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El informe y el conflicto

La oposición al presidente López Obrador no deja de cometer errores elementales. La reunión que sostuvieron algunos legisladores de Acción Nacional con representantes del partido de ultraderecha Vox, que ha sido particularmente agresivo con el presidente de México, refuerza la tesis del Ejecutivo respecto de que existe una conjura ultraconservadora en el país que amenaza a su proyecto y su idea de transformación.

Puedes seguir al autor Mario Luis Fuentes en Twitter  @MarioLFuentes1

En esa lógica, la frase del mensaje de su tercer informe de gobierno, “tengan para que aprendan” se refuerza entre sus seguidores más radicales y es amplificada frente al despropósito de afirmar que México jamás será un país comunista, cualquier cosa que eso signifique.

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En este contexto, el presidente se mantiene en su tono discursivo, y le da continuidad al tono épico de sus posiciones públicas, en una campaña permanente de defensa de sus ideas y el ataque frontal a todo aquello y aquellos que asume, no piensan como él, pues todas y todos estarían en la misma categoría: la de ser pretendidos enemigos del país y del cambio estructural de México hacia una nación de bienestar generalizado.

En este contexto, lo cierto es que el país pierde la posibilidad de entrar a un proceso virtuoso de diálogo en torno a las cuestiones más relevantes del desarrollo y del cumplimiento de los derechos humanos, particularmente de aquellos grupos históricamente vulnerados, y que durante la pandemia han enfrentado la profundización de las condiciones adversas en que viven, como el caso de las niñas y los niños, ahora más empobrecidos que nunca.

Desde esa perspectiva, hay datos del Anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno, que confrontan el optimismo presidencial, y que permiten poner en tensión la frase de marketing relativa a que se informan “hechos, no palabras”, en un juego retórico que coloca al Ejecutivo en una posición de vulnerabilidad frente a la crítica seria y responsable, que alerta sobre todo lo que aún falta por hacer, además de los retrocesos inaceptables para cualquier gobierno, y más para uno que se afirma como socialmente progresista.

Por ejemplo, resulta más que preocupante la caída en las tasas de vacunación con esquema completo de niñas y niños menores de un año, la cual se ubica en su nivel más bajo en las últimas dos décadas, al hacer caído de promedios por arriba del 94% en el periodo 2000-2018, y la cual cayó a 83.6% en 2019; a 81.3% en el 2020 y a 77.7% en el 2021. La cuestión es preocupante por los posibles efectos presentes y futuros para millones de niñas y niños, que pueden ver comprometida su salud y su vida por la privación de su derecho a recibir vacunas del esquema básico para su edad.

Lo anterior es doblemente preocupante, porque la tasa de mortalidad infantil estimada para el 2021, registra igualmente un retroceso de ocho años, al ubicarse en 14.4 decesos por cada mil nacidos vivos, cifra similar a la registrada para el año 2013. Al respecto es importante decir que entre 2014 y 2019, el indicador presentó un estancamiento inaceptable, pues nunca logró llegarse a niveles por debajo de 13 casos por cada mil nacidos vivos.

Frente a este tipo de temas, el silencio del gobierno de la República y su inacción es mayor; pero también lo es el de las oposiciones, las cuales, más allá de la crítica superficial, no han construido una propuesta integral de reforma al sector salud, que vaya mucho más allá de lo que se tenía antes de la llegada de este gobierno, y que articule un consenso político y social legítimo y creíble, sobre cómo transitar de una vez por todas a un país con un sistema de cobertura universal a lo largo de la vida de las personas.

Se encuentra igualmente el caso de la caída del porcentaje de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 24 a 64 años, el cual tuvo un retroceso de dos décadas, al ubicarse en el mismo nivel en el año 2021, que el que se tenía en el país en el año 2000, con un porcentaje de tan solo 10.9%.

Asimismo, es sorprendente el nivel de caída en el número de mujeres víctimas de violencia familiar severa, atendidas por el sector público, pues de un número de 275,413 registrado en 2019, se pasó a 185,696 en el 2020, y a sólo 102,720 en el periodo de enero a junio de este 2021.

Por su parte, el año 2020 registró la razón de mortalidad materna más alta de los últimos ocho años, al regresar a los niveles que tenía en el 2012, con un indicador de 44.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos. 

En un país de enorme violencia contra las mujeres y de incumplimiento generalizado de un amplio número de sus derechos, este tipo de indicadores refuerzan las condiciones estructurales de desigualdad, y generan nuevos obstáculos para la construcción de un país auténticamente incluyente como lo establece, por ejemplo, la Ley General de Igualdad.

Avanzar hacia la resolución de estos y otros problemas igualmente graves y profundizados por la pandemia, requiere de un enorme esfuerzo presupuestal del Estado mexicano; de un nuevo conjunto de estrategias y de políticas públicas que muevan a toda la República hacia la consecución de objetivos y metas comunes; pero eso requiere como condición previa un diálogo abierto y un liderazgo que se concentra en convencer a los estados de la República y los municipios, a dedicar su energía y recursos disponibles en estas agendas.

Por ello sorprende que, rumbo a la segunda mitad de su mandato, el presidente de la República continúe polarizando; y, sobre todo, confrontando visiones distintas a la suya que, a la luz de los resultados que se tienen, consignados en su propio informe, deberían ser escuchadas con la seriedad que se requiere y reconocer que es mucho más lo que puede lograrse, porque incluso ello abonaría a la consolidación de su idea transformadora del país.

Reconocer que no se tienen buenos resultados en la gestión pública es parte central del privilegio y responsabilidad de gobernar. Y es una de las potestades mayores del Ejecutivo: corregir y recomponer el rumbo.

El poder democrático de la presidencia es hoy uno de los más patentes. Y por ello urge que el Ejecutivo aproveche su alta popularidad y aprobación ciudadana, para convocar a la nación a redoblar los esfuerzos y avanzar rápidamente a la corrección de los errores que han provocado las graves caídas que aquí se muestran solo a manera de ejemplo, pero que son mucho más y más profundas en la realidad.

No hay tiempo. Los efectos de la pandemia seguirán golpeándonos en los siguientes meses y años. La realidad se complejiza cada vez más; y lo urgente es cohesionar, pacificar y reconciliar a México.

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