El pasado 1º de Septiembre, en cumplimiento del mandato constitucional, el Jefe del Estado mexicano presentó al Congreso de la Unión el Informe que guarda el desarrollo en el país. Se trata de uno de los documentos más relevantes de control del gobierno que, en un régimen presidencialista como el nuestro, debería servir de punto de partida al debate y discusión con las Cámaras de Diputados y Senadores.
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Desde esta perspectiva, el mensaje que pronunció públicamente el Presidente no pasa de ser uno más, que quedará para el anecdotario nacional, quizá destacándose la frase más desproporcionada y grandilocuente que se pudo haber pronunciado: “en el peor momento, tenemos al mejor gobierno”.
Por ello, el informe real, el que sí importa, es el que se entregó de forma documental, en manos de la Secretaria de Gobernación, a la representación popular -se supone que eso es- en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
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Si se contrasta lo que está por escrito, respecto de lo que el Ejecutivo Federal dijo verbalmente, hay una diferencia abismal. De hecho, no hay un solo indicador relevante que pueda destacarse como logro de la presente administración, en prácticamente ningún sector del gobierno.
El recorrido temático del informe es amplio, y ya se trate de inversión para la infraestructura social, mortalidad infantil, matrícula escolar, combate a la pobreza, y la larga lista de tópicos que están ahí, en todos hay severos estancamientos, y en algunos rubros, de hecho, francos y preocupantes retrocesos.
Por eso preocupa doblemente la conversación filtrada en la que se escucha al Secretario de Hacienda pedirle a las y los diputados de Morena, una actitud “comprensiva y solidaria” respecto de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Lo que ese llamado significa, en cualquier caso, es que habrá menos recursos para el desarrollo; que habrá menos inversión en educación y salud; que la inversión productiva del Estado seguirá cayendo, y que no habrá un centavo adicional para atender las urgencias que continuarán frente a la emergencia sanitaria y la crisis económica que se le asocia.
Inquieta que la glosa del Informe se convierta en una mera pasarela de vanidades, en la que lo relevante sea destacar a figuras, desde ahora “presidenciables”, o a las que se busque fortalecer rumbo a la elección de la dirigencia nacional de Morena; y que aquello se convierta en un vulgar espectáculo de porras y matracas.
Lo exigible al Legislativo es una actitud crítica; con la altura de miras que la circunstancia apremia; y con la capacidad de responder a la medida de las circunstancias más críticas que probablemente habrá de enfrentar nuestra generación.
Para los partidos de oposición, pero, sobre todo, para los aliados al régimen, es exigible una lectura crítica del informe que sí importa; una revisión inteligente de los indicadores clave; y con base en ello, la reformulación de las prioridades del paquete económico; pues de otra manera, simplemente el Congreso fungirá, como en las peores épocas del presidencialismo autoritario, en una mera oficialía de partes en que se da turno y trámite a las instrucciones del Ejecutivo Federal.
Hay rubros en los que los recortes presupuestales o los retrocesos en los indicadores son inaceptables; por ejemplo, la reducción del presupuesto a la cultura; la reducción en el número de guarderías y niñas y niños atendidos en ellas; la drástica reducción en el número de mujeres atendidas por violencia intrafamiliar; la disminución del número de consultas de especialidad; la drástica caída en el número y recursos destinados a la población vulnerable a través de la asistencia social; el incremento en el número y tasa de defunciones por enfermedades causadas por los determinantes sociales de la salud, y muchas otras calamidades.
El informe real, el que sí importa, nos muestra condiciones dramáticas que contrastan con el optimismo y lo ambicioso de las promesas y propuestas de campaña; de las cuales, al ritmo que vamos, no se alcanzará ninguna.
Investigador del PUED-UNAM
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