El incremento al salario mínimo no será suficiente

Una de las medidas de política económica más destacadas que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador es el incremento en el monto del salario mínimo. Se trata de una medida que ha logrado una recuperación cercana al 30% respecto del valor que tenía en el año 2000; y de continuar con la tasa de inflación cercana al 3%, en el año 2021, la recuperación del calor real del salario mínimo respecto a hace dos décadas será prácticamente del 50%.

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La medida es relevante, sobre todo para los deciles de ingresos laborales más bajos. Sin embargo, aunque es una medida necesaria, no será suficiente si no se corrigen otros problemas estructurales de nuestra economía que, si bien se han mantenido durante varias décadas, en esta administración no se han logrado revertir.

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El primero de ellos es la generación insuficiente de empleos; situación que se ha agravado debido a los duros efectos económicos que ha tenido la pandemia; en efecto, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre del tercer trimestre del 2020 había 2.76 millones de personas desocupadas, una de las cifras más elevadas en las últimas décadas.

Asimismo, el INEGI da cuenta de que al terminar el mes de septiembre, había en el país 3.12 millones de personas que laboraban, pero que no percibían ingresos por las actividades desempeñadas; 11.99 millones percibían ingresos por hasta un salario mínimo o menos; 17.026 millones ganaban entre uno y dos salarios mínimos mensuales; 7.68 millones percibían de dos a tres salarios mínimos; 3.3 millones ganaban de tres a cinco salarios mínimos y únicamente 1.35 millones obtenían 5 salarios mínimos o más.

Lo anterior quiere decir que, con una población económicamente activa ocupada de 51.01 millones de personas, sólo el 2.64% de quienes tienen un empleo formal remunerado obtienen cinco o más salarios mínimos al mes; y que, en contraste, 6.23% no recibía ingresos; mientras que el 23.32% de quienes trabajan tenían ingresos por debajo de un salario mínimo.

Con base en estos datos, es preciso decir que el impacto en el costo del trabajo, como han querido argumentar los empresarios, no es realmente relevante y que, en sentido estricto, puede considerarse marginal y en videncia, muy lejos de tener la posibilidad de provocar impactos inflacionarios.

Si esto es así, ¿por qué entonces se afirma que este incremento al salario mínimo no será suficiente? En primer lugar, por el ya señalado problema enorme de desocupación que tenemos en el país. Si tenemos 2.76 millones de personas en esa situación, para llegar a la meta sexenal planteada por el presidente de avanzar hacia una economía de pleno empleo, tendrían que generarse al menos 1.6 millones de empleos anuales, considerando el incremento que tendrá la población económicamente activa en los próximos años.

En segundo lugar, se encuentra el hecho de que la actual administración no cuenta con una política eficaz para reducir la informalidad laboral. Los datos del INEGI nuevamente permiten dimensionar la magnitud de este problema: 11.76 millones de personas que “trabajan por cuenta propia”, la mayoría de ellas en condiciones precarias.

Por otro lado, el indicador de trabajo informal en el tercer trimestre de este año asciende a 13.69 millones de personas, a quienes deben sumarse los 1.9 millones de personas que realizan trabajo doméstico remunerado, así como 1.71 millones de personas que desarrollan actividades de agricultura de subsistencia, es decir, una población que vive cotidianamente al borde del hambre.

De acuerdo con el propio INEGI, el sector informal de la economía genera el 22.7% del PIB nacional, es decir, de cada 100 pesos, prácticamente 23 pesos de cada 100 que se generan en el país son producidos en el sector informal por el 51.27% de las personas ocupadas que se encuentran o en la informalidad o en condiciones de informalidad, es decir, aún con empleo fijo, no cuentan con prestaciones ni acceso a la seguridad social.

Desde esta perspectiva, ese es el tercer gran obstáculo que se enfrenta para tener una economía nacional vigorosa: la vinculación de la seguridad social al empleo formal; frente a lo que, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que es urgente contar con un robusto sistema de salud de cobertura universal, gratuito, de calidad y con servicios oportunos.

Para lograrlo, se ha dicho en múltiples ocasiones, se requiere de una nueva estructura fiscal del Estado mexicano; disponer de más recursos a través de un esquema progresivo, que permita instrumentar una nueva política de industrialización sostenible, avanzando hacia una transición energética que reduzca nuestra huella ecológica y permita igualmente diseñar nuevas políticas para revertir los efectos del cambio climático y la acelerada pérdida de biodiversidad.

Reforma fiscal, formalización de la economía, un nuevo sistema de salud universal y gratuito, y una nueva política de industrialización, serían pues la base para un nuevo curso de desarrollo, que permita avanzar hacia la superación de la pobreza, pero también hacia la reducción de las groseras condiciones de desigualdad que prevalecen en todo el territorio nacional.

Es preciso que en la Presidencia de la República se revisen las prioridades de inversión; que se asuma que el contexto es muy distinto al de hace dos años; y que si algo tenemos enfrente para los próximos años es nada menos que la incertidumbre como normalidad presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Todos los análisis serios indican que México estará en ruta hacia la vacunación universal frente al virus del SARS-COV-2 hasta finales del 2021, en el mejor escenario; lo cual implica que la recuperación económica, ante eventuales rebrotes como el que estamos teniendo, podría ser mucho más lenta que los cálculos optimistas de la Presidencia.

La CEPAL ha actualizado su pronóstico de crecimiento para el 2021 para México: lo ubica en alrededor de 3.8%; lo cual estará muy lejos de recuperar la caída de más de 9% que tendrá la economía como saldo final para este 2020. Crecer a ese ritmo, implicará, si acaso, crear alrededor de 650 mil o 750 mil empleos; cifra muy lejana a la ya señalada como imprescindible de 1.6 millones que se necesitarían para avanzar hacia el pleno empleo en el país.

El panorama está lleno de nubarrones; y por eso es preciso insistir: a México le urge un nuevo curso de desarrollo, y le urge ya.

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Investigador del PUED-UNAM