por Mario Luis Fuentes
América Latina es considerada la región más desigual del planeta: únicamente el 37% de la población total de la región se encuentra satisfecho con la democracia (en México es del 19%); únicamente el 47% aprueba a sus gobiernos (en nuestro país lo hace el 35%); el 56% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (en México sólo el 48%); mientras que únicamente el 23% se siente representado por sus Congresos (en México únicamente el 17%).
El diagnóstico que Bernardo Kliksberg -uno de los principales expertos latinoamericanos en la agenda del desarrollo- ha presentado es demoledor: América Latina es una de las regiones del mundo en la que sus estructuras políticas y económicas facilitan y alientan en mayor medida la concentración de la riqueza, así como la pauperización masiva de la población.
En el periodo posterior a la crisis de 2008 los ingresos de los “ultra-ricos” se incrementaron en varios múltiplos, mientras que los ingresos promedio y los ingresos de los más pobres decrecieron de manera significativa.
Un dato permite sintetizar la crisis económica, pero también ética, que implica el modelo de desarrollo vigente: el gasto en lo que el autor denomina como el “Luxury market” asciende a 50 mil millones de dólares anuales, nada menos que una cifra similar a lo que costó el rescate financiero de México en la crisis de 1995.
Para colmo, las estimaciones de Kliksberg muestran que en el año 2020 se espera que el mercado de las mercaderías de lujo llegue a una suma de 90 mil millones de dólares anuales, es decir, un incremento a casi el doble respecto de lo que hoy se tiene registro; sin contar las implicaciones éticas que tales cifras conllevan.
Para poner en contexto esa cifra, basta decir que es equivalente a 1.5 billones de pesos, o bien, la tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación proyectado para el ejercicio fiscal de 2016.
Un resultado: el desencanto con la democracia
El discurso liberal de la década de los 90 en el siglo pasado sostenía que el proceso democratizador para los países latinoamericanos era indispensable para avanzar hacia la construcción de gobiernos que respondieran a las principales demandas ciudadanas y permitieran transitar hacia los niveles de bienestar siempre negados y pospuestos en la región.
A pesar de los avances y del potente crecimiento económico que han logrado algunas economías del subcontinente (Brasil y México, como casos emblemáticos), no se ha conseguido que los beneficios de esta dinámica económica lleguen a todos.
Aunado a lo anterior se encuentran otras agendas como el deterioro ambiental, lo cual limita las capacidades de crecimiento de importantes regiones en diversos países; pero, sobre todo, la agenda de la violencia y la criminalidad, lo cual ha puesto en tensión no sólo la seguridad, sino también, en buena medida, la legitimidad de varios gobiernos.
En consecuencia, América Latina se ha convertido en la región en que también se registra el menor grado de satisfacción con la democracia; en efecto, en Asia el respaldo a los regímenes democráticos es de 70%; en Europa es de 59%; en África se ubica en 4%; mientras que en nuestra región llega a sólo 37%.
En este contexto, México es el país en donde se registra la mayor insatisfacción con la democracia, al registrarse sólo un 19%; el dato es significativo porque, de acuerdo con el CONEVAL, únicamente el 20% de la población mexicana es considerado como no pobre y no vulnerable por carencia de acceso a los derechos sociales.
Un indicador asociado a lo anterior es el relativo al porcentaje de población que prefiere a la democracia frente a otras formas de gobierno, pues sólo el 48% de la ciudadanía piensa en ese sentido, frente a un promedio de 56% para la región.
Un mar de inequidades
En lo general, la desigualdad realmente existente es percibida por amplias mayorías de la población. En la región sólo el 22% de las personas considera que la riqueza se distribuye de manera justa en nuestros países. Ecuador, Bolivia y Nicaragua son los países en donde se registra la mayor proporción, con 49%, 42% y 38%, respectivamente.
En el extremo opuesto, México, Colombia, Paraguay, Brasil y Chile son los países en donde se registran los menores porcentajes de percepción de distribución justa de la riqueza con indicadores de 17%, 14%, 13%, 8% y 5%, respectivamente.
Para el caso mexicano es importante anotar que entre los años de 2013 y 2015 se registra una disminución en el porcentaje de personas que creen que la riqueza se distribuye de manera equitativa, pues el indicador bajó del 19% al 17% arriba señalado.
Corrupción y transparencia: dos agendas pendientes
De acuerdo con el Latinobarómetro, hay una muy alta percepción regional de gobiernos poco transparentes y que no rinden cuentas. En promedio, el 36% de la población latinoamericana piensa que sus gobiernos son transparentes, mientras que el 21% sabe de actos de corrupción.
En México hay indicadores muy bajos: el 28% sabe de actos de corrupción, mientras que únicamente el 26% considera que hay transparencia en el ámbito gubernamental. En ese sentido, únicamente el 22% de la población mexicana considera que ha habido progresos en el combate a la corrupción en los últimos dos años.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 13- Octubre- 2015, p.26
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