Entre el último “informe a la nación” que emitió el presidente de la República, y el que constitucionalmente debe rendir ante el Congreso de la Unión este 1º de septiembre, habrá muy pocas cosas positivas que añadir a las presentadas con anterioridad en el nuevo mensaje del Presidente.
Por Mario Luis Fuentes. Síguelo en Twitter en: @MarioLFuentes1
De hecho, las calamidades se han acumulado aceleradamente: al menos 60,100 personas víctimas de homicidio doloso del 1º de diciembre de 2018 al 27 de agosto de este año (una cifra preliminar de 95 víctimas por día); 63,819 fallecimientos confirmados por COVID-19; y una dramática caída del 10% de la economía nacional en el primer semestre del 2020, cifra que se traduce en al menos 30 millones de personas que han caído en pobreza por ingresos.
En toda crisis, pero todavía más en una de esta magnitud, lo exigible a un gobierno no es que gaste menos, sino que gaste más y mejor para atender a los más pobres. Desde esta perspectiva, la austeridad no significa tener al recorte del gasto como un objetivo en sí mismo, sino como un instrumento que permita reasignaciones inteligentes con base en el establecimiento de prioridades a favor de los que menos tienen.
Frente al Segundo Informe de Gobierno
Lo anterior no está ocurriendo. De hecho, el mensaje que muchos esperaban para el II Informe de Gobierno, lo dio de manera anticipada, pero en un sentido muy distinto al deseado; y lo hizo en voz del Secretario de Hacienda, quien de manera lapidaria ha afirmado que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 será significativamente menor al de 2020; y que podría ser de un monto similar al de hace dos o tres años.
Dado que el crecimiento demográfico no se ha detenido, lo que veremos es un mucho menor gasto per capita, en términos reales, en todos los sectores que forman parte de la política social: menos gasto en educación por estudiante, menos gasto en salud, menos en alimentación y así en todo el sector público.
Después de casi dos años de mandato constitucional, se han esfumado varias de las promesas de campaña: crecimiento anual del 4% del PIB; generación de 2 millones de empleos por año; recuperación del poder adquisitivo de los salarios, reducción sustantiva de la pobreza y pacificación y reconciliación del país.
La relevancia de combatir la corrupción
En medio de todo esto, la única promesa electoral que el Presidente mantiene vigente -que no es menor- es la lucha contra la corrupción; y ello explica en buena medida todo el esfuerzo por señalar que sí está cumpliendo porque además, debe recordarse que en su diagnóstico de la realidad, son los malos gobiernos y el robo de los recursos públicos lo que se encuentra en la base de todos los problemas nacionales.
La discusión que deberá darse en el Congreso en torno al PEF 2021, más allá del llamado del Secretario Herrera a la “comprensión y solidaridad de las y los diputados con la propuesta del gobierno”, deberá darse de cara a la nación y redefiniendo como prioridad proteger a los más pobres y reactivar la economía para crecer con equidad.
Menos presupuesto significaría que el sistema universal de protección social de la salud no podrá concretarse; que el trabajo infantil crecerá; que los servicios educativos continuarán deteriorándose; que los servicios públicos: agua, drenaje, alumbrado, etc., seguirán siendo de pésima calidad; que el hambre continuará como la inevitable realidad para millones; que nuestros capital natural y biodiversidad seguirán perdiéndose; y que las brechas que nos dividen se profundizarán.
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¿El mensaje es seguir por el mismo rumbo?
El mensaje que el presidente nos envía advierte que no habrá ninguna modificación en los criterios de la política económica; que no hay que esperar las medidas contra cíclicas que se han propuesto y evidenciado como urgentes en distintos foros y diagnósticos -como el del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM-; y que el país seguirá la misma ruta por la que ha transitado en los últimos 21 meses.
Concretar la transformación que el presidente propuso para el país requiere mucho más que atacar frontalmente a la corrupción: implica superar la pobreza, la desigualdad y reconciliar a un territorio tapizado de víctimas; y frente a eso, el mensaje que nos envía señala un rumbo muy distinto al deseable y al que merecemos como nación.
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Vicepresidente del Patronato de la UNAM