La Dra. Graciela Márquez confirmó, a través de sus redes sociales, que a partir del mes de enero del 2022, previa ratificación del Senado de la República, ocupará la presidencia de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una de las instituciones más relevantes del Estado mexicano. Será, hay que subrayarlo, la primera mujer en ocupar este cargo.
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Debe reconocerse el trabajo que ha realizado en ese encargo Julio Santaella y todo su equipo de trabajo, pues lograron consolidar varios procesos de generación de estadística de interés nacional, y sobre todo consiguieron lo que en otros países no pudo lograrse: tener un censo nacional de población y vivienda en la pandemia, y no detener en el periodo de confinamiento la producción de las estadísticas que requiere el país para la toma de decisiones tanto públicas como privadas.
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Debe recordarse que el INEGI es un organismo constitucional autónomo del Estado mexicano, cuya base jurídica se encuentra en el artículo 26 de nuestra Carta Magna; y en la cual se establece, debe insistirse una y otra vez en ello, que la información que genera tiene carácter de “oficial”, por lo que todas las entidades de la administración pública federal, de las estatales y municipales, están obligados a plantear, presupuestar y ejecutar acciones y programas, con base primordialmente en los datos que genera este organismo.
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La autonomía constitucional del INEGI
Hay que mencionar además, que la Ley que regula al artículo 26 establece la existencia de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en cuya integración participan los tres Poderes de la Unión, gobiernos estatales y municipales, así como expertas y expertos que contribuyen a definir cuál es la información de interés nacional, y por lo tanto, cuál es la información que debe formar parte del Catálogo Nacional de Indicadores.
El INEGI tiene además, entre otras, dos funciones centrales y que son determinantes para el desarrollo nacional y el buen funcionamiento de la economía: la medición de la inflación, por un lado, y por el otro, la estimación del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual se utiliza para el cálculo de miles de distintos tipos de operaciones y determinaciones económicas en el país.
Por todo lo anterior, el reto que tendrá la nueva presidenta del INEGI es formidable; porque en primer lugar, enfrentará un escenario de severas restricciones económicas, y deberá formular, en los siguientes cinco meses, el proyecto de presupuesto para convencer al Congreso que no recorte más los recursos asignados al Instituto, y que al contrario, asigne lo necesario para la generación de los datos que el país requiere para funcionar adecuadamente.
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Los retos que vienen
Deberá, asimismo, asumir la titánica tarea de potenciar las capacidades del INEGI para lograr que los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, pero sobre todo, en la Presidencia de la República, se interiorice la responsabilidad de utilizar la información oficial para la toma de decisiones y zanjar la posibilidad de que se continúe presentando públicamente que hay “otros datos”, distintos a los oficiales y con base en los cuales se están tomando decisiones de enorme trascendencia, como en el caso del llamado “Censo del bienestar”, el cual jamás se ha dado a conocer públicamente.
Otro de los retos que tendrá la nueva presidencia del INEGI se encuentra en el fortalecimiento de la información que se genera a través de su sistema de encuestas, y más aún, a través de los registros administrativos. Ambos de suma relevancia porque a partir de sus estimaciones deben tomarse decisiones de enorme sensibilidad para el país: mortalidad, natalidad, migración, nupcialidad, son sólo algunos de los temas que son de enorme trascendencia para el país.
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Lo son igualmente los indicadores de seguridad pública, éstos sí de carácter oficial, y que se encuentran en las estadísticas de procuración de justicia, en los censos que genera el Instituto, y en varias encuestas cuyos resultados fueron incluso incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo como indicadores para la medición del impacto en materias clave como la seguridad pública.
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El prestigio que debe cuidarse
No debe dejar de recordarse que el INEGI ha sido reconocido reiteradamente como uno de los mejores institutos a nivel mundial, y que es uno de los organismos generadores de estadísticas de la mayor confiabilidad y apegados a las mejores prácticas internacionales, cuestión clave en otros ámbitos, como la integración de las cuentas nacionales, las cuales ofrecen certidumbre para la toma de decisiones de inversión extranjera directa en nuestro país y deberían marcar el rumbo para la toma de decisiones de inversión productiva del Estado, por citar solo un caso.
Otra de las fortalezas que tiene el INEGI es la política de datos abiertos y de máxima publicidad, que son mandato de ley, y que han caracterizado al Instituto; uno de los que en mayor medida cumplen a nivel internacional, con la responsabilidad de tener un calendario de difusión de información, el cual le permite a las y los usuarios de información, tener certeza de cuándo se tendrán nuevos insumos de datos e información para actualizar sus procesos de planeación y de decisión.
En ese sentido, si algo deberá fortalecer el Instituto es la confianza de la ciudadanía, sobre todo en sus procesos de recolección de datos e información; y en el manejo serio y responsable de los mismos, a fin de garantizar que haya confianza y que las personas signa dispuestas a proporcionar datos al Instituto.
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Lo deseable para el INEGI
Graciela Márquez tiene una trayectoria académica y en la administración pública, y cuenta con la confianza del Presidente. Por ello, lo esperable es un compromiso institucional mayor que, en estos tiempos es indispensable, sobre todo ante un Poder Ejecutivo que abiertamente se ha manifestado en contra de la autonomía de los organismos de Estado mexicano.
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La duración del cargo de la presidencia del INEGI es de seis años y no son coincidentes con los de la Presidencia de la República; este diseño institucional se estableció así para evitar, en la medida de lo posible, que el Instituto esté al servicio del Estado mexicano, antes que al del gobierno en turno. Hasta ahora, ha permitido que los presidentes previos hayan desempeñado su trabajo, no sin presiones, pero con la capacidad de tomar decisiones acompañados de una Junta de Gobierno que ha tenido solidez.
Por ello, si algo es deseable, es que la nueva gestión del INEGI -hay que insistir, encabezada por primera vez por una mujer-, continúe fortaleciendo a una de las instituciones más relevantes, más profesionales y con mayores capacidades del Estado.
