La discriminación implica dar un trato diferenciado, generalmente negativo, contra una persona o grupo de población, cuyo efecto es la negación, limitación o incumplimiento parcial de alguno o varios derechos. Ese trato diferenciado puede tener efectos de extrema gravedad, que pueden llevar incluso a la muerte de las personas, cuando lo que se niega es, por ejemplo, el acceso a la salud en razón del género, la pertenencia étnica, la edad, etcétera.
En nuestro país, gracias a la reforma del año 2001 al artículo 1º constitucional, la prohibición toda forma de discriminación quedó plasmada en nuestra carta magna.
Adicionalmente, el mandato constitucional sigue pendiente de cumplirse y a pesar de los avances institucionales. México sigue enfrentando el enorme reto de incorporar a la perspectiva de la no discriminación como un criterio transversal en todas las estrategias y objetivos de la acción pública.
Además, la discriminación en nuestro país continúa siendo uno de los peores atavismos culturales, de modo que en la actualidad una de cada cinco personas mayores de 18 años declara haber sido discriminada en los últimos 12 meses.
Así lo evidencia la ENADIS, 2017, según la cual la prevalencia de la discriminación por alguna característica o condición personal en México es de 20.2% de la población mayor de 18 años.
Destaca que, de acuerdo con esta encuesta el grupo de las personas con discapacidad es el que percibe mayor discriminación en los distintos ámbitos sociales.
Asimismo, este instrumento revela que “los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas, están los servicios médicos, la calle o transporte público, y la familia, mientras que las personas de la diversidad religiosa, las personas mayores, los adolescentes y jóvenes, y las mujeres declararon principalmente la calle o transporte público, el trabajo o escuela y la familia”.
Sin duda, el Estado mexicano tiene mucho camino por recorrer para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional en la materia. Por ello, es imprescindible que el gobierno federal oriente sus políticas públicas al fomento de una sociedad más igualitaria y libre de discriminación.
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