsto ninguna clase de apoyo para aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica o abuso sexual.
Desde la fecha en que se puso en operación el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) (Ver cuadro) el gobierno federal le asignó ser contraparte de UNICEF. Cuando se transforma en DIF, se conserva esta relación, y por ello, el DIF se tiene que involucrar en los trabajos que llevan a la firma de la Convención a favor de la Infancia y Adolescencia (1989) y a tener el liderazgo en la materia en México.
Una experiencia que marcó un rumbo distinto para la humanidad fue la firma de esa Convención Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, promovida por James Grant desde UNICEF, en 1989. Ese fue el primer acto importante porque de ahí se derivaron, entre otras políticas, la vacunación universal, logro que resultó de la suma de voluntades, inteligencias, conocimientos y tecnologías, y que ha salvado vidas y salud a millones de niñas y niños sin importar etnia, raza, religión, color; es decir, sin distinción.
Aún falta avanzar en este tema en África y algunos otros lugares del planeta, pero, sin duda, ha sido una de las lecciones más importantes para saber que cuando hay liderazgo que sabe sumar voluntades, la realidad sí se puede modificar. Y esto fue posible por considerar que lo trascendente es abrir el acceso a los derechos humanos.
Esta espectacular acción impactó a algunos DIF estatales, que modificaron nuevamente su manera de actuar. Lo primero que ha quedado demostrado es que mientras no busquemos insistentemente la igualdad de trato, de oportunidades y de resultados, lo demás no nos llevará al éxito. En pocas palabras, mientras no erradiquemos la discriminación y seamos capaces de ver como iguales a las otras y los otros, la asistencia social seguirá paliando por ratitos el dolor, pero no mejorará la calidad de vida de nadie. Hoy en México la igualdad de trato, de oportunidades y de resultados en el tema de la vacunación es una realidad, y, a pesar del ejemplo, las políticas públicas siguen marchando al son de no permitir el acceso a los derechos a las personas.
Sorprendente ha sido que cuando los gobiernos Federal o estatales tienen entre sus prioridades el “combate a la pobreza” no recurren al DIF en busca de apoyo, conocimiento o siquiera información. Así sucedió con el Programa de “Solidaridad”, en el que no participó el DIF a pesar de su muy larga experiencia, y lo mismo sucedió con Progresa, hoy Oportunidades. , por supuesto, en estos programas no privó la mirada a los derechos humanos, sino la idea de que la pobreza no fuera una herencia para las nuevas generaciones. La discriminación ha seguido haciendo su trabajo, acompañada por la violencia, que es una de sus más efectivas herramientas.
La protección a los derechos humanos es una obligación de los Estados y en México está escrito en el Artículo 1º de la Constitución. Ya es, por tanto, no un acto de voluntad de quienes ocupan cargos en las instituciones de asistencia social, sino un mandato constitucional: organizarse y establecer las políticas públicas necesarias que permitan a cada integrante de los grupos que se definen como “vulnerables” restablecer el ejercicio de sus derechos, eliminando la discriminación.•
Notas y referencias:
I. “La población en pobreza en el país aumentó de 44.5% a 46.2%, que corresponde a un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas entre 2008 y 2010. CONEVAL http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medición/ Pobreza-2010.aspx
II. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/39/pr/pr10.pdf
III. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032011000100007
IV. http://heraldo.mx/la-ley-de-asistencia-social-atendera-a-mujeres-violentadas/
V. http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mexico/contenidos/recursos/revista2/1961.html
