por Adriana Dávila Fernández
Conocer los testimonios de quienes han sido víctimas de trata de personas es conocer las agresiones directas a la dignidad y libertad de un ser humano sobre otro, y reconocer la existencia, en la mayoría de los casos, de organizaciones perfectamente articuladas y dispuestas a todo con tal de seguir en este lucrativo negocio
La ONU define la Trata de personas como el movimiento ilícito de seres humanos, con el propósito de obtener beneficios económicos mediante su venta, compra y/o explotación –laboral y/o sexual–, como si fueran mercancías. Considerado como delito de lesa humanidad, violatorio de los derechos humanos, es conocido como la moderna esclavitud, porque las víctimas involucradas no tienen el control de sus propias vidas, se minimiza su dignidad y pierden su libertad. Los delincuentes, con traición, engaño y mentira, someten y dominan a una persona para despojarla de identidad y convertirla en mercancía que generará beneficios, principalmente económicos, a un tercero.
La UNODC señala que México es de alta incidencia, y lo reconoce como país de tránsito, origen y destino. El UNICEF, por otra parte, calcula que al menos 16,000 niños en nuestro país son víctimas de la trata de personas, uno de los delitos más lucrativos del mundo, después del tráfico de drogas y de armas. Según el CEIDAS tenemos cada año unas 20,000 personas víctimas de la trata.
Este delito, en cualquiera de sus formas, es un negocio ilegal redituable y rentable, inmerso en un círculo vicioso que involucra autoridades, victimarios, víctimas, corrupción e impunidad, y el Estado y sus autoridades no han hecho lo necesario ni lo suficiente para evitarlo.
Las autoridades están obligadas a proporcionar información sobre estas prácticas, de tal forma que todos tengan conocimiento del ilícito. Asimismo, se deben publicitar los instrumentos jurídicos para señalar o denunciar a los victimarios o usuarios, para que sean investigados, procesados y sancionados.
Pero también es necesario brindar protección y asistencia a las víctimas o posibles víctimas y a sus familiares; diseñar protocolos de identificación, con personal capacitado y sensible al dolor del prójimo; debe ser prioritario que las víctimas de la trata recuperen los derechos fundamentales de todo ser humano: su vida y su libertad. Sin esto no se puede hablar de respeto a los derechos humanos, y en este ámbito de los derechos humanos es que se debe trabajar en acciones encaminadas a prevenir el delito, fortalecer el marco jurídico y coordinar esfuerzos para detectar, investigar, sancionar y erradicar el problema. Cualquier limitante a la libertad y al respeto a la dignidad de todo ser humano denota apatía, conocimiento distante y cinismo que propician el ilícito.
Las víctimas deben saber que tienen derecho a atención médica y psicológica, así como a protección por parte de las autoridades correspondientes, ya que muchas sufren un largo y complejo proceso para reintegrarse a la sociedad y recuperar su autoestima.
No se trata de realizar acciones que busquen sancionar a los responsables para erradicar el problema; es cuestión de evitar que haya más víctimas que sufran la violación a sus derechos, es decir, evitar que se tenga que castigar. La atención debe ser integral, que abarque aspectos legales, psicológicos, sanitarios y de desarrollo social.
El trabajo en el Senado
Hay que reconocer que las víctimas de la trata de personas son el gran pendiente social para las autoridades y para los integrantes de la sociedad, porque se les ha quitado la posesión de sus vidas y sus decisiones. Tenemos que hacer empatía con las víctimas, generar espacios que socialicen las causas y tipifiquen el delito, no sólo para demandar, sino para trabajar en políticas públicas eficientes que inhiban su práctica, proporcionarles atención y procurar su reintegración social.
El tema y los delitos han sido denunciados durante años porque se han incrementado los casos en México. Por eso en el Senado de la República, en la LXII Legislatura, aprobamos la Comisión Ordinaria contra la Trata de Personas, en septiembre del 2012, cuyo interés por unir esfuerzos y unificar criterios para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar este delito en todas sus formas, la llevó a crear la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, con la finalidad de armonizar las leyes estatales con la ley general.
