El INE no se toca

La reforma electoral presentada por el presidente López Obrador es regresiva por varios aspectos, pero lo más emblemático es la pretensión de querer someter a votación popular a los árbitros de la democracia, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior de Justicia Electoral. Pero no solo eso, sino que quiere que los candidatos a consejeros y magistrados sean propuestos por cada uno de los órganos del poder político: Presidente de la República, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Escrito por:  Ruth Zavaleta Salgado

Es absurdo y tramposo el mecanismo por muchas razones. La primera y más lógica es que el árbitro es eso, alguien que garantiza imparcialidad, que genera confianza, que genera legitimidad en el caso de las elecciones,  no un competidor de poder político, sino una garantía de que quien gana el poder político lo hizo conforme a la decisión de los ciudadanos con  plena libertad. En segundo lugar, después de ser tan explicita la forma en que algunos competidores políticos como el propio presidente, utilizan recursos de misteriosa procedencia (ahí están las imágenes de su hermano Pío López Obrador, recibiendo sobres amarillitos que él mismo confesó dijo que tenían dinero) y sin ser parte de la rendición de cuentas ante el INE cuando compiten por el poder político:  ¿Quién nos va a garantizar que no se haga uso de las mismas mañas para imponer a los nuevos integrantes del INE? En tercer lugar, vale preguntarse: ¿a qué viene la pretensión de cambiar el modelo electoral mediante el cual elegimos a los gobernantes? Si el mismo presidente y su partido se han hecho de la mayoría de los espacios de poder con la actual forma de trabajar de las instituciones árbitro.

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Hay algo más profundo atrás de la intención de cambiar el mecanismo de la conformación de los órganos árbitro. No es sólo imponer a los árbitros, sino desaparecer las virtudes de lo que se ha construido a lo largo de varias décadas por miles de ciudadanos que estuvieron dispuestos a dar su vida para transformar el régimen autoritario por un régimen democrático. Es decir, cambiar la narrativa y reconstruir un modelo que permita el Lopezobradorato.

El reto de quienes participamos directamente en esos procesos de lucha para lograr el transito democrático es poder trasmitirles esta información a las nuevas generaciones de jóvenes que nacieron en un régimen político de representación política plural y en donde hoy puede ganar Morena o cualquier otro partido, pero mañana no. Transmitirles que lo que logramos es la libertad de poder salir a la calle a protestar, si algo nos parece injusto, sin correr el riesgo de ser reprimidos por los militares; de asociarnos para conformar un partido, una organización social, o lanzarnos como candidatos independientes sin ser calificados como enemigos del régimen; la libertad de votar por quien se nos dé la gana sin ser presionados con la amenaza de perder la beca o el apoyo económico por ser parte de un grupo vulnerable; ; la libertad de ser joven y disentir hasta de forma radical (como lo hacen las jóvenes que protestan por los feminicidios), sin ser perseguido como enemigo público; la libertad de expresar nuestras ideas, incluso dentro del mismo partido donde se milita sin ser grabado o filmado ilegalmente para denostarnos.

A lo largo de los siglos, la historia política es prolija en la cita de guerras y rebeliones que han surgido por la lucha por la libertad  de los ciudadanos, en México lo fueron la Guerra de Independencia de 1810 para convertirnos en una Nación libre y soberana y la Revolución mexicana que inició en 1910; pero también: el movimiento estudiantil de 1968; las rebeliones de los grupos subversivos en diferentes regiones del país a finales de la década de los años 60s y principios de los 70s.;  y los grandes movimientos sociales de 1985 después de los sismos; estudiantiles y sindicales de 1986; y, sobre todo, el gran movimiento político de 1988 encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Heberto Castillo cuya conclusión culminó con la unidad de las diferentes Izquierdas mexicanas y la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con las reformas políticas de la década de los 90s.

Esas reformas fueron el parteaguas de un régimen que transitó del reconocimiento de derechos políticos formales a derechos políticos sustanciales, es decir, de lo que decía la Constitución a lo que sucedía en la realidad. Fue la creación del INE (en ese entonces IFE) y la vigilancia ciudadanizada de las elecciones lo que nos permitió lograr que se iniciara el periodo de alternancia en la presidencia de la República (2000), en los gobiernos estatales y también en los municipales; pero también, de la conformación de un Congreso de la Unión y de Congresos locales plurales que se traducen en la construcción de nuevas agendas legislativas para mejorar la vida de los todos y todas las ciudadanas,  sobre todo para garantizar los derechos de las minorías del país. Como ejemplo de esto, tan solo citemos lo que pasó la semana pasada: en las 32 entidades de la federación ya se aprobaron los matrimonios igualitarios y en 11 ya se despenalizó el aborto.

¿Por qué estos temas no se han debatido y aprobado desde el ámbito federal? Porque gobierna un presidente  con una visión conservadora y autoritaria y un Partido mayoritario que se somete a su voluntad y que excluye y expulsa a sus propios detractores internos con prácticas ilegales como las que le aplican al Senador Ricardo Monreal, pero antes al diputado federal y actual presidente del PRI Alejandro Moreno. Estos son dos ejemplos emblemáticos de la forma autoritaria de actuar del presidente López Obrador, pero son también un ejemplo de lo que puede venir si logran su reforma electoral para someter al INE. Por la democracia progresista (como dice el Ing. Cárdenas), digamos: ¡NO a la reforma electoral  regresiva de los conservadores! Nos vemos el 13 de noviembre en el Ángel de la Independencia.

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