El plan de trabajo de la Conferencia Nacional incluye los rubros de justicia, asuntos migratorios e internacionales y uno relativo al impacto presupuestal y políticas públicas. Es decir, aplicar las mismas reglas en cada rincón de México.
La apuesta a la participación de las y los legisladores es para fortalecer la coordinación de esfuerzos, porque cada uno conoce las necesidades de su entorno y las demandas de recursos humanos, tecnológicos y económicos para que las autoridades competentes cumplan con su responsabilidad, con lo que será posible dar la respuesta que esperan no sólo las víctimas y los afectados de este flagelo, sino todos los ciudadanos.
De conformidad con el Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecerá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, en la que participan, entre otros, las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la República, representantes legislativos y de la sociedad civil.
Si bien en estos momentos contamos con una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, es necesario precisar que presenta problemas en su aplicación, porque no se ha logrado su armonización legislativa y por las diferencias que presenta con los Códigos Penales locales, además de la confusión que causa la tipificación de los delitos establecidos en ella.
Asimismo, se requiere de manera urgente que se emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Trata de Personas, para robustecer los instrumentos jurídicos que beneficien a las víctimas, no sólo porque es una demanda de la sociedad, sino porque es una necesidad para Jueces y Ministerios Públicos para determinar las condiciones bajo las cuales se constituya el Fondo de Protección y Asistencia a las víctimas; para precisar la forma en que debe integrarse la Comisión Intersecretarial; para definir los requerimientos mínimos de una base de datos de las víctimas, entre otros mecanismos que mandata la Ley General.
El trabajo de la Comisión no sólo se ha concretado con legisladores federales y locales. Además de la Conferencia Nacional, ha convocado a organizaciones civiles que han trabajado por más de 30 años en este tema, y a los responsables de las Instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, con el objeto de que le aporten elementos para reformar y fortalecer el marco jurídico existente.
Existe coincidencia en la deficiencia de la ley, por lo que hay que hacerla más operativa para que ataque de manera frontal a aquellos que han hecho del delito de la trata “tanto autoridades coludidas como delincuentes” un problema de difícil persecución; y para que atienda a las víctimas y contribuya a erradicar el delito.
Demanda común es la urgencia por armonizar, en el menor tiempo posible, la Ley General en la materia con la de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, y luego empatarla con la recién aprobada Ley General de Víctimas, dada la evidente falta de coordinación entre autoridades, niveles de gobierno e instancias encargadas de aplicar la ley.
Es urgente incorporar la imprescriptibilidad de todos y cada uno de los delitos contemplados en la Ley General, para evitar impunidad de los actores o complicidad, así como establecer que el tipo penal de la Trata de Personas tiene un medio comisivo. Es fundamental crear un modelo de atención que sea aplicado de forma unificada, así como un protocolo único de actuación en los operativos y un programa de capacitación de los servidores públicos responsables.
En el Senado de la República hay un interés genuino para discutir y trabajar, de manera coordinada, en la búsqueda de soluciones a este grave problema, más allá de colores e ideologías. Hay que hacer que la ley sea pronta y expedita. Es esencial trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, con los responsables de investigar y sancionar estos delitos, para dar resultados eficientes. Hay que conjuntar esfuerzos para impulsar reformas legales que fortalezcan nuestros instrumentos jurídicos y cuenten con el consenso y la legitimidad social en todos y cada uno de los rincones del país.
Ciudadanos, autoridades de los diferentes niveles de gobierno, legisladores y organizaciones civiles tenemos que unir fuerzas en la solución de este problema. Estoy convencida que para lograr la transformación social no sólo se requieren leyes, sino que hay que iniciar con una reforma personal que, necesariamente, transite por el entendimiento de la responsabilidad con el prójimo. Hay que promover una reforma moral que tenga impacto cultural e inhiba este dolor evitable.•